El salario mínimo en la UE, más allá de la polémica
La fijación de un salario mínimo es una política muy extendida en la UE: 22 países la aplican.1 Sin embargo, no está exenta de controversia. En general, la fijación de un salario mínimo persigue proteger a los trabajadores con menores cualificaciones y/o experiencia laboral, pero en función del nivel en el que se sitúe puede tener efectos negativos sobre el empleo.
Entrando en algo más de detalle, en un mercado laboral competitivo, el salario suele reflejar la productividad de los trabajadores: cuanto más elevada es la productividad de un trabajador, el salario también suele aumentar. Así, la fijación de un salario mínimo relativamente elevado puede incentivar la automatización de los procesos productivos y dificultar el acceso al mercado laboral de los trabajadores menos productivos, que suelen ser aquellos que tienen menos formación y/o experiencia laboral. Pero también puede darse el caso de que algunos trabajadores acepten un trabajo con un salario inferior a lo que ellos aportan a la empresa. Esto puede suceder, por ejemplo, si perciben que les es difícil cambiar de trabajo. En este caso, un salario mínimo podría ayudar a los trabajadores con salarios más bajos que se encuentran en esta situación. De todas formas, cuanto más elevado es el salario mínimo, más elevado es el efecto negativo comentado inicialmente y, en general, el efecto positivo suele ser menor.
¿Cuál es el salario mínimo en el que los beneficios son más elevados respecto a los potenciales costes que puede conllevar? Tras varias décadas de intenso debate en el mundo académico, los economistas siguen sin haber alcanzado un consenso.2 En general, en los niveles en los que se sitúa actualmente el salario mínimo en la mayoría de países desarrollados, la evidencia empírica apunta a que el impacto negativo es moderado en términos agregados. De todas formas, varios estudios también apuntan a que el impacto es más pronunciado para algunos colectivos específicos, como los jóvenes o los trabajadores de baja cualificación, que son precisamente los colectivos a los que se quiere proteger.
Para minimizar este impacto negativo, el proceso de decisión del nivel al cual fijar el salario mínimo es relevante. Entre los países de la UE, el mecanismo de fijación es variado: algunos gobiernos lo establecen directamente mediante legislación y otros utilizan un proceso de negociación con los agentes sociales. Pero es importante que el mecanismo sea, además de transparente, riguroso. En este sentido, es ilustrativo que en países como el Reino Unido, Irlanda y Alemania, en los que la introducción del salario mínimo es reciente, una comisión de expertos independientes evalúe de manera pormenorizada el impacto del salario mínimo sobre el empleo y ofrezca una recomendación vinculante al Gobierno. Además, parte de su recomendación suele incluir la fijación de niveles menores de salario mínimo para los colectivos que podrían estar más perjudicados por un mayor salario mínimo, como los jóvenes sin experiencia laboral.
Sea como fuere, al intentar minimizar el impacto negativo sobre el empleo, el salario mínimo se suele acabar fijando en niveles relativamente bajos, por lo que acaba teniendo un papel limitado a la hora de mejorar las condiciones de los trabajadores con menores ingresos. Para proteger a estos trabajadores, por tanto, es útil tener en cuenta otras líneas de actuación. En primer lugar, naturalmente, la mejora de su formación y empleabilidad. Este tipo de políticas sí que generan un amplio consenso entre economistas. Además, también se suele actuar sobre la presión tributaria de los colectivos más desfavorecidos. En este sentido, un instrumento que permite aumentar los ingresos de estos trabajadores es la introducción de un complemento salarial, como el Working Tax Credit del Reino Unido. Este no tiene un impacto negativo directo sobre el empleo y se puede focalizar en los colectivos más desfavorecidos, lo que hace que sea más eficaz.3 Finalmente, para mejorar las condiciones de las personas con menores ingresos, incluidas las que no encuentran empleo, también se plantea el uso de prestaciones condicionales como la renta mínima, que pueden ser útiles si se diseñan e implementan de forma adecuada (véase el Focus «La renta mínima a debate ante un mercado laboral en transformación» en el IM01/2018).
1. Austria, Chipre, Italia, Dinamarca, Finlandia y Suecia no disponen de salario mínimo, aunque una gran parte de los trabajadores están cubiertos por los acuerdos salariales establecidos en la negociación colectiva.
2. Contribuciones recientes son Neumark, D. (2015), «The Effects of Minimum Wages on Employment», FRBSF Economic Letter 2015-37 y Dube, A. (2010), «Minimum Wage Effects Across State Borders», Review of Economics and Statistics, Vol. 92-4.
3. Véase el artículo «El uso de incentivos fiscales para incrementar la participación laboral» en el Dossier del IM09/2013.
