El paro estructural en España
El fuerte crecimiento de la economía española en los últimos dos años ha impulsado la creación de empleo. En concreto, en el bienio 2015-2016, el número de ocupados ha aumentado en 939.000 personas. No obstante, la tasa de paro sigue situándose en cotas muy elevadas (18,6% en el 4T 2016) y no está claro qué parte de este desempleo se ha vuelto estructural.
Formalmente, la tasa de paro estructural (TPE) es la tasa de desempleo compatible con una inflación cercana al objetivo del banco central, y por ello también se denomina tasa de paro no aceleradora de los precios (NAIRU, por sus siglas en inglés) o de los salarios (NAWRU). La TPE no es directamente observable, sino que se estima a partir de la relación que se observa a lo largo del ciclo económico entre el paro y la inflación, una relación que también se conoce como la curva de Phillips. A corto plazo, cuando la tasa de paro se sitúa por debajo de su nivel estructural, las presiones al alza sobre los precios y los salarios aumentan, y viceversa. La dificultad de estimar la TPE radica en que esta puede variar a lo largo del tiempo, en función de cambios en factores institucionales y económicos. Por ejemplo, una flexibilización de la regulación laboral puede reducir la TPE, mientras que un shock permanente en un sector de actividad, como la construcción, puede aumentarla.
El primer gráfico muestra la evolución de la tasa de paro española junto con la estimación de la TPE más reciente realizada por la Comisión Europea en febrero de 2017. Como se puede observar, en periodos de crisis, la tasa de paro aumenta más rápido que la TPE, lo que indica que el desempleo sube, principalmente, por factores cíclicos. Sin embargo, parte de este aumento también puede ser estructural, especialmente si va acompañado de un aumento del paro de larga duración, ya que ello puede conllevar una depreciación de capital humano. Según la Comisión Europea, la TPE se sitúa actualmente en el 17,2% y, el próximo año, y en ausencia de reformas, descenderá levemente hasta el 16,8%. Esta cifra, de hecho, es superior a la tasa de paro prevista para 2018 (del 16,0%), lo que indicaría que las presiones salariales podrían ir al alza en los próximos trimestres.
De todas formas, esta estimación debe interpretarse con cautela. En primer lugar, las condiciones actuales de la economía española, y del mercado laboral en particular, sugieren que la Comisión puede estar sobreestimando la TPE. En concreto, no se observan presiones significativas ni en precios ni en salarios, tal y como evidencia que la inflación subyacente todavía se encuentra en niveles cercanos al 1% y que el incremento salarial de los convenios pactados en febrero fue de un moderado 1,2%. Además, como es bien sabido, la incertidumbre en torno a la estimación de la TPE es muy elevada, y particularmente cuando se aplican medidas regulatorias específicas en el mercado laboral, puesto que es difícil estimar en tiempo real el impacto que tendrán sobre la TPE. Esta incertidumbre es fácilmente constatable observando los cambios en la estimación de la TPE año tras año. Precisamente, tal y como se ilustra en el segundo gráfico, las estimaciones de la propia Comisión han sido revisadas a la baja sucesivamente a medida que se incorporaban nuevos datos. Asimismo, la OCDE, usando una metodología ligeramente distinta, estima que la TPE es del 15,7% en 2016,1 significativamente inferior a la estimada por la Comisión Europea.
De todos modos, independientemente de la metodología usada, la comparativa internacional muestra que la TPE española es la más elevada entre los países europeos, e incluso supera a Grecia (16,0%) o Portugal (10,3%) en 2016. Ello subraya la necesidad de seguir explorando qué medidas pueden ayudar a reducir aún más la TPE en España. Potenciar las políticas activas de empleo y fomentar la educación por competencias y la formación de los trabajadores son ejemplos de medidas que, sin duda, contribuirían a ello y que contarían con un amplio respaldo político.
1. OCDE, 2016, Economic Outlook No 100, noviembre.
