Mitigar el riesgo de los desastres naturales para fomentar la estabilidad

Los desastres naturales tienen una doble cara y ninguna de ellas es amable. Por un lado está la más amarga, aquella que es irrecuperable, que no es otra que la pérdida de vidas humanas. Para tener idea de la magnitud de este drama, solo hay que tener presente que entre 1970 y 2010 los desastres naturales se han llevado por delante la vida de 3,3 millones de personas.(1) Por otro lado están las pérdidas materiales, que, aunque costosas, se pueden recuperar en el medio y largo plazo. Para el mismo periodo mencionado, se estima que la naturaleza ha ocasionado daños por un valor de 3,2 billones de dólares (más del 20% del PIB nominal de Estados Unidos).

El impacto económico de un desastre natural, así como el esfuerzo en las posteriores labores de recuperación, difieren de forma sustancial dependiendo de si se ha producido en un país en vías de desarrollo o en un país rico. Por lo general, el impacto en los países emergentes es mucho más negativo. Sin embargo, los países en desarrollo tienen cubiertas mediante algún mecanismo de seguro únicamente el 3% de las pérdidas potenciales, frente al 45% de cobertura en los países más industrializados.

En agosto de 2005, el huracán Katrina azotó la zona sur y el centro de Estados Unidos, produciendo cuantiosos daños en Florida, Luisiana y Misisipi. A pesar de su gravedad, este desastre apenas afectó al crecimiento potencial del país en su conjunto, y en poco tiempo la normalidad se había restituido. Sin duda ello fue posible gracias a los enormes medios de los que dispone Estados Unidos. La cruz la podemos encontrar en muchos países en vías de desarrollo. Por ejemplo, el terremoto registrado en Haití en enero de 2010 provocó enormes daños que adquirieron carácter estructural, cercenando el ya de por sí pobre crecimiento económico y haciendo que el país haya pasado a depender casi exclusivamente de la ayuda humanitaria y financiera proporcionada por la comunidad internacional. Este no es un caso aislado, ya que, en general, cuando se produce un desastre natural en un país pobre, la ayuda externa por motivos solidarios o de caridad constituye el pilar básico para paliar los daños y posteriormente reconstruir el país.

Con el objetivo de mejorar esta situación, importantes instituciones multilaterales (como el Banco Mundial) han trabajado en el desarrollo de programas(2) dirigidos a proporcionar asistencia técnica y financiera para que los países con mayor propensión a sufrir el impacto de fenómenos climatológicos devastadores puedan desarrollar estrategias de Gestión del Riesgo de Desastres (DRM, por sus siglas en inglés). Se trata de diseñar herramientas que permitan a estos países protegerse, al menos en la dimensión económica, de eventos hasta ahora considerados fatalidades, pero que con una adecuada previsión pueden pasar a ser contratiempos superables.

El desarrollo e implementación de una DRM permite a los Gobiernos obtener importantes ventajas económicas y sociales. En primer lugar, reducen la exposición de las finanzas públicas a la ocurrencia de un desastre natural, ya que determinados riesgos son transferidos a los mercados internacionales de reaseguros o a los mercados de capitales. En segundo lugar, la menor incertidumbre fiscal genera un entorno propicio para que las autoridades faciliten el acceso de la población a mejores servicios sociales, a la vez que desarrollan infraestructuras productivas que permiten incrementar el crecimiento a largo plazo. Por último, los Gobiernos se aseguran de que, ante una situación de emergencia, tendrán acceso inmediato a los fondos necesarios para proveer ayuda a la población y para reconstruir las infraestructuras dañadas. Un breve repaso a las experiencias de países tan diferentes como México o Malawi ayuda a ilustrar de forma clara los beneficios potenciales que los países pueden obtener con estas estrategias.

