En 2020, la renta bruta disponible de las familias (RBD) se mantuvo prácticamente constante en la eurozona respecto al año anterior.1 ^,2 Esta dinámica se explica por el comportamiento del mercado laboral y por la multitud de programas públicos de apoyo al empleo y a la renta de las familias.

En primer lugar, ante un desplome inusitado del PIB del 6,8% en 2020, el incremento de la tasa de paro fue muy moderado (del 7,6% al 8,0%) gracias, en buena parte, a los programas de apoyo a los ingresos del trabajo, algunos ya existentes pero extendidos y otros creados para hacer frente a la pandemia, como los programas de ajuste temporal de empleo, que generalmente implican una reducción subsidiada (parcial o total) del horario laboral, con carácter temporal.3 En ausencia de estas medidas, se estima que el aumento en la tasa de paro hubiera sido entre 1 y 1,5 p. p. más elevado en el promedio de la UE.4 Además, a los programas destinados a apoyar directamente la remuneración de los trabajadores, se sumaron las múltiples medidas de apoyo a autónomos y empresas que, indirectamente, favorecieron el mantenimiento de puestos de trabajo y remuneraciones. Con todo ello, como muestra el segundo gráfico, en el conjunto de la eurozona las remuneraciones del trabajo cayeron un 2%, una cifra relativamente pequeña en comparación con el desplome de la actividad económica que se produjo. De hecho, el tercer gráfico muestra cómo la sensibilidad de la renta bruta a la caída del PIB ha sido muy inferior en esta crisis que en la anterior gran recesión.

En segundo lugar, las ayudas públicas directas (en forma de transferencias o aplazamiento/reducción de impuestos y cotizaciones sociales) a nivel agregado compen­saron la caída en las remuneraciones. Se pusieron en marcha importantes medidas fiscales directamente des­­tinadas a las familias, tanto del lado del gasto público –con un gran número de beneficios sociales creados o extendidos para hacer frente a meses de turbulencia– como del lado de la tributación –principalmente, medidas temporales con el objetivo de proveer a las familias con un «balón de oxígeno» financiero temporal para hacer frente a necesidades imprevistas como, por ejemplo, con la extensión de los beneficios por baja médica, subsidio para el cuidado de hijos o diferimiento de impuestos y otras prestaciones–.

En concreto, como muestra el cuarto gráfico, en la eurozona los beneficios sociales contribuyeron en unos 3 p. p. para estabilizar la RBD y compensar las caídas en los ingresos de las familias. Por otro lado, y a diferencia de crisis anteriores, las medidas tributarias también ayudaron de manera significativa a la estabilización de la RBD, con una contribución de 1 p. p.

La evolución de la RBD y del mercado de trabajo en la eurozona esconde un elevado grado de heterogeneidad entre países, reflejo de diferencias en la virulencia de la pandemia y las consecuentes restricciones a la actividad, la distinta sensibilidad a estas restricciones por parte de la estructura económica de cada país y la diversidad de políticas fiscales aplicadas. Las remuneraciones del trabajo sufrieron descensos más importantes en España, Francia e Italia, en torno al 4%, mientras que en Alemania y en Portugal las oscilaciones fueron casi nulas y, en el otro extremo, en los Países Bajos, las remuneraciones del trabajo subieron un 3%. En paralelo, las diferencias en el mix de políticas fiscales fueron también sustanciales e ilustran las distintas estrategias de los países para hacer frente a los efectos inmediatos de la pandemia. España, Portugal y Alemania tuvieron una respuesta predominante del lado de políticas de gasto social. En cambio, en Francia e Italia las medidas tributarias tuvieron un papel importante (+3 y +2 p. p., respectivamente) en la estabilización de la RBD.5

Buena parte de la heterogeneidad entre países también se explica por las diferencias en el diseño y la generosidad de las medidas de apoyo al mercado laboral. Por ejemplo, estos programas pueden ofrecer un subsidio a las horas no trabajadas (caso de España, Portugal, Alemania y Francia), un subsidio salarial (equivalente a un subsidio a las horas trabajadas, casos de Australia o Polonia) o un sistema híbrido donde las empresas reciben un subsidio proporcional a la pérdida de ingresos (Países Bajos).6 Asimismo, también hay diferencias importantes en la tasa de reemplazo de las remuneraciones, en sus límites máximos, los tipos de contratos cubiertos, su extensión a lo largo del tiempo y la contribución de las empresas. Todas estas diferencias quedan reflejadas en la tasa de reemplazo efectiva: si nos centramos en los trabajadores con sueldos medianos y reducción total de la jornada laboral, mientras que en España, Italia o Bélgica la tasa de reemplazo efectiva se sitúa alrededor del 50%, en Portugal, Alemania y Francia estos programas garantizan entre el 60% y el 70% de los ingresos anteriores del trabajador. En los Países Bajos, la tasa de reemplazo efectiva es del 100%.7 Muchos países limitaron también estos subsidios solo a casos de reducción total de horas de trabajo (Reino Unido o Grecia).

En 2020, la política fiscal demostró un mayor grado de coordinación, magnitud y velocidad de respuesta que en crisis anteriores y logró aislar la economía de cicatrices más profundas en el mercado de trabajo y el tejido empresarial. En el conjunto de los países de la eurozona, los estabilizadores automáticos y medidas fiscales extraordinarias también han logrado proteger la renta de las familias de fuertes oscilaciones en las remuneraciones del trabajo y el capital. La resiliencia fue una de las palabras del año, pero esta no habría sido posible sin el Kurzarbeit, la Activité partielle, los ERTE y una multitud de programas públicos de apoyo a familias y empresas. En adelante, la política fiscal seguirá siendo clave. Por un lado, la fase de recuperación y los fondos Next Generation EU representan ahora una oportunidad única para reactivar y transformar la economía europea. Y, por el otro, la política fiscal tendrá que volver a centrarse en sus puntos más fuertes: seguir ayudando a los grupos sociales más vulnerables, ofrecer asistencia a aquellos sectores económicos más sensibles y alinear incentivos privados para ayudar a construir una economía más dinámica, más inclusiva y más sostenible.