La actividad constructora se vio directamente afectada a lo largo del estado de alarma, especialmente durante las dos semanas en las que se restringieron todas las actividades no esenciales. El desplome del consumo de cemento en abril, del –50% interanual, así lo atestigua. Sin embargo, a medida que se han ido levantando las restricciones a la actividad, las obras que estaban en construcción se han reanudado de forma relativamente rápida y, a pesar de algunas disrupciones de aprovisionamiento en la cadena de suministros, no se esperan retrasos significativos en la entrega de viviendas nuevas en 2020. Los últimos datos disponibles sobre certificados de fin de obra, correspondientes al mes de marzo, muestran que en los últimos 12 meses se han terminado 81.700 viviendas (+17,6% interanual). Dado que en 2019 se concedieron visados por más de 100.000 viviendas, prevemos que este año se podrían terminar entre 80.000 y 100.000. 

En cambio, es muy probable que este año se ralentice el inicio de nuevos proyectos de edificación a causa del clima de incertidumbre y de mayor aversión al riesgo, lo que afectaría al número de viviendas terminadas en 2021. Los visados de obra nueva retrocedieron un 37% interanual en el mes de marzo frente a un crecimiento del 5,5% en 2019. El impacto que pueda tener la COVID-19 en la nueva edificación dependerá, en gran medida, de las expectativas sobre la persistencia del shock económico. La promoción inmobiliaria es un negocio a largo plazo y que requiere de un entorno de cierta estabilidad de precios para asegurar que la promoción sea rentable a unos dos años vista. En este sentido, la caída del índice de sentimiento económico del sector constructor hasta los –32,4 puntos en mayo (frente a un promedio de –7 puntos en 2019) apunta a mayores caídas de la actividad en los próximos meses. 

Así, prevemos que los visados de obra nueva retrocedan de forma significativa en 2020. La incertidumbre es muy elevada, y ello se refleja en un rango de previsiones relativamente amplio: prevemos una caída entre el 40% y el 20%, es decir, entre 65.000 y 85.000 visados de obra nueva. En 2021, se produciría una recuperación gradual de los visados de obra nueva de la mano de una menor incertidumbre económica y sobre la evolución de la pandemia (rango entre 75.000 y 95.000 viviendas).

La pandemia ha tenido un fuerte impacto en el mercado laboral. Entre el 11 de marzo y el 31 de mayo, el número de afiliados en el sector de la construcción retrocedió un 5,9% (–75.000).1  Adicionalmente, 93.400 afiliados en la construcción estaban afectados por un ERTE y 168.647 autónomos habían solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad a 31 de mayo. Por tanto, un 26,4% de los afiliados del sector a 11 de marzo no estaban trabajando a finales de mayo. Este elevado porcentaje, sin embargo, es inferior al promedio del conjunto de la economía (29,1%), puesto que hay sectores como la hostelería (79,7%) y el comercio (36%) mucho más afectados por la crisis (véase el siguiente gráfico). Las actividades inmobiliarias, por su parte, han sufrido relativamente menos en términos de afiliación (–6.700 afiliados entre el 11 de marzo y el 31 de mayo, un –4,5%), pero en cambio muchos trabajadores han sufrido un ERTE (16,7%) y un 43% de los autónomos del sector han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad. 

En los próximos meses, las expectativas de creación de empleo por parte de las empresas del sector constructor no son halagüeñas. En mayo, el indicador de la Comisión Europea sobre perspectivas de contratación en el sector anotó –30 puntos, una mejora de 10 puntos respecto al mínimo de abril (–40 puntos), pero muy inferior al promedio de –7 puntos registrado en los 12 meses precrisis.

Las importantes pérdidas de empleo en la construcción están relacionadas con el tipo de relaciones laborales y la estructura empresarial. En concreto, la mayor destrucción de empleo ante un shock se explica en parte por la elevada temporalidad (un 40% de los trabajadores del sector