¿Quién dijo camino de rosas?

La crisis financiera internacional y su secuela en Europa, la crisis de deuda soberana, sacaron a relucir deficiencias estructurales en el entramado institucional de la eurozona que fueron obviadas durante excesivo tiempo. En concreto, la Unión Monetaria Europea (UME) carece de mecanismos efectivos para evitar la acumulación de desequilibrios fiscales excesivos –el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha demostrado insuficiente para ello– o para compensar la renuncia al tipo de cambio nominal como instrumento de ajuste de los desequilibrios externos dentro de la unión. Dichas carencias se sabían existentes desde el mismo momento en que se gestó la unión, del mismo modo que se sabía que, tarde o temprano, deberían de enmendarse. Sin embargo, es muy propio de la condición humana postergar las decisiones difíciles hasta que las circunstancias las hacen inevitables; ello explica por qué las grandes confederaciones han tendido a fraguarse tras un episodio traumático y la eurozona no será la excepción.(1) En Europa, esa inevitabilidad llegó con la peor crisis a la que se enfrenta desde la Segunda Guerra Mundial; un escollo doloroso pero, desafortunadamente, necesario para que la eurozona dé un paso de gigante hacia su destino final: una unión con un mayor grado de integración fiscal y económica.

A estas alturas, pocos dudan de que el futuro de la eurozona exige más Europa, entendiéndose como tal una mayor integración fiscal, económica y, a la larga, probablemente política. Dicha exigencia no deriva simplemente de la necesidad inmediata de poner remedio a la crisis de deuda soberana, que también, sino que el objetivo es apuntalar los mismos cimientos de la UME, a todas luces incompletos para garantizar la viabilidad de la moneda única a largo plazo. El objetivo es, por lo tanto, muy ambicioso y el proceso para alcanzarlo, muy complejo: avanzar definitivamente hacia una unión fiscal requiere cambios en los tratados europeos y una reforma drástica de la gobernanza económica que por el momento siguen sin materializarse con suficiente contundencia y concreción.

Desde la quiebra de Lehman Brothers, en 2008, se han celebrado 22 cumbres del Consejo Europeo y otro sinfín de reuniones bilaterales y, si bien es cierto que, en las sucesivas cumbres, se han ido tomando medidas dirigidas a establecer una mayor coordinación fiscal entre los Estados miembros, también lo es que, inicialmente, fueron excesivamente timoratas. Tanto es así que, en lugar de atajar la crisis, dejaron entrever una falta de resolución y una inadecuación del entramado institucional que se llevaron por delante la confianza de los inversores y de los agentes económicos. No fue hasta el último tramo de 2011, cuando la crisis adquirió carácter sistémico y las tensiones financieras engulleron a economías no periféricas, como Francia o Austria, que se alcanzó un mayor consenso en torno a la necesidad de avanzar por esa vía y las medidas tomaron mayor envergadura.

Hasta la fecha, el paso más decidido en esa dirección se dio en diciembre. Por un lado, con un nuevo pacto fiscal de disciplina presupuestaria en el seno de la zona del euro (bautizado como fiscal compact); por otro, con la entrada en vigor del 6-pack o pacto de estabilidad, que incluye una nueva directiva y 5 nuevas regulaciones, y constituye la reforma más importante de los mecanismos de gobernanza económica de la Unión Europea desde que se gestó la UME 20 años atrás. El susodicho pacto de estabilidad fue propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2010 y aprobado por los 27 socios de la Unión Europea y el propio Parlamento Europeo en octubre de 2011. En la práctica, establece que, desde el pasado 13 de diciembre, los países de la eurozona que estén sometidos a un procedimiento de déficit excesivo (superior al 3% del PIB) y que no cumplan con las recomendaciones específicas para corregir dicho exceso pueden ser sancionados con multas financieras casi automáticas (de hasta el 0,2% del PIB), si así lo recomienda la Comisión Europea y a no ser que una mayoría cualificada del grupo se oponga. Asimismo, refuerza el objetivo de deuda requiriendo a los países con deuda excesiva que la reduzcan progresivamente, a razón de una veinteava parte cada año de la diferencia entre el nivel actual y el 60% del PIB. Por otra parte, introduce un procedimiento de desequilibrios excesivos para prevenir divergencias en competitividad, déficits por cuenta corriente insostenibles, burbujas de activos y otros desequilibrios macroeconómicos. Dicho procedimiento derivará en recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros que, de incumplirse, también podrán acarrear sanciones financieras (de hasta el 0,1% del PIB).

