A estas alturas de la pandemia, a nadie le queda ninguna duda de que la evolución de la situación sanitaria es el gran determinante del escenario económico. Tras un periodo de relativa normalidad durante el verano, las restricciones a la movilidad y a la actividad se han tenido que volver a endurecer en gran parte de los países europeos. El impacto económico de esta segunda oleada es significativo, aunque claramente inferior al de los severos confinamientos del segundo trimestre. Esta situación ha enfriado las perspectivas económicas de cara al inicio del año 2021, aunque las perspectivas para la primavera son más halagüeñas, con las esperanzas puestas en la disponibilidad de una vacuna contra la COVID-19 y otras herramientas que ayuden a reforzar la estrategia sanitaria (como, por ejemplo, la práctica de test rápidos a la población, de forma masiva y a bajo coste).
La actividad en el mercado inmobiliario español se está recuperando de la extraordinaria caída experimentada durante el primer confinamiento. Así, en el tercer trimestre de 2020, las compraventas de vivienda y los visados de obra nueva han recuperado gran parte del terreno perdido, una tendencia positiva que prevemos que se afiance en 2021. En cambio, el impacto de la crisis en el precio de la vivienda ha sido, por ahora, relativamente moderado, y seguimos esperando una cierta corrección en el tramo final de 2020 y la primera mitad del año 2021. En particular, los nuevos modelos de previsión del precio de la vivienda a nivel provincial de CaixaBank Research, basados en grandes cantidades de información (big data) y aplicando técnicas de machine learning, predicen que el precio de la vivienda disminuirá en 7 de cada 10 provincias españolas en 2021 y crecerá de forma muy moderada en el resto.
Con todo, es importante recordar que la magnitud del impacto económico de la COVID-19 es enorme y que las secuelas de la pandemia sobre el sector tardarán en desaparecer. En este sentido, el Plan de Recuperación Europeo Next Generation EU (NGEU), dotado con la nada desdeñable cifra de 750.000 millones de euros, contribuirá de forma decisiva a afianzar la recuperación. Uno de los objetivos principales de la UE, al que este plan de recuperación pretende contribuir significativamente, es la transición ecológica hacia la neutralidad climática en 2050. En la UE los edificios son responsables de cerca del 40% de las emisiones de gases causantes del calentamiento global, por lo que la involucración y el compromiso del sector inmobiliario son imprescindibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta los objetivos fijados. Así, por ejemplo, los edificios «inteligentes», más eficientes energéticamente, apoyan al mismo tiempo otro de los ejes que marca la Comisión, la transición digital.
Los fondos europeos representan una oportunidad única para modernizar la economía española, que recibirá unos 72.000 millones de euros en transferencias no reembolsables entre 2021 y 2026, lo que equivale al 5,8% del PIB de 2019. Alrededor de un 6% de los fondos europeos NGEU se destinarán a la rehabilitación de viviendas y permitirán triplicar la inversión pública en este ámbito. En particular, el Gobierno prevé que se rehabiliten 500.000 viviendas entre 2021 y 2023, un objetivo muy positivo para el sector si se materializa pero también muy ambicioso, puesto que alcanzar este objetivo supone multiplicar el ritmo actual de rehabilitación por seis en tres años.
Además de la rehabilitación, otra de las prioridades de las políticas de vivienda para los próximos años es el fortalecimiento de la vivienda social. El fuerte impacto económico y social de la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un amplio parque público de viviendas en alquiler para solventar la actual carestía y tener la capacidad para dar una solución habitacional a la población más vulnerable. Unas políticas que deberían impulsar una recuperación verde, social
y digital.