Cambios en el Congreso de EE. UU., ¿un enroque hasta las presidenciales?

Con un Congreso dividido, y en un entorno político altamente polarizado, parece difícil que el Gobierno de Joe Biden pueda tirar adelante propuestas alejadas del centro del espectro político. Y no solamente esto, sino que puede haber dificultades para avanzar en medidas básicas como, por ejemplo, el aumento del techo de deuda, la cantidad límite por encima de la cual el Tesoro del país no puede emitir nueva deuda para financiar al Gobierno federal, posiblemente vinculante en el 3T 2023. Si se llega a esa cifra sin que el Congreso incremente el techo o sin que se suspenda la obligatoriedad de cumplimiento, la Administración se verá obligada a cerrar sus puertas (shutdown). No sería la primera vez, y la experiencia del último cierre entre diciembre de 2018 y enero de 2019 sugiere que tendría un evidente impacto negativo en el crecimiento económico y unas reverberaciones financieras nada deseables en estos momentos delicados en los mercados financieros.1 Sin embargo, las experiencias anteriores también muestran que, en ambos partidos, termina imponiéndose una voluntad de evitar estas consecuencias y la situación se desbloquea cuando se obtiene un aumento del techo de deuda a cambio de concesiones en otros aspectos. Asimismo, en caso de que la economía estadounidense entrase en recesión, algo que no es nuestro escenario central, cabría esperar que los dos partidos alcanzaran acuerdos, aunque fuera de mínimos, para atenuar el impacto adverso sobre los hogares y, de paso, guardar la ropa de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Otros aspectos en los que esta división de las cámaras puede afectar son la nominación presidencial de cargos públicos y la supervisión al poder ejecutivo del presidente. Sobre el primero, el control demócrata del Senado seguramente facilitará el trabajo de las nominaciones presidenciales que se deben realizar durante los próximos años, especialmente relevantes en el ámbito judicial. Por otro lado, el control republicano de la Cámara de Representantes, aunque no permitirá al GOP introducir nuevas leyes, podrá ser utilizado para fiscalizar más a la Administración Biden. Pese a que no se espera que esta supervisión paralice lo ya aprobado en las cámaras, sí que podría ralentizar procesos, algo que debería tener un impacto más cosmético que sustancial.

En los casi dos años que lleva en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha estado activo en la puesta en marcha de planes fiscales y de estímulo, aunque el control demócrata de ambas cámaras no fue garantía de un camino llano para aprobarlos, por lo que un congreso dividido supone un cambio más gradual que disruptivo respecto a la situación anterior. Entre los planes más destacados se encuentra el American Rescue Plan, aprobado en el 1T 2021, con el que se destinaron 1,9 billones de dólares (la mayoría desembolsados en 2021) a ayudas para amortiguar el impacto que la pandemia todavía tenía en muchos hogares. La mayoría de medidas incluidas en este paquete eran de gasto directo, como cheques de estímulo para hogares vulnerables o el aumento en las ayudas por desempleo. La puesta en marcha de este programa, sin embargo, fue fuente de muchas críticas por su potencial impacto inflacionista.2

Otro programa relevante presentado por Joe Biden, y aprobado en noviembre de 2021, fue el Infrastructure Investment and Jobs Act, dotado de 1,2 billones de dólares a desembolsar durante los siguientes cinco años en proyectos para mejorar las infraestructuras clásicas (como carreteras, puentes o la red de ferrocarriles), el transporte público y la conexión a internet, con consideraciones medioambientales en la mayoría de inversiones. De estos 1,2 billones, sin embargo, solamente algo menos de la mitad representan nuevo gasto, pues el resto se financiará mediante el uso de otros programas de infraestructuras ya existentes. Tras un año de vigencia del programa, según datos de la Casa Blanca, se han desembolsado ya 185.000 millones de dólares.

Por último, la Administración Biden quiso presentar un plan muy ambicioso para luchar contra el cambio climático. Bajo el nombre de Build Back Better no consiguió el apoyo en el Congreso, pero medio año más tarde, en agosto de 2022, bajo el nombre Inflation Reduction Act, sí. Además del nombre, una diferencia clave entre ambos planes es el hecho de que el primero implicaba un aumento del déficit público para financiar las inversiones, mientras que el segundo incorpora ahorros fiscales y medidas recaudatorias (como la imposición de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades). Así, las inversiones en seguridad energética y ayudas para frenar el cambio climático (como créditos fiscales para financiar la inversión en energías limpias) son menores que los ahorros fiscales y el aumento de la recaudación bajo este plan. En total, la Administración Biden espera invertir durante los próximos 10 años 433.000 millones de dólares y recaudar unos 739.000, lo que supondría un ahorro de más de 300.000 millones de dólares en el déficit público a lo largo de la siguiente década. Con todo, los desembolsos pendientes de todos estos planes podrían estar sujetos a modificaciones en el marco de un Congreso dividido3 y con negociaciones de, por ejemplo, el techo de deuda.

Y es que reducir el déficit público no será positivo solamente por ayudar a moderar las presiones inflacionistas, sino que ayudará a conseguir unas finanzas públicas más sostenibles. Como se puede observar en el último gráfico, EE. UU. mantiene estructuralmente un déficit público que hace que su ratio de deuda sobre el PIB aumente año tras año. Así, según estimaciones del Congressional Budget Office, muy probablemente en la siguiente década esta ratio continuará aumentando y, en un entorno de mayores tipos de interés, el coste para los ciudadanos estadounidenses será mayor.