Las cuentas del sector público permanecen en números rojos: en 2017, el saldo presupuestario muy probablemente alcanzará el –3,1% del PIB, con lo que los gastos de las Administraciones públicas volverán a superar a los ingresos por décimo año consecutivo. Sin embargo, si miramos el vaso medio lleno, resulta preciso comentar que la recuperación económica y las medidas de control y racionalización del gasto llevadas a cabo por las Administraciones públicas en los últimos años han permitido encauzar el déficit público hacia una senda descendente. Por ello, de hecho, es muy probable que en 2017 se cumpla con el ob­­jetivo de saldo público pactado con la Comisión Europea.

Con el año a punto de finalizar, resulta pertinente centrar la mirada en las cuentas para el año que viene. En este sentido, en octubre, el Gobierno remitió a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2018. Dicho Plan –mientras el apoyo de una mayoría parlamentaria a los presupuestos está todavía en el aire– está basado en un es­­ce­­nario que básicamente prorroga las políticas de este ejercicio y deja la reducción del saldo público en manos del crecimiento económico.

Según este Plan, el crecimiento del PIB, previsto en el 2,3%, permitirá reducir el saldo público hasta el –2,3% del PIB en 2018, lo que, si bien representa una mejora de 0,8 p. p., resultará insuficiente para alcanzar el objetivo del –2,2% del PIB incluido en el Plan de Estabilidad y acordado con la Co­­misión Europea.

También prevé que la mejora de las cuentas públicas venga liderada por el lado de los gastos, como consecuencia de la congelación de los sueldos públicos y de la reducción de 1,7 p. p. en la tasa de paro, que haría disminuir el pago de las prestaciones por desempleo un 2,9%. En cuanto al gasto por intereses, el Estado estima que aumente al mismo ritmo que el crecimiento de la actividad en términos nominales (4,0%), una proyección que parece muy conservadora, dado que la vida media de la deuda del Estado su­­pera los siete años y los tipos de interés se sitúan en niveles sustancialmente inferiores a los observados años atrás (y se espera que estos sigan manteniéndose muy bajos en 2018). De hecho, hasta julio de 2017, el gasto en intereses ha disminuido un 6,1% respecto al mismo periodo de 2016.1

Por el lado de los ingresos, el Gobierno estima que la buena evolución de la ocupación (del 2,4% en 2018) impulsará las cotizaciones sociales, que crecerán un 4% en 2018. En la misma línea, el Plan Presupuestario estima que los impuestos sobre la producción e importación (principalmente el IVA) aumentarán un 4%, una previsión también coherente con el contexto macroeconómico, en el que se prevé que el consumo de los hogares se mantenga como uno de los pilares de la recuperación. Sin embargo, la previsión de crecimiento de los impuestos sobre la renta y la riqueza (un 6%) parece algo optimista.2

En definitiva, las estimaciones recogidas en el Plan Presupuestario, según el cual el crecimiento económico permitiría reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB, y salir, por tanto, del procedimiento de déficit excesivo, pa­­re­­cen plausibles. Aun así, también es importante remarcar que todo apunta a que los números rojos seguirán estando presentes en las cuentas públicas más allá del 2020, y no conviene olvidar que las medidas de reducción del saldo público seguirán siendo necesarias para que la deuda pública, que roza el 100% del PIB, logre encauzar una senda decreciente. Lo más prudente es aprovechar los años de crecimiento económico para sanear las cuentas y así poder tener más margen de actuación el día en que el crecimiento sorprenda a la baja.

1. Gasto del conjunto de las Administraciones públicas, excluyendo corporaciones locales.

2. Una previsión basada en las elasticidades históricas (1998-2016) entre dichos impuestos y PIB nominal estaría en torno al 4,5%.