Con el nuevo año ya iniciado, es un buen momento para repasar la evolución de las cuentas públicas de 2015 y entrever qué nos puede deparar este nuevo ejercicio. El déficit de las Administraciones públicas acumulado hasta septiembre de 2015 fue del 4,1% del PIB, solo 1 décima por debajo del objetivo para el conjunto del año, del 4,2%. Por tanto, aunque el déficit del 3T se situó 8 décimas por debajo del año anterior, el ajuste parece insuficiente: si se mantiene la tendencia de ejercicios anteriores, el déficit de 2015 superará el 5%.
Esta evolución de las cuentas públicas resulta llamativa en un contexto económico significativamente mejor que el previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015.1 El crecimiento del PIB en 2015 fue del 3,2%, mientras que la previsión con la que se elaboraron los PGE, según los cuales se esperaba alcanzar el objetivo del 4,2%, era del 2,0%. Además, el entorno de tipos de interés bajos propiciado por el BCE también ayudó a contener los gastos por intereses (véase la tabla). Por tanto, la mejora de las principales variables macroeconómicas debería haber permitido una reducción del déficit mayor que la prevista inicialmente, de la misma manera que hace unos años, cuando las condiciones económicas empeoraron de forma inesperada, el objetivo de déficit se revisó al alza. El efecto que la sorpresa positiva del crecimiento de 2015 hubiera podido tener sobre el ajuste del déficit no es menor.
Un análisis de los ingresos y los gastos de las distintas Administraciones públicas muestra que la mejor evolución de la actividad económica favoreció especialmente al Estado, que experimentó un notable avance de la recaudación impositiva durante la primera mitad del año (del 6,1% interanual hasta junio respecto al 5,4% previsto en los PGE 2015). Sin embargo, el impulso de los ingresos tributarios en el primer semestre motivó al Gobierno a adoptar medidas adicionales de corte expansivo no contempladas en el presupuesto; a saber, el adelanto de la reforma fiscal del IRPF prevista inicialmente para 2016 y la devolución de un 25% de la paga extra de 2012 a los funcionarios.
El impacto de la mejora económica sobre las cuentas de la Seguridad Social también ha sido limitado. Los ingresos por cotizaciones sociales, que ya tenían presupuestado un aumento ambicioso según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), quedaron afectados por las nuevas medidas sobre las bonificaciones a la contratación, que limitaron el crecimiento de la recaudación. Con todo, es importante señalar que el gasto en prestaciones de desempleo sí que se redujo más de lo previsto, en consonancia con el mayor descenso del número de parados. De todas formas, esto no ha podido compensar los menores ingresos. De hecho, la desviación presupuestaria que muy probablemente se produjo en la Seguridad Social en un año en el que la tasa de paro se redujo más de 2 p. p., junto con factores de carácter estructural como las perspectivas demográficas, deberían hacer reflexionar sobre la necesidad de explorar nuevas fórmulas que aseguren la sostenibilidad del sistema.2
En definitiva, el impulso fiscal que recibió la economía española en 2015 fue notable, lo que ayudó a que mejorara la confianza en la capacidad de crecimiento de la economía. Sin embargo, el escaso ajuste del déficit pospone, un año más, la estabilización del nivel de deuda pública. Rozando esta el 100% del PIB, es imprescindible que se aproveche el viento de cola para sanear las cuentas públicas y, así, poder adoptar una política fiscal contracíclica cuando el viento vuelva a soplar de cara.
1. El desvío por parte de las comunidades autónomas ya era previsible, tal y como advirtió la Airef en su informe de octubre 2014.
2. Véase «Sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones», publicado en el IM01/2015, y «El uso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social», publicado en el IM05/2015.
