La eficacia y la eficiencia del estado del bienestar en la reducción de la desigualdad

La actuación de las AA. PP. jugó un papel importantísimo en esta crisis. En los meses más duros de la pandemia, abril y mayo del pasado año, las prestaciones de paro y, sobre todo, las transferencias realizadas a trabajadores que estaban en ERTE amortiguaron el 80% del incremento de la desigualdad salarial.1 Durante los últimos meses, la crisis generada por la pandemia se ha moderado, pero aun así, entre abril y julio de este año, las transferencias públicas aún compensaban alrededor del 56% del aumento de la desigualdad salarial.

Todo ello ha supuesto un enorme esfuerzo para la Administración pública y no solo en términos monetarios. El incremento masivo de solicitudes de prestaciones ha sido muy difícil de gestionar y, en muchos casos, se han alargado los tiempos de tramitación de los expedientes (véase el primer gráfico).2

Para reducir la desigualdad no solo es necesario un buen sistema de ayudas públicas, la eficiencia con el que se gestiona también es clave. Por ejemplo, si en el mes de noviembre de 2020 la tramitación de los subsidios de desempleo hubiera sido un 5% más ágil en número de días, el índice de Gini se hubiera reducido en 0,2 puntos (véase el segundo gráfico).3,4 O, dicho de otra forma, si en Cataluña y Madrid el nú­­mero de días con el que se tramitaba una prestación de paro hubiera aumentado la mitad entre los meses de octubre y diciembre de 2020, el índice de Gini hubiera aumentado 0,9 puntos menos. Es una cifra elevada, pero cabe tener en cuenta que este efecto se refiere solo al retraso debido al tiempo de procesamiento, puesto que los individuos con derecho a recibir una prestación acaban percibiendo los atrasos. De todas formas, ello ilustra el impacto que puede tener una mayor eficiencia de la Administración pública. Reducir el tiempo de procesamiento de los subsidios de desempleo, por ejemplo, mediante una mayor digitalización de los servicios públicos de empleo, tiene un impacto directo y elevado en el bienestar de las familias.

Un mejor funcionamiento del estado del bienestar también puede tener implicaciones en otros terrenos, como la política. Para muestra un botón: analizamos si la reducción de la desigualdad que propiciaron las transferencias públicas tuvo algún impacto en las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco de julio de 2020. Los resultados no dejan lugar a duda. En aquellas poblaciones en las que el estado del bienestar amortiguó más el aumento de la desigualdad hubo una mayor participación electoral. Concretamente, una reducción de la desigualdad salarial de 1 punto del índice de Gini aumentó la participación electoral en un 0,3%.5 Por otro lado, el voto al partido gobernante estuvo penalizado en aquellas poblaciones donde fue más necesaria la acción del Estado para reducir la desigualdad. Ambos resultados muestran la relación entre la respuesta pública a la crisis y el voto en las elecciones.

En la mayoría de los países desarrollados pasarán años hasta que no conozcan, de forma fiable, el impacto de la crisis en la desigualdad salarial y la efectividad de las medidas tomadas por el sector público. En España, en cambio, ya se sabe que la respuesta pública ha sido importantísima, efectiva y que ha tenido implicaciones en múltiples dimensiones. España puede presumir de ser el primer país a nivel mundial de disponer de este tipo de información. Si, además, se incorpora en la toma de decisiones, la efectividad del sector público puede aumentar mucho más.