En 1985 México sufrió dos terremotos de magnitudes de 8,0 y 7,5 en la escala Richter, que ocasionaron más de 10.000 fallecidos y destruyeron 100.000 viviendas. Esta situación obligó al Gobierno a reasignar recursos que estaban destinados a desarrollar infraestructuras públicas para poder enfrentar los gastos de reconstrucción del sector privado. Con el fin de evitar una situación futura similar, en 1996 el Gobierno mexicano decidió crear el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), al tiempo que desarrolló un marco institucional dirigido a la disminución y reducción de los riesgos asociados a desastres naturales. Para alcanzar sus propósitos, el FONDEN utiliza varios instrumentos, entre los cuales se encuentran los Cat Bonds (bonos catástrofe). Un Cat Bond (véase figura siguiente) es un activo de renta fija que paga cupones de forma periódica a los inversores durante la vida del bono, y que cubre al patrocinador contra un conjunto de desastres naturales (terremotos, huracanes, etc.). Si alguno de los eventos cubiertos ocurre durante la vida del bono, el país patrocinador retiene el principal para financiar el desembolso de ayudas a la población y los trabajos de reconstrucción.

En 2006, el FONDEN emitió el bono CatMex por valor de 160 millones de dólares, para transferir el riesgo de un eventual terremoto a los mercados financieros internacionales. Fue la primera emisión de un instrumento de estas ca­­racterísticas por parte de un Gobierno. En 2009, tras el vencimiento del CatMex, México decidió diversificar aún más su cobertura emitiendo un bono multirriesgo con vencimiento en octubre de 2012, bajo las líneas de un pro­­gra­­ma diseñado por el Banco Mundial. La cuantía colocada fue de 290 millones de dólares y la demanda por parte de los in­­versores alcanzó niveles muy elevados, contando con la participación de entidades privadas de la talla de Swiss Re y Goldman Sachs. Con esta emisión el Gobierno mexicano ha transferido parcialmente al mercado el riesgo de un desastre climatológico o geológico, asegurándose una cobertura multianual a un coste razonable. El atractivo para los agentes privados que adquieren el bono reside en las posibilidades de diversificación, ya que se trata de activos que no dependen de la evolución económica o financiera de un Gobierno o empresa, y por lo tanto no están correlacionados con el resto de activos.

Malawi es otro ejemplo de país beneficiado por estrategias de gestión del riesgo de desastres. Se trata de una nación pobre situada en el sur de África, altamente vulnerable a las sequías y donde el 38% del PIB depende de la agricultura. En 2005 el país registró una sequía severa que obligó al Gobierno a destinar 200 millones de dólares para paliar el hambre que padecían millones de granjeros. Aunque la comunidad internacional colaboró con una cuantía similar, los efectos fueron de gran consideración. A raíz de esta situación, el Gobierno de Malawi, asesorado por organismos multilaterales, desarrolló una estrategia para transferir parte del riesgo a los mercados de capitales y así mitigar el impacto negativo en la economía y los presupuestos del Gobierno ante una repetición del episodio. El objetivo principal era asegurar el acceso rápido a fondos que permitieran reducir la dependencia de la ayuda humanitaria internacional. Para ello, el Gobierno de Malawi compró en 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 un contrato derivado (opción put a un plazo de seis meses) sobre un índice pluviométrico. Este índice asocia la pluviosidad a la producción de maíz, de forma que, si las precipitaciones caen por debajo de un cierto baremo (10% del promedio histórico), el contrato ofrece protección por la cosecha que pudiera perderse. En 2009-2010 tuvo lugar la temida sequía, pero el Gobierno de Malawi percibió, gracias a esta cobertura, una cantidad que destinó a adquirir maíz en el mercado de futuros internacional, asegurando con ello el coste del suministro para el país.

Estas son simplemente dos experiencias de países que, haciendo uso de instrumentos novedosos, han logrado transferir parcialmente y de manera eficaz el riesgo de un desastre natural a los mercados financieros y de seguros internacionales. Está claro que estas estrategias no son una solución completa, pero sin duda favorecen una mayor estabilidad de los presupuestos públicos y el crecimiento a largo plazo.