Medidas económicas para contrarrestar el impacto de la COVID-19 en España
Ante un shock como el que estamos viviendo, temporal y de causa externa, es importante reducir al máximo el contagio a la economía para asegurar que el parón en la actividad y el empleo también sea temporal. Para ello es necesaria una respuesta de las políticas económicas contundente y coordinada, tanto a nivel nacional como a nivel europeo y mundial.
La epidemia de la COVID-19 está afectando de lleno a España: según cifras oficiales, a fecha de 31 de marzo, más de 90.000 personas se han infectado y, desgraciadamente, más de 8.000 han fallecido. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno declaró el estado de alarma el 14 de marzo y decretó, entre otras medidas, la limitación de movimientos de la población y el cierre de escuelas, comercios y otros establecimientos, a excepción de los de primera necesidad. Posteriormente, paralizó toda actividad económica no esencial entre el 30 de marzo y el 11 de abril.
Como se explica detalladamente en la coyuntura «Crisis COVID-19: un shock sin precedentes» en este mismo Informe Mensual, cabe esperar una caída del ritmo de actividad significativa y concentrada en el tiempo, en particular mientras duren las medidas de confinamiento, y un rebote una vez se levanten. Los indicadores de actividad disponibles son muy limitados, pero datos de alta frecuencia como la demanda eléctrica diaria nos muestran que el impacto, a corto plazo, puede ser muy elevado (véase el primer gráfico). En términos del PIB, la contracción para el año 2020 podría situarse alrededor del –3,6% si las medidas de confinamiento y restricción a la actividad se relajan rápidamente en las próximas semanas. Sin embargo, la incertidumbre que rodea esta cifra es muy elevada y depende, en gran medida, del tiempo que deberán mantenerse activas las medidas de contención del virus. Si es necesario prolongarlas más en el tiempo, la corrección sería mayor y la recuperación, más gradual.
Ante esta crisis de salud pública, el ámbito prioritario de actuación pasa por reforzar el sistema sanitario, con el fin de aumentar su capacidad para tratar a los enfermos y encontrar soluciones científicas que hagan frente a la pandemia, ambos ámbitos indispensables para que podamos retomar lo más pronto posible la vida donde la dejamos antes de la llegada de la COVID-19.
Pero ante un shock de esta naturaleza, temporal y de causa externa, también es importante reducir al máximo el contagio a la economía para asegurar que el parón en la actividad y el empleo también sea temporal. Para ello es necesaria una respuesta de las políticas económicas contundente y coordinada, tanto a nivel nacional como a nivel europeo y mundial.1 El objetivo es permitir que la actividad y el empleo se retomen tras el shock de manera rápida, facilitando que no se interrumpa el flujo circular de ingresos de la economía y que continúe circulando el dinero entre los distintos agentes económicos.2
Para ello, el Gobierno español ha presentado una batería de medidas cuyo objetivo es reducir el impacto de la crisis en las familias, los trabajadores y las empresas.3 Las ayudas directas aprobadas hasta el momento ascienden a 21.000 millones de euros (el 1,7% del PIB). Además, se han adoptado otras medidas, como una línea de avales de hasta 100.000 millones y una moratoria para deudores hipotecarios. Para proteger a las familias que se hallan en una situación especialmente vulnerable como consecuencia de esta crisis, el Gobierno ha establecido la garantía de suministros básicos (electricidad, agua, gas y telecomunicaciones).
Para proteger a los trabajadores, se ha facilitado la adaptación de la jornada laboral y el teletrabajo siempre que ello sea posible. Igualmente clave ha sido la flexibilización de los ERTE para que los trabajadores y los autónomos afectados por la crisis puedan mantener un flujo de ingresos y volver rápidamente al empleo una vez superado el periodo de confinamiento. Con este fin, se considera el coronavirus como causa de fuerza mayor y se amplía la cobertura de desempleo por ERTE a todos los trabajadores afectados.
