La globalización, los cambios tecnológicos y los movimientos migratorios están transformando las formas de producción y el mercado de trabajo de las economías europeas a gran rapidez. A pesar de conllevar importantes beneficios para el conjunto de la sociedad, también están presionando al alza la desigualdad y la población en riesgo de exclusión.1 Estos impactos se concentran en determinados grupos de individuos que asimismo han sufrido el efecto de la crisis económica de los últimos años. Todo ello hace que sea necesario dotar a los programas de asistencia social con los recursos adecuados y asegurarse de que estos se utilizan con la máxima eficiencia.

El origen de las políticas sociales en Europa se remonta a la introducción en Alemania, por parte de Otto von Bismarck a finales del siglo XIX, de unos sistemas de seguro de salud, de accidente laboral y de jubilación. Desde entonces y, en particular, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha ido ampliando la cobertura de los sistemas de pensiones y salud pública, y se han desarrollado los programas de asistencia a las familias, a los desempleados y a personas con discapacidades, entre otros. En el año 2016, el gasto público destinado a políticas sociales se situó en el 23,6% del PIB en la UE. La distribución del gasto entre los distintos programas es muy dispar pero, en general, la mayor parte de los recursos se dedica al sistema de pensiones y de salud pública (véase el segundo gráfico).

Los programas sociales reducen la desigualdad de renta y la pobreza, y son un mecanismo de estabilización económica en momentos de crisis. En 2014, por ejemplo, la re­­caudación de impuestos y las transferencias de renta redujeron la desigualdad de ingresos en la UE en un 38% en promedio según datos de la OCDE.2 Sin embargo, en un contexto de máxima presión sobre las finanzas públicas, no solo es importante asegurar la efectividad de estos programas, sino también su eficiencia, intentando obtener el objetivo buscado de la mejor manera posible. En este sentido, es clave el diseño y la manera como se proveen los programas, ya sea de manera pública o privada, así como evaluarlos de manera sistemática.

Asimismo, los cambios sociales que están acaeciendo obligan a cuestionarse si siguen siendo válidos los mecanismos diseñados para facilitar la igualdad de oportunidades durante las últimas décadas. En este sentido, además de los sistemas de protección social tradicionales, que protegen contra la enfermedad, la invalidez, la vejez o la pérdida de trabajo, el énfasis se pone cada vez más en el sistema educativo. Actuar en esta área, ya desde la guardería y durante todo el proceso educativo, incluyendo la formación profesional, la universidad y la formación continua, es clave para promover la igualdad de oportunidades en un momento en que los cambios tecnológicos están modificando las necesidades del mercado de trabajo.3 Un buen ejemplo de ello es el Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado en noviembre de 2017 por la Co­­misión Europea y que pone especial enfásis en reformular el funcionamiento del mercado de trabajo y del sistema de bienestar europeo. Los principios incluidos en el Pilar abarcan desde la igualdad de acceso a la educación hasta el fomento de mecanismos que mejoren la estabilidad laboral. Destaca, también, la propuesta de introducir el derecho a unas prestaciones de renta mínima para todas las personas que no dispongan de suficientes recursos, así como la introducción de incentivos para que las personas que puedan trabajar se integren al mercado laboral. Alcanzar esta red de seguridad en una sociedad cambiante es una tarea complicada en la que hay que redoblar los esfuerzos.

1. Véase el Dossier «Las nuevas tecnologías y el mercado de trabajo» en el IM02/2016.

2. Reducción del índice de Gini debido a los impuestos y las transferencias sociales en 2014 (OCDE, 2016, «Income Inequality Update»).