Desde que existe un amplio consenso en la necesidad de transformar la economía para hacerla medioambientalmente sostenible, se ha subrayado el importante rol que deben ejercer las políticas públicas. En los años previos a la COVID-19 es cuando se forjó este amplio consenso a nivel global y, en el caso de la UE, había una firme voluntad política de transformar la economía a través del llamado Green Deal. Esta convicción se ha redoblado tras el estallido de la pandemia. Así, nos encontramos en un momento único para dar un impulso aún mayor a las políticas medioambientales, con el apoyo a una recuperación económica verde a corto plazo y, sobre todo, con la transformación del modelo económico a medio y largo plazo para que sea más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Uno de los aspectos más destacables del plan de recuperación europeo, el llamado Next Generation EU (NGEU),1 es el elevado peso que tendrán los proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Es importante tener en cuenta que el impulso de proyectos con estas características no tiene por qué conllevar un menor impacto sobre el crecimiento eco­­nómico.2 En este sentido, la tabla adjunta enumera algunas de las medidas que pueden tener un papel protagonista para impulsar una recuperación verde y que han sido apuntadas por varios organismos internacionales, como el FMI.

Sin embargo, para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones también serán necesarias medidas adicionales que, en algunos casos, podrían suponer un freno para el crecimiento económico. Por ejemplo, existe un amplio consenso entre los economistas en la necesidad de imponer un impuesto a las emisiones que desincentive la producción de bienes y servicios contaminantes en favor de aquellos medioambientalmente más sostenibles. En este sentido, un reciente estudio del FMI apunta que la aplicación de un conjunto de medidas a nivel global como las descritas en la tabla junto con la aplicación de una tasa sobre las emisiones que vaya aumentando gradualmente no su­­pon­­dría un obstáculo para el crecimiento a largo plazo y tendría un efecto positivo para el medio ambiente. Concretamente, gracias a estas medidas, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 podrían llegar a reducirse un 80% con respecto a los niveles actuales y las emisiones restantes para alcanzar la neutralidad climática serían extraídas de la atmósfera mediante procesos naturales, acelerados por la reforestación, y artificiales, como la captura y el alma­­ce­­namiento de los GEI. El impacto de este conjunto de medidas sobre la economía global acabaría siendo neutro a largo plazo: el crecimiento acumulado hasta el año 2050 en el caso de tomarse estas medidas sería muy similar al de un escenario en el que estas no se llevan a cabo. Además, esta comparativa no tiene en cuenta que sin estas medidas el daño sobre la economía podría ser de hecho mucho mayor, ya que aumentaría el riesgo de que se materializasen eventos meteorológicos extremos y con un elevado impacto económico. No en vano, se estima que la mayor frecuencia y violencia de eventos meteorológicos adversos y el cambio derivado de la nueva climatología en algunas regiones podrían reducir el PIB global de 2100 entre un 15% y un 25% si no se actúa a tiempo.3

En cuanto a la creación de empleo, una recuperación verde produce una relocalización de empleos entre los sectores más contaminantes y los más limpios. Si nos centramos en el sector energético, la intensidad laboral (la cantidad de empleo por unidad de energía producida) de las fuentes renovables es mucho mayor que en la industria de generación energética basada en los combustibles fósiles, sobre todo en el caso de la energía solar fotovoltaica. Varios estudios apuntan en esta dirección y encuentran que la generación de empleo al invertir en energías renovables y en eficiencia energética es casi tres veces mayor que hacerlo en la industria de los combustibles fósiles.4 En cualquier caso, la recuperación verde debe tener en cuenta aquellos sectores que puedan verse afectados negativamente, puesto que, en ausencia de mecanismos de compensación, no podría llevarse a cabo la transición de forma armónica y justa.5

En el caso del NGEU, está previsto otorgar 312.500 millones de euros en transferencias no reembolsables y 360.000 millones en préstamos entre 2021 y 2026 a los Estados miembros de la UE para financiar proyectos de inversión y reformas. Las acciones concretas de los planes de recuperación deberán ser presentadas por los Estados miembros, pero, en el plano climático –una de las grandes prioridades del NGEU al tener que destinarse un 30% de los fondos a la lucha contra el cambio climático– deberán centrarse en impulsar las energías limpias y renovables, invertir en un transporte más limpio y mejorar la eficiencia energética del parque de edificios.6 Si nos centramos únicamente en las transferencias a fondo perdido, la mayor parte de estas se asignarán en función del PIB de cada Estado y en función del impacto de la COVID-19. En este sentido, destaca que, sin pretenderlo, la distribución de estos fondos estará positivamente correlacionada con la intensidad de GEI por euro de PIB de los distintos países. Este hecho es muy positivo, puesto que en caso de realizar las inversiones adecuadamente, los países relativamente más contaminantes podrán acercarse a los que ya tienen un modelo productivo más limpio.

En el caso de España, las transferencias europeas se concretarán en 72.000 millones de euros (cerca del 6% del PIB de 2019), un 37% de las cuales (26.640 millones de euros) se destinará a inversiones verdes. El impacto que estas ayudas tendrán sobre la actividad económica y el empleo podría ser mucho mayor que el observado en planes de recuperación anteriores. En concreto, las estimaciones descritas en este artículo sobre el impacto en el mercado laboral sugieren que el empleo que podría crear cada euro de los 26.640 millones podría ser hasta un 60% superior al que llegó a crear el PlanE de 2008 si las inversiones se realizan adecuadamente.7