La reducción del déficit público que se ha producido du­­ran­­te los últimos años ha sido notable. Esperamos que 2013 se cierre con un registro próximo al 6,7% del PIB,(1) 4,4 p. p. por debajo del máximo alcanzado en 2009. Hasta la fecha, el ajuste se ha llevado a cabo en un contexto de recesión económica y, por tanto, ha requerido un importante esfuerzo que ha sido reconocido por la comunidad internacional. La reducción de la prima de riesgo es un buen ejemplo de ello. De ahora en adelante, la reactivación económica hará el proceso más llevadero, pero el reto pendiente sigue siendo considerable. Una visión a tres años vista de los determinantes del gasto y de los ingresos públicos puede ayudar a contextualizar su magnitud.

Uno de los principales factores a tener en cuenta en lo que al gasto público se refiere es la reducción del paro, que esperamos que se produzca gracias a la mejora de la actividad económica. De acuerdo con nuestro escenario de previsiones, la reducción del gasto por desempleo podría situarse entre 0,7 y 1,0 p. p. del PIB en los próximos tres años. Sin embargo, el elevado nivel en el que se mantendrá la deuda pública hará que el coste del servicio de la deuda aumente ligeramente y compense parte del ahorro. Otro factor clave será la implementación de la reforma de las administraciones públicas. Según estimaciones del Gobierno, ello podría reducir el gasto público entre el 1,0% y el 1,5% del PIB. Estos factores, y siempre que el peso del resto de partidas se mantenga estable, situarían el gasto público ligeramente por encima del 42% del PIB en 2016.

De forma similar, el recorrido de los ingresos públicos pa­­re­­ce limitado salvo que la reforma fiscal suponga un cambio drástico en la eficiencia recaudatoria o tenga un impacto importante en el crecimiento económico. El sector inmobiliario, que gozó de un importante protagonismo en los años anteriores a la crisis, difícilmente lo recuperará. De los 4,5 p. p. que cayeron los ingresos tributarios entre 2006 y 2011, un 24% fue debido a una menor re­­caudación en los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, altamente ligados a dicho sector. Por otro lado, aunque la recuperación económica mejorará la recaudación tributaria, si nos atenemos a la relación histórica entre esta y el crecimiento del PIB no­­minal, el impacto probablemente será limitado. En general, un aumento del PIB nominal del 1,0% se ha traducido en un aumento del 1,1% de la recaudación, aunque en mo­­mentos de recuperación como el actual este puede ser ligeramente superior. Por tanto, bajo nuestro escenario de crecimiento a medio plazo, si se mantiene el esquema tributario actual, el peso de los ingresos difícilmente superará el 38% del PIB.

En definitiva, el mejor contexto económico y las medidas previstas por el Gobierno ayudarán a que el proceso de consolidación fiscal se mantenga en los próximos años. Pero el reto pendiente sigue siendo importante. Caer en la complacencia es un riesgo que España no se puede permitir.

(1) Antes de contabilizar las pérdidas por ayudas al sector financiero.