El reto de la reforma eléctrica en España
El Gobierno español tiene la difícil tarea de llevar a cabo un profundo proceso transformador de la economía que mejore su competitividad y asegure la sostenibilidad de las cuentas públicas. El sector energético no es ajeno a esta doble ecuación. Es imprescindible frenar la escalada del precio de la electricidad registrada durante los últimos años, y que afecta la competitividad de la economía, sin tensionar aún más la frágil sostenibilidad financiera del sector público. Las numerosas medidas adoptadas en los últimos años muestran el esfuerzo que se ha hecho para alcanzar una solución que, sin embargo, parece elusiva.
El precio de la electricidad ha aumentado notablemente durante los últimos años y, según cifras de Eurostat, es de los más elevados de los países de la eurozona. Así, sin tener en cuenta la carga impositiva, el precio de la electricidad pagado por las empresas españolas en el primer semestre de 2013 se encontraba un 25,3% por encima del promedio del resto de la eurozona. Esta diferencia ascendía hasta el 28,3% en el caso de los hogares. Sin embargo, este tipo de estadísticas deben ser tomadas con mucha cautela ya que los precios finales dentro de cada país pueden variar mucho según el tipo de tarifa. Entre países, también pueden variar en función de cómo cada uno aplica la política industrial y social, ya sea vía medidas en los presupuestos generales o, directamente, en la factura final.
En cualquier caso, la estructura actual de ingresos y costes sigue suponiendo un lastre para las cuentas públicas. Los ingresos que las empresas obtienen de la parte de la tarifa regulada no son suficientes para cubrir los costes regulados del sistema. La diferencia, de la que se hace cargo el sector público, ha generado una deuda que, en mayo de 2013, ya alcanzaba los 26.060 millones de euros (el 2,5% del PIB). Esto es lo que se conoce como déficit de tarifa.
La necesidad de llevar a cabo una reforma del sistema era, por tanto, evidente. La principal línea de actuación para intentar contener el déficit de tarifa se centró en la reducción de los costes. Las primeras actuaciones del Gobierno se centraron en contener el aumento de la parte regulada de la tarifa eléctrica. Esta contiene aquellos costes que no están directamente relacionados con la generación de la energía, como el transporte y la distribución de la electricidad, las políticas para incentivar la inversión en energías renovables, las subvenciones al suministro extrapeninsular, el repago de la deuda acumulada por el déficit de tarifa y el mantenimiento del necesario exceso de capacidad. Según el Gobierno, los costes regulados aumentaron a razón de un 15,7% anual entre 2005 y 2013 (221% acumulado). La generación de energías renovables ha copado buena parte de las medidas de reducción de costes aprobadas en el último año. Los pagos al transporte y distribución de energía eléctrica, así como la retribución a la capacidad, también han sido revisados.
Aunque se espera que estas medidas puedan reducir el déficit que anualmente se produce, parece difícil que consigan logralo de forma completa. Para ello sería necesario avanzar, además, en una combinación de políticas que comporten: (1) el traslado a los presupuestos generales de aquellos conceptos regulados que persiguen objetivos de carácter social y territorial, y (2) la progresiva liberalización del sector, con la reforma del método de fijación de precios finales para aquellos consumidores que pueden acogerse a la tarifa regulada.
En conclusión, una reforma energética definitiva es de gran importancia para el conjunto de la economía española, pero su consecución no se prevé sencilla. Debe garantizar la eliminación del déficit de tarifa y, a su vez, promover un sector eléctrico competitivo y eficiente que contribuya a reducir los costes eléctricos en España.