Finalmente, para proteger a las empresas, el Gobierno ha establecido, entre otras medidas, un aplazamiento del pago de impuestos para las pymes, la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por los ERTE y una línea de avales para empresas y autónomos por valor de hasta 100.000 millones de euros con el fin de salvaguardar su liquidez. En el primer tramo de la línea de avales (20.000 millones de euros), el Estado garantizará el 80% del préstamo para las pymes y los autónomos, mientras que, para el resto de las empresas, la garantía pública ascenderá al 70% para los préstamos nuevos y al 60% para las renovaciones.
El conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno español configura una respuesta contundente al impacto económico de la COVID-19 y sienta las bases para que los efectos negativos sobre el empleo y la actividad sean transitorios, y para que esta última repunte una vez controlada la epidemia. El apoyo a todos los sectores afectados de la sociedad es necesario para evitar que un shock de carácter transitorio acabe dejando unas cicatrices persistentes. El objetivo último es salvaguardar, en la medida de lo posible, el bienestar económico de la población y la capacidad productiva.
Cabe destacar la apuesta del Gobierno por favorecer los ERTE y evitar al máximo los despidos (de hecho, el Gobierno decretó como despido no procedente todo el que se debiera al coronavirus, con el consiguiente aumento de los costes). El carácter generalizado de la promoción de medidas de ajuste interno de las plantillas es una novedad en el mercado laboral español, que en otros momentos de crisis pasados se ha inclinado por medidas de flexibilidad externa (por ejemplo, despidos). Esta apuesta por la flexiseguridad es una prueba descomunal para el mercado laboral español de la que seguro que podremos aprender lecciones para crisis futuras. En la actualidad, los trabajadores afectados por un ERTE reciben una prestación por desempleo que corresponde al 70% de la base de cotización durante los seis primeros meses, con un tope mínimo (502 euros) y uno máximo (1.402 euros). Así, el trabajador recibe ingresos mientras dura el ERTE, aunque sean algo inferiores a sus salarios,4 y, sobre todo, mantiene la relación laboral con el empleador para retomar la actividad lo más pronto posible (véase el recuadro sobre el abecé de los ERTE para más detalle).
Estas medidas van de la mano de ayudas específicas para empresas y autónomos (diferimiento de impuestos, bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social y avales públicos), que les proveen de liquidez para evitar la quiebra durante el estado de alarma y que debería permitir que puedan retomar rápidamente la actividad una vez acabada la crisis. Cabe destacar que una contrapartida a las ayudas a las empresas que realizan un ERTE es el mantenimiento de esos puestos de trabajo durante al menos los seis meses posteriores al mismo, lo que da cierta estabilidad laboral a los trabajadores afectados.
El impacto sobre las cuentas públicas será significativo pero manejable, pues las necesarias medidas de estímulo fiscal presionarán al alza este año el déficit y la deuda públicos, que podrían alcanzar en 2020 cotas superiores al 5% y al 105% del PIB, respectivamente, pero que deberían normalizarse tan pronto como se retome la actividad.
Toda esta acción de políticas públicas va dirigida a mitigar los problemas que provocan las medidas de confinamiento. Sin embargo, la elevada incertidumbre que rodea la evolución de la epidemia y el impacto de las medidas tomadas hará necesario modular estas respuestas. El trabajo de las políticas públicas no acaba aquí: la siguiente etapa consistirá en continuar adaptando (y adoptando) medidas para que todos volvamos sanos y salvos y lo más pronto posible al trabajo.5
1. Para más detalle sobre las medidas implementadas en el resto del mundo así como la respuesta de política monetaria y financiera, véanse los Focus así como la coyuntura de economía mundial en este mismo Informe Mensual.
2. Véase Baldwin, R. (2020). «Keeping lights on: economic medicine for a medical shock». VoxEU, https://voxeu.org/article/how-should-we-think-about-containing-covid-19-economic-crisis.
3. Para más detalle de las medidas, véase la Nota Breve «Políticas económicas contra el coronavirus» del 18 de marzo de 2020.
4. Una prestación por desempleo contributiva promedio en 2019 correspondía a alrededor del 50% del salario bruto promedio.
5. Véase Ichino, A. et al. (2020). «Transition steps to stop COVID-19 without killing the world economy». https://voxeu.org/article/transition-steps-stop-covid-19-without-killing-world-economy
