Tensiones en la Seguridad Social

La Seguridad Social lleva ocho años en números rojos. En el periodo 2010-2016, su déficit se financió a través del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, creado a partir de los superávits sostenidos en años anteriores. Sin em­­bargo, en 2017, con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social agotándose, el Tesoro Público concedió un préstamo a la Seguridad Social para financiar el déficit, algo que también está previsto para este ejercicio y que pone de manifiesto la existencia de un problema estructural en la financiación de la Seguridad Social.

Los siguientes datos ilustran el problema: mientras que los ingresos por cotizaciones sociales, muy sensibles al ciclo económico (y especialmente a la evolución del empleo), han aumentado solo un 1,8% respecto a 2009, el gasto en pensiones de jubilación es ahora un 54% superior al de 2009. ¿A qué se debe el marcado aumento del gasto en las pensiones de jubilación?

En primer lugar, al incremento de la pensión media, muy superior al aumento del sueldo medio y, en menor medida, al aumento en el número de pensionistas, impulsado por el constante alargamiento de la esperanza de vida y el auge de las jubilaciones anticipadas, principalmente durante la crisis. En cuanto al primer factor, el importe de la pensión media de las nuevas altas de jubilación ha ido subiendo hasta alcanzar el 70% del sueldo medio1 frente al 60% registrado en 2008, y en la actualidad representa uno de los porcentajes más altos de Europa. Sin embargo, las reformas llevadas a cabo en 2011 y 2013, y, en particular, el Índice de Revalorización de Pensiones2 cabe esperar que contengan los aumentos en la pensión media en los próximos años. Por otro lado, el aumento en el número de pensionistas y el consecuente incremento en la tasa de dependencia,3 que ha crecido en más de 5 p. p. en los últimos 10 años hasta alcanzar el 29%, seguirán presionando al alza el gasto en pensiones en los próximos años.4

Ante esta situación, es de suma importancia aunar esfuerzos para definir un nuevo pacto social intergeneracional. Dado el notable aumento de la esperanza de vida, así como de la calidad de vida en edades avanzadas, gran parte del debate se está centrando en la búsqueda de me­­didas encaminadas a facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo más allá de la edad actual de jubilación, como mínimo, para aquellas personas que lo deseen. El impacto de estas medidas sobre las cuentas de la Seguridad Social sería doble, ya que aumentaría los ingresos y, además, re­­duciría la presión sobre los gastos.

En este sentido, destaca la propuesta de Domínguez-Fabián, del Olmo y Herce (2017)5 de un sistema mixto de pensiones «por etapas»: en una primera etapa, comprendida entre la edad de jubilación voluntaria y una edad determinada por la Seguridad Social en función de la es­­pe­­ranza y calidad de vida (que los autores denominan la «gran edad»), se percibiría una renta derivada de un seguro de capitalización, y en la segunda etapa, a partir de la «gran edad», habría un sistema público de reparto. Sin em­­bargo, esta propuesta encaminada a garantizar la sostenibilidad del sistema no deja claro, entre otras cuestiones, cómo se definiría la «gran edad», que no es algo trivial, ni tampoco cómo se llevaría a cabo la transición des­­de el sistema actual. Con todo, ante un problema de tal envergadura, el debate y la búsqueda de soluciones son bienvenidos.