Las principales piezas para que así sea ya están sobre la mesa. Reacción contundente y rápida, sin vacilaciones desde el inicio de la actual crisis, de la política monetaria. Y, sobre todo, el elemento más diferencial respecto a la Gran Recesión es una política fiscal expansiva en todos los países europeos. A ello se suma el programa europeo NGEU, del que tantas veces se ha elogiado, merecidamente, la elevada cantidad de fondos que pretende movilizar, el impulso de una agenda de reformas ambiciosa y el potencial transformador que supone para la arquitectura institucional europea. ¿Qué elemento falta para que esta vez sea diferente? Efectividad.

El impacto económico que puede tener la política fiscal es muy variado. Puede ser prácticamente nulo si el dinero se emplea en proyectos que no son rentables ni económica ni socialmente. Seguro que les viene a la memoria alguna actuación reciente en este sentido. Pero también puede llegar a ser una herramienta de transformación económica, con un impacto elevado y persistente. El ejemplo por excelencia es el llamado Plan Marshall, pero también hay multitud de ejemplos recientes. Son muchos los aspectos que influyen en decantar la balanza hacia un lado, o hacia el otro. Pero hay uno que es clave para la efectividad de la política fiscal y en el que hay un amplio margen de mejora: la evaluación de las políticas públicas.

Debemos aspirar a que la evaluación de las políticas públicas sea un ingrediente más del ciclo de diseño, aprobación e implementación de las políticas públicas; a que las evaluaciones se lleven a cabo de forma sistemática y rigurosa, y a que el resultado de dichas evaluaciones sea público y se tome en cuenta en las decisiones políticas. La convicción que mueve este razonamiento: si las decisiones de política económica están mejor fundamentadas, el impacto económico de la política fiscal será mayor.

El contexto apremia. Con unos déficits públicos abultados y una deuda elevada, los recursos, siempre escasos, deben ser empleados aún con más efectividad. Pero además de esta advertencia, ineludible para un economista, también hay elementos de oportunidad muy relevantes en el contexto actual. El desarrollo de las técnicas de big data, machine learning e inteligencia artificial está permitiendo la aparición de nuevas fuentes de información económica que pueden mejorar, y mucho, la capacidad de evaluar las políticas públicas. Ahora podemos seguir la evolución de la actividad económica en tiempo real y con un nivel de desagregación elevadísimo. Ello nos debería permitir evaluar el impacto de las políticas públicas y corregirlas, si es necesario, de forma mucho más rápida y efectiva. El indicador elaborado por CaixaBank Research durante la pandemia para medir en tiempo real la evolución de la desigualdad, y el efecto de las transferencias del sector público, puede ser una herramienta útil en este sentido.

Más allá de los elementos de necesidad y de oportunidad, tenemos el deber moral de utilizar los recursos públicos de la mejor manera posible, especialmente ahora que una parte muy sustancial se obtendrá gracias a la solidaridad de los distintos países europeos. La evaluación de las políticas públicas es una herramienta muy valiosa en este sentido, ya que permitiría mostrar, tanto a la ciudadanía como a los socios europeos, que los recursos se emplean de manera efectiva. Ello mejoraría la mermada confianza en las instituciones, y en el sistema democrático en general, y también reforzaría el proyecto europeo.

El Gobierno ya ha movido ficha. A mediados de junio finalizó la consulta pública previa sobre el «Anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas». No todo está en manos de la política económica. Pero esta debe hacer todo lo que está en sus manos para estar a la altura de las circunstancias. Si se consigue, esta vez será diferente. Si no, la frustración podría ser de difícil digestión.