Dinero en Suiza

El próximo 10 de junio, los ciudadanos suizos votarán en referéndum sobre una reforma radical de su sistema monetario. La propuesta implicaría que los ciudadanos tuvieran sus cuentas corrientes o depósitos a la vista en el banco central, no en los bancos comerciales. Para los promotores de la iniciativa, este cambio de paradigma acabaría con las burbujas de crédito, las crisis bancarias y los rescates públicos de la banca.

La idea no es nueva y tiene como antecedente, por ejemplo, el denominado Plan Chicago, una reforma monetaria cuyo principal proponente fue Henry Simons, profesor de la Universidad de Chicago durante la Gran Depresión del siglo XX. Aquella reforma proponía el establecimiento de un requisito de reservas sobre los depósitos de los bancos comerciales del 100%, lo que suponía el fin de la denominada banca de reserva fraccional y la separación de las dos funciones principales que lleva a cabo la banca: gestionar el sistema de pagos y otorgar créditos.

En la misma línea, los impulsores del referéndum suizo creen que su reforma permitiría atajar de raíz la supuesta proclividad del sistema actual a generar burbujas de crédito y un exceso de endeudamiento. Según esta corriente de pensamiento, el hecho de que la banca pueda utilizar los depósitos a la vista de los clientes como fuente de financiación para otorgar crédito facilita y abarata excesivamente el endeudamiento. También se alega que los bancos otorgan préstamos demasiado arriesgados porque confían en que, si las cosas van mal, el Gobierno vendrá en su rescate (lo que se denomina riesgo moral).

Ciertamente, la propuesta suiza complicaría el acceso al crédito y lo encarecería, pero parece una forma innecesariamente extrema de conseguir este objetivo. No en vano, los bancos centrales en el sistema monetario actual ya cuentan con suficientes herramientas para influir, si lo estiman oportuno, en la disponibilidad y el precio del crédito (por ejemplo, mediante la fijación de los tipos de interés de referencia o los coeficientes de reservas).

En cuanto al problema del riesgo moral, cabe recordar que el objetivo principal de las reformas regulatorias de los últimos años ha sido, precisamente, impedir el uso de recursos públicos en la resolución de futuras crisis bancarias (además de minimizar su probabilidad). Para ello, por ejemplo, se han aumentado de forma muy significativa los requisitos mínimos de capital y se han introducido reglas para la resolución de bancos con problemas que obligan a accionistas y acreedores a absorber potenciales pérdidas.

Los defensores de un cambio de sistema también defienden que acabaría con los pánicos bancarios, porque nadie dudaría de la seguridad de los depósitos en el banco central. Sin embargo, parecen obviar que, con dicho sistema, el crédito bancario debería financiarse con depósitos a plazo no asegurados y con emisiones de deuda, unas fuentes que serían mucho más volátiles que las actuales (especialmente ante la opción de mover fondos a una cuenta en el banco central en periodos de incertidumbre). Lehman Brothers no tenía depósitos asegurados, pero se quedó sin financiación mayorista de la noche a la mañana –un verdadero pánico bancario–. Ante estos riesgos, los bancos, que serían más parecidos a la banca de inversión, se verían obligados a mantener unos niveles de liquidez muy elevados –lo que restringiría aún más la oferta de crédito– o a depender de forma mucho más acusada de la provisión de liquidez por parte del banco central –lo que aumentaría significativamente el rol de la autoridad monetaria en la asignación de recursos en la economía.

El Plan Chicago o sus réplicas más recientes quizás podrían haber tenido sentido en la época de la Gran Depresión. Hoy en día, tal y como ha declarado el propio banco central de Suiza ante el próximo referéndum, se trataría de «un experimento innecesario, una reforma que traería incertidumbre y nuevos riesgos, además de un aumento de costes para los clientes bancarios».