Tras acceder a la presidencia en diciembre de 2015, Mauricio Macri impulsó un cambio de política económica que representaba una ruptura con el pasado y que priorizaba un ajuste rápido. Fue una opción lógica, habida cuenta de que el cuadro macroeconómico heredado era insostenible. Argentina había crecido poco en la última década (un 2,2% en promedio anual), la inflación era elevada (un 25% a finales de 2015, según las estimaciones más fiables), el tipo de cambio oficial estaba sobrevalorado (en diciembre de 2015, del orden del 40%) y el déficit público alcanzaba el 6,6% del PIB en 2015. Para completar un panorama difícil, es preciso recordar que Argentina impagó su deuda en 2001, un episodio cuya gestión llevó a notables conflictos con los acreedores y a su exclusión de los mercados de capitales internacionales durante 14 años.

En este contexto, la nueva política económica persiguió un ajuste rápido de la economía actuando, esencialmente, sobre cuatro ejes. El primero, la liberalización económica y financiera, centrada, principalmente, en flexibilizar el régimen cambiario y liberalizar los precios internos, notablemente subvencionados en ciertas categorías como la energía. En segundo lugar, una política monetaria restrictiva que llevó al tipo de interés del 33,0% de 2015 al 38,0% a mediados de 2016 (aunque, posteriormente, la rebaja de la inflación facilitó disminuir el tipo de interés hasta el actual 24,75%). Un tercer eje fue el del ajuste fiscal, combinando la mencionada rebaja de los subsidios a la energía con otras medidas de más largo plazo, como la reducción del número de funcionarios. Finalmente, el ajuste se completó con un conjunto de actuaciones para ganar confianza entre los inversores internacionales y recuperar el acceso a los mercados de capitales. La más relevante de dichas actuaciones fue la resolución de los litigios judiciales pendientes con los acreedores extranjeros.

La nueva estrategia fue bien acogida por la comunidad financiera internacional, como quedó de manifiesto con la emisión internacional de bonos realizada en abril de 2016 (la primera desde el default de 2001), que se cerró exitosamente con un espectacular volumen de 16.500 millones de dólares, y a la que han seguido dos más, en junio de 2016 (2.750 millones de dólares) y en enero pasado (7.000 millones de dólares).

No obstante, más allá de esta buena recepción, lo cierto es que los efectos negativos del ajuste macroeconómico están siendo notables y superiores a los previstos. La entrada de la economía en recesión era previsible, pero su intensidad ha sorprendido. Cuando se anunció el programa de ajuste, se preveía que el PIB caería un 0,2% en 2016. Las últimas cifras, en cambio, apuntan a un retroceso del 2%. Asimismo, y como resultado combinado de la fuerte devaluación del peso (un 37% desde su flotación libre en diciembre de 2015) y la liberalización de los precios, la inflación se situó en el 40% a finales de 2016 (aunque en los últimos meses la inflación ya se ha reducido significativamente). Tampoco el flanco de la consolidación fiscal ha funcionado como se esperaba, ya que los ingresos fiscales se están viendo afectados por la recesión en mayor medida de lo esperado, y la contención de gastos está siendo menor de lo previsto por dos motivos. Por un lado, en agosto de 2016 la Corte Suprema de Justicia suspendió el aumento de la tarifa de gas para los usuarios residenciales, que representan un 30% del consumo nacional de gas. Por otro, una parte del gasto social, en particular las transferencias sociales a las provincias y el gasto de las prestaciones por desempleo, ha aumentado, no solo por el efecto cíclico sino también porque el Gobierno ha elevado su cuantía. La decisión de incrementar el gasto social se puede vincular a una peor evolución económica de lo esperado, pero probablemente también tiene relación con el hecho de que el malestar social que ha generado el ajuste se ha traducido en una pérdida de popularidad de la Administración Macri (que, con todo, todavía es netamente superior a la que tenía el anterior Gobierno al final de su mandato).

En este contexto, ¿cuáles son las perspectivas del país para 2017 y 2018? El Gobierno está lidiando con una situación económica peor que la que vaticinaban las previsiones y debe afrontar unas elecciones legislativas críticas en octubre de 2017, pero en los escenarios que la mayoría de los analistas comparten se espera que, ya en 2017, se salga de la recesión y que la inflación siga una trayectoria bajista. En ese periodo, se anticipa una política monetaria restrictiva y una estrategia fiscal que pospondrá el grueso del ajuste presupuestario. La cuestión principal es si la recuperación llegará a tiempo para dichas elecciones.