La agricultura en España, que tradicionalmente se ha beneficiado de una situación geográfica y una climatología privilegiadas, es especialmente vulnerable al cambio climático. El aumento de la erosión de los suelos, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales, junto con el incremento de plagas y enfermedades, son algunos de sus efectos directos. A su vez, la actividad del sector primario también contribuye al cambio climático: la especialización y la intensificación de los cultivos, el uso de insumos químicos y la industrialización de la producción ganadera tienen efectos negativos en el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y la conservación de los hábitats.

Los países de la UE son cada vez más conscientes de que no solo es preciso mitigar el cambio climático, sino también adaptarse a él. Así, ante la creciente preocupación por el medio ambiente, el sector agroalimentario debe avanzar en la transición de un sistema emisor de gases de efecto invernadero (GEI) y altamente demandante y contaminante de recursos naturales, hacia un nuevo modelo, cada vez más extendido, que proporciona alimentos sanos y nutritivos de manera sostenible, protegiendo los recursos naturales de los que la propia actividad agraria depende.

Además de mejorar la sostenibilidad de la producción agroalimentaria y su distribución posterior, otra importante palanca de cambio es fomentar pautas de consumo más saludables y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, una dieta con un mayor peso de los vegetales, los alimentos orgánicos, de temporada y proximidad. Asimismo, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y el fomento de la economía circular, también son elementos claves para avanzar hacia un sistema alimentario sostenible, tal y como recoge la estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión Europea.

Estrategia “De la Granja a la Mesa” (Farm to Fork)

Para apoyar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, la UE está desplegando un amplio abanico de herramientas para dotar a los agentes del sector de mecanismos e incentivos que apoyen dicha transición y, a su vez, ayuden a la consecución de los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. En este contexto, la reforma de la política agrícola común (PAC), que entrará en vigor en enero de 2023, incluye como principal novedad la redacción de Planes Estratégicos nacionales para establecer prioridades en materia de ayudas e incentivos a los diversos subsectores productivos.⁶ La medida estrella son los ecoesquemas, de adhesión voluntaria y que premiarán las prácticas sostenibles. El Ministerio de Agricultura ha propuesto dos ecoesquemas, con una dotación de 1.107,49 millones de euros, y que agrupan las prácticas sostenibles en dos ejes: la agroecología y la agricultura de carbono. En el primer grupo se encuentran encuadradas actividades como el manejo de pastos mediante siega sostenible, la rotación de cultivos o el mantenimiento de superficies no productivas y otros elementos relacionados con la biodiversidad. En el segundo grupo se incluyen el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y el mantenimiento de cubiertas vegetales vivas o inertes. 

Además de la PAC, los fondos europeos NGEU también contribuirán a la financiacion de la transicion verde y digital del sector primario. En particular, el componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, contempla una inversión de 1.502,8 millones de euros. El plan se basa en cuatro pilares fundamentales: (i) la mejora de la eficiencia en regadíos, (ii) el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, (iii) una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, y (iv) la modernización del sector pesquero, a través del impulso de la sostenibilidad, la investigación, la innovación y la digitalización.

La Comisión Europea ha analizado la situación de los distintos Estados miembros en relación con su contribución a cada uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo. La tabla de la siguiente página recoge estos objetivos y los valores de referencia de estos indicadores para los principales países.⁷  

Para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, el primer hito se ha marcado para 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% respecto al nivel de 1990. Si bien desde 1990 las emisiones de GEI de la agricultura de la UE se han reducido un significativo 20%, desde 2005 no se ha avanzado en su disminución. En España, el comportamiento ha sido el inverso: desde 1990 las emisiones han aumentado (6,5%), y a partir de 2005 se ha producido una modesta reducción (–3,7%).

A pesar de esta evolución, es importante destacar que, en términos relativos, el sector es responsable de un 12,0% del total de emisiones de GEI de la economía frente al 12,7% del promedio de la UE.  Además, si tenemos en cuenta que el sector primario aporta el 2,9% del PIB frente al 1,6% de la UE, obtenemos que las emisiones de GEI del sector agroalimentario español por cada unidad de VAB son significativamente inferiores a las de la media europea (1,2 kg/€ frente 1,7 kg/€ en la UE).⁸ De forma similar, las emisiones de la agricultura por unidad de tierra agrícola (toneladas equivalentes de CO₂ por hectárea) son inferiores en España (1,6 frente a 2,5 en la UE).

El segundo hito de la UE se recoge en la estrategia «De la Granja a la Mesa», que establece un objetivo de reducción del uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030. En los últimos años, España ha reducido significativamente el uso de este tipo de químicos y el reto es seguir avanzando en esta dirección. Por otra parte, el objetivo en materia de resistencia a los antimicrobianos consiste en la reducción del 50% de la venta general de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura de aquí a 2030, comparado con el valor de referencia de la UE en 2018. En este aspecto, España se encuentra rezagada respecto al promedio de la UE. 

En cambio, España destaca en positivo tanto en la proporción de superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica, un aspecto que tratamos con más detalle en la siguiente sección, como en la proporción de superficie agraria ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad. En este caso, España, con un 13,2% de la superficie, ya supera el objetivo fijado del 10%.⁹

Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia

La contaminación por nitratos procedentes de la agricultura sigue siendo una de las mayores presiones sobre el medio acuático. En este sentido, la UE se ha marcado un objetivo de reducción del 50% de las pérdidas de nutrientes para 2030 con el fin de garantizar que no se deteriore la fertilidad del suelo, un ámbito en el que España tiene mucho recorrido de mejora. Asimismo, un número cada vez mayor de países de la UE se ven afectados por la escasez de agua, a menudo provocada por una excesiva captación de agua para la agricultura y la ganadería. El cambio climático agravará todavía más el problema de la disponibilidad de agua en muchas regiones, entre ellas España. 

Finalmente, la nueva PAC establece la digitalización como una prioridad transversal, al concebir que la transición hacia un sistema alimentario sostenible se debe apoyar en el conocimiento, la innovación y la digitalización. En este sentido, un elemento clave para el desarrollo de los territorios rurales y para luchar contra la despoblación rural es la disponibilidad de una conexión a internet rápida y fiable en estas zonas. Si bien se ha producido un notable incremento en la proporción de hogares en zonas rurales con acceso de banda ancha de nueva generación, todavía se observa una importante brecha respecto a las zonas urbanas. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.¹⁰

La transición verde y digital de la agricultura europea también está generando nuevas oportunidades de negocio que el sector debe aprovechar, por ejemplo, mediante un mejor ajuste entre la producción y la evolución de los gustos del consumidor. La sostenibilidad será una ventaja competitiva para empresas y explotaciones que alcancen el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social: quienes no cumplan con los estándares medioambientales serán penalizados por unos consumidores cada vez más exigentes y concienciados con el medio ambiente y que se identifican con las marcas y productos más sostenibles.

La apuesta por esquemas de producción más sostenibles, como la agricultura ecológica,¹¹   es imparable. España, con más de 2,44 millones de hectáreas destinadas a estos cultivos en 2020, es el primer país de la UE y el tercero del mundo, tras Australia y Argentina. En términos de la proporción de la superficie agraria útil (SAU) estamos por encima de la media de la UE, tal y como se ha señalado en la sección anterior, pero muy por debajo de países punteros, como Austria, Estonia y Suecia, que superan el 20%. Para alcanzar el objetivo del 25% marcado en el Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica harían falta cuatro millones de hectáreas adicionales.

Respecto a los operadores ecológicos,¹² casi 9 de cada 10 de un total de 50.047 en 2020 son productores primarios y el resto, establecimientos industriales y comercializadores. Sin embargo, el número de operadores está creciendo con mucha mayor intensidad (más del doble) en las fases posteriores de la cadena alimentaria.

Por regiones, destaca Andalucía, tanto en superficie dedicada a la agricultura ecológica, con más del 45% del total, como en explotaciones ganaderas ecológicas, con cerca del 60%. Por tipos de cultivo, sobresalen los cereales para la producción de grano (43% del total) y, por tipo de ganado, los bóvidos (48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentario español es el primer productor mundial ecológico de aceite de oliva y vino y el segundo de cítricos y legumbres.

Uno de los retos a los que se enfrenta la producción ecológica en nuestro país es el bajo consumo interno: el consumo per cápita de estos productos en 2019 se situó en 50,2 euros, muy lejos del de países como Dinamarca o Suiza, que superan los 300. Así pues, la mayor parte de la producción, en torno al 60%, se exporta.¹³ El cambio de hábitos que ha introducido la pandemia ha favorecido un consumo más saludable, sostenible y de cercanía, por lo que la tendencia del consumo interno de este tipo de productos es claramente al alza.