No es país para jóvenes

No es país para jóvenes. Lo vemos en nuestro entorno y los datos lo denuncian en voz cada vez más alta. La encuesta de población activa del primer trimestre del año nos lo ha vuelto a recordar: la tasa de paro juvenil, el indicador de referencia para valorar la situación en la que se encuentran los menores de 25 años, continúa en niveles extraordinariamente elevados, del 40%.

No deberíamos hacer oídos sordos. La elevada tasa de paro que sufren los más jóvenes solo ofrece una visión parcial de la difícil situación en la que se hallan. Como tenían unas condiciones laborales más precarias antes de la crisis, han recibido un nivel de protección inferior: han accedido menos a los ERTE y, en última instancia, una elevada proporción de ellos se ha quedado sin ingresos. Según el monitor de desigualdad en tiempo real de CaixaBank Research (realtimeeconomics.caixabankresearch.com), gran parte del aumento de la desigualdad que se ha producido durante la crisis se debe al deterioro de la situación económica de los trabajadores de menor edad.

Los jóvenes son los que más están sufriendo la crisis económica, y llueve sobre mojado. Hace años que su situación laboral se va deteriorando. El aumento del empleo temporal y del empleo a tiempo parcial ha sido especialmente acusado para las personas que, una vez terminados los estudios, quieren empezar a trabajar. Ello las hace mucho más vulnerables cuando se producen crisis económicas. También ha comportado una reducción de sus ingresos salariales y ha hecho que sus perspectivas laborales sean más limitadas e inciertas. Los datos ayudan a tomar conciencia de la situación. Los ingresos salariales mensuales medianos, en términos reales, de los jóvenes que en 2019 tenían entre 18 y 20 años eran un 50% inferiores a los que tenían los jóvenes de 1980, según un estudio reciente de Samuel Bentolila y coautores. Para las personas de entre 30 y 34 años, el retroceso ha sido del 26%. El motivo de estas caídas no es una disminución del salario por hora trabajada, sino el desplome de los ingresos salariales mensuales por la menor duración de los contratos y por el aumento del empleo a tiempo parcial. Y esto es, al fin y al cabo, lo que determina la decisión de emanciparse o formar una familia. La fotografía se hace más sombría cuando tenemos en cuenta las mayores dificultades que tienen para acceder a una vivienda.

La situación requiere acciones que refuercen la red de seguridad con la que cuentan los jóvenes. En crisis anteriores, la falta de un apoyo adecuado ha hecho que las consecuencias fueran especialmente persistentes para las personas que estaban integrándose en el mercado laboral. Aunque el buen ritmo de vacunación que se está alcanzando permitirá que la recuperación económica coja fuerza de forma inminente, todavía tardará en llegar a toda la población.

Ello debe ir acompañado de cambios profundos que mejoren de una vez por todas la capacidad de integración de los jóvenes en el mercado laboral. Es necesario actuar en el sistema educativo, conectándolo mejor con el ámbito laboral. Los conocimientos que se adquieren haciendo breves estancias de prácticas son de gran ayuda para escoger el itinerario formativo que mejor se adecúa a los intereses y capacidades de cada uno. En este sentido, hay margen de mejora en todos los niveles educativos, pero seguramente es en la formación profesional donde este aspecto es más relevante y el potencial de mejora es más elevado. Es donde es más urgente actuar.

También es imprescindible reformular algunos ámbitos del mercado laboral. El objetivo final: reducir su elevada dualidad. No es óptimo desde un punto de vista económico, ni justo desde un punto de vista social, que haya una diferencia tan grande en los niveles de protección de distintos grupos de trabajadores. Se deben buscar fórmulas que ayuden a las personas que entran en el mercado laboral a conseguir empleos más estables y mayores niveles de protección. O, dicho de otro modo, sería de gran ayuda disponer de un marco contractual que haga más atractiva la contratación indefinida. Un coste de despido por año trabajado que creciera gradualmente según la antigüedad del trabajador podría ayudar a conseguir dichos objetivos.

El Plan de Recuperación presentado por el Gobierno sitúa a los jóvenes como uno de los colectivos a los que hay que apoyar de forma urgente y apunta algunos de los aspectos mencionados para mejorar su situación. En los próximos meses toca negociar y consensuar, concretar y pasar a la acción. Los jóvenes merecen un país que cuente con ellos.