Draghi propone una política industrial europea como motor frente a los retos de las próximas décadas
El informe Draghi sienta las bases de una reindustrialización en Europa, combinando acciones horizontales con un menú de propuestas para 10 sectores estratégicos.
Mario Draghi presentó el pasado 9 de septiembre su esperado informe sobre el futuro de la economía y la competitividad de la UE. Este nuevo ejercicio de propuestas estratégicas para la UE, que complementa el informe Letta sobre el mercado único publicado en mayo, realiza un diagnóstico severo de la situación actual de la economía europea y propone una reorientación productiva que desarrolle la industria necesaria para la transición ecológica y la autonomía estratégica, y cómo movilizar la inversión para conseguir tal extremo. El informe sienta las bases de una reindustrialización en Europa, combinando acciones horizontales con un menú de propuestas para 10 sectores estratégicos.
En cuanto al diagnóstico del problema, el informe expone cómo la brecha del PIB per cápita de la UE frente a EE. UU. se ha ampliado en los últimos años debido a la menor productividad europea –que también se explica por un efecto composición, ya que el sector más productivo en las últimas décadas ha sido el tecnológico, con menor presencia en la UE– y al menor número de horas trabajadas respecto a EE. UU. Además de este peor desempeño económico comparado, la ralentización del comercio de bienes y la reconfiguración de las cadenas de valor hacen vulnerable el actual modelo económico de la UE, muy orientado a la exportación.
El reto para la UE es considerable, ya que, si no es capaz de aumentar su productividad y crecimiento potencial en un contexto de envejecimiento de la población, su modelo social y el bienestar de sus ciudadanos pueden verse comprometidos. Para el informe, una vía clave para superar ese reto es ofrecer oportunidades para desbloquear el gran volumen de ahorro que las familias y el resto de los agentes económicos de la UE han atesorado y canalizarlo hacia una mayor inversión en las actividades más productivas para escapar de la actual situación, descrita como una «trampa de la tecnología intermedia».1
Draghi plantea un giro copernicano de la UE en este proceso: desarrollar una política industrial a nivel europeo. La política industrial, una competencia que recaía hasta ahora en los Estados miembros, debe además convertirse en el eje director de la política económica europea, a la que se deben supeditar tanto la política comercial como la de competencia (dos de los principales ámbitos competenciales de la UE desde la creación del mercado común). Desarrollar una política industrial europea debe facilitar, además, conseguir los dos grandes objetivos de la UE en las próximas décadas: la descarbonización de la economía y una mayor autonomía europea, tanto económica como de seguridad.
- 1. Descrita como una situación de escaso dinamismo industrial, baja innovación, baja inversión y bajo crecimiento de la productividad.
El primer eje de actuación, y vector habilitante de todos los demás, consiste en aumentar la innovación en Europa, facilitando que las ideas que aquí ya están surgiendo no mueran tan a menudo en su camino hacia la comercialización antes de llegar a implementarse (por ineficiencias del mercado único o por falta de financiación). A tal fin, algunas de las medidas que se proponen son mejorar la coordinación entre los Estados miembros de la inversión pública en I+D, adoptar un sistema unitario de patentes o mejorar el acceso a financiación de empresas innovadoras. Para conseguir este último extremo, es importante mejorar el mercado de capitales europeo, como se expone más adelante, para favorecer el desarrollo de entidades más propicias a la financiación de la innovación, como el capital riesgo. En Europa, además, donde la mayoría de la financiación empresarial se hace hasta ahora por la vía bancaria, este sector tiene el hándicap de afrontar una mayor carga regulatoria que sus homólogos estadounidenses, lo que supone no solo un freno adicional a la financiación de la innovación, sino también a su rentabilidad.
En cuanto al segundo gran objetivo, la descarbonización, Draghi sugiere que la UE debe reorientar su apoyo a la fabricación de tecnologías limpias, centrándose en aquellas en las que es líder o en las que es estratégico desarrollar capacidad (como las baterías). Una de las medidas que destacan en este eje de actuación es la necesidad de reducir los precios de la energía para el consumidor final, uno de los lastres que se encuentra la industria europea en perspectiva comparada. Para conseguir esa rebaja, el informe propone un abanico de opciones que van desde una menor fiscalidad hasta una modificación del mecanismo de fijación de precios que permita que el bajo coste de la energía renovable repercuta positivamente en toda la economía. Asimismo, se concreta en este eje otra de las ideas que recorre el informe transversalmente, que es la de conseguir que la UE se apalanque en su gran relevancia económica internacional, que permita y garantice la compra de todo tipo de insumos al mejor precio. En materia energética, esto pasaría por la compra conjunta de gas natural o de crudo, pero también por desarrollar estrategias comunes en casos de emergencia o crisis (como las fuertes subidas de los precios del gas tras la guerra de Rusia contra Ucrania) que eviten diferentes medidas nacionales que puedan distorsionar el mercado único.
El último objetivo y palanca para aumentar la competitividad es conseguir reducir la dependencia del exterior y aumentar la seguridad en un entorno geopolítico tan convulso como el actual. También aquí vuelve a aparecer la idea de la compra conjunta, en este caso de materias primas críticas para la transición ecológica. Por otro lado, desarrollar una política de defensa más autónoma también pasa por un impulso industrial que permita el desarrollo de compañías transeuropeas similares a Airbus, así como una mayor estandarización en los equipos y sistemas de defensa de los Estados miembros.
Para conseguir avanzar en estos tres ejes, serán necesarias dos grandes reformas horizontales. La primera pasa por crear un entorno más propicio a la inversión, tanto pública como privada. Si bien la mayor parte del capital necesario para esta transformación productiva ha de provenir del sector privado, como lo ha hecho tradicionalmente, el sector público tiene que acompañar e incentivar estas inversiones. Una de las propuestas estrella del informe es, de hecho, que esa inversión pública se realice a través de la emisión periódica de activos seguros mancomunados (es decir, unos eurobonos que vengan a prolongar lo ya conseguido con el NGEU) que favorezcan la inversión en proyectos industriales paneuropeos.
El desarrollo de los eurobonos se debería complementar con una unión de los mercados de capitales y una unión bancaria más profundas y completas, así como de un mayor impulso a los sistemas de pensiones. Esto debería desbloquear el gran volumen de ahorro embalsado existente en la UE y permitir que la inversión fluya entre todos los Estados miembros. Además de los eurobonos, otra vía para conseguir tales extremos sería facilitar la titulización de activos bancarios, de modo que las entidades puedan liberar capital y aumenten su capacidad de financiación.
La necesidad de inversión se estima, de acuerdo con los cálculos de la Comisión Europea, en al menos 800.000 millones de euros anuales (un volumen equivalente a casi el 5% del PIB de la UE en 2023; de modo que la inversión llegue a representar en torno al 27% del PIB de la UE, frente al 22% actual), aunque queda por ver si el tejido productivo sería capaz de absorber esta cantidad de fondos. De conseguirse, el informe estima un aumento del PIB del 6% en 15 años (si se compara con un escenario en el que no se realicen las inversiones) con una presión inflacionista limitada y temporal. El informe considera, además, que la elevada inversión pública tendrá un reducido impacto en la sostenibilidad fiscal si se consigue aumentar la productividad.
La segunda gran reforma horizontal es la mejora de la gobernanza europea en diferentes niveles. A nivel presupuestario, el informe propone diseñar un presupuesto más flexible, con mayor capacidad para reasignar gastos, dado su gran recorrido temporal, con menos partidas y una consolidación de prioridades en torno a los objetivos planteados (es decir, reorientado a las necesidades de la política industrial para atajar los tres grandes retos descritos). En otro nivel de carácter más «constitucional», el informe propone agilizar la toma de decisiones con la extensión o generalización del voto por mayoría cualificada frente a la unanimidad en el Consejo de la UE.
Aunque la acogida del informe ha sido positiva por parte de las autoridades europeas, queda por ver su recorrido y capacidad de lidiar con las reticencias que suscitan las propuestas en algunos Estados miembros, en especial las que más tiempo llevan planteándose sin éxito (como los eurobonos o la completitud de la unión bancaria y la del mercado de capitales).