La inminencia de la entrada en vigor del 6-pack allanó el camino para que el Consejo Europeo aprobara los principios del nuevo compromiso fiscal en su cumbre de diciembre. Las autoridades alemanas llegaron a la reunión con un objetivo: incorporar reglas fiscales a la legislación primaria de la Unión Europea y de los distintos Estados miembros que grabaran a fuego el objetivo de equilibrio presupuestario so pena de sanciones automáticas. Aunque no lograron convencer a todos sus socios europeos para modificar los tratados de la unión –el Reino Unido se opuso rotundamente–, sí consiguieron el compromiso de los Estados miembros de la UME –y el respaldo de sus socios de la Unión Europea, excluyendo el Reino Unido y la República Checa– de incorporar una «regla de oro» de equilibrio presupuestario a sus respectivas legislaciones primarias nacionales (preferiblemente en la Constitución). Dicha regla restringirá el déficit estructural del sector público al 0,5% del PIB y su incumplimiento acarreará sanciones automáticas. Asimismo, acordaron que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien supervise la transposición de dicha regla fiscal a nivel nacional y que tanto los detalles de dicha regla como el resto de medidas acordadas en el pacto (reducción de la deuda excesiva o renuncia a la unanimidad de opinión en lo referente a la aplicación de sanciones automáticas o desembolsos del Mecanismo Europeo de Estabilidad) se sellen a través de un acuerdo intergubernamental, que ya está en proceso de redacción y que se prevé sea ratificado antes de marzo de 2012.

De este modo, el nuevo pacto fiscal refuerza lo establecido en el 6-pack. En su conjunto, estos acuerdos sientan las bases para mayores avances hacia la integración fiscal y económica. Para empezar, da un mayor margen de confort al Banco Central Europeo para adquirir deuda pública de países periféricos. Asimismo, obligan a los países con mayores desequilibrios a una mayor disciplina y a someter sus presupuestos a la supervisión por parte de la Unión Europea. Ello ayudará, a su vez, a establecer una confianza mutua dentro de la unión, facilitando también la labor de las autoridades de los países financieramente más sólidos de convencer a su ciudadanía de que, eventualmente, un mandato más amplio del BCE y una mutualización de riesgos a través de algún tipo de bono de estabilidad servirían al interés general, puesto que aportarían una importante dosis de solidez a la moneda única.

Una emisión común de deuda soberana contribuiría, especialmente, a la estabilidad financiera y a la eficiencia económica de la eurozona. Para empezar, constituiría un poderoso instrumento para hacer frente a las dificultades de liquidez que afrontan, actualmente, algunos Estados miembros –al permitirles beneficiarse de la mayor ca­­lidad crediticia de otros socios– y minimizaría el riesgo de una pérdida repentina del acceso al mercado en el futuro. Asimismo, al originar una considerable reserva de activos seguros y líquidos, dotaría a los bancos de la zona del euro con una fuente de garantías más sólidas y facilitaría la transmisión de la política monetaria del BCE. Por otra parte, la gran dimensión, liquidez y calidad crediticia de dicho mercado de bonos se traduciría en un tipo de interés relativamente bajo, reduciendo los costes de financiación tanto del sector público como del privado en la zona del euro.

Europa eligió su destino hace años. Desde el principio, se supo que el camino hacia dicho destino sería largo, complejo y turbulento; que escalar ciertos eslabones exigiría un coste político solo asumible cuando no hubiera otra elección. Salir del agujero actual nos obligar a subir uno de esos eslabones y avanzar a paso firme hacia el próximo rellano: la Unión Fiscal Europea. La alternativa es hundirse en el abismo puesto que, a estas alturas, dar marcha atrás no es, en realidad, una opción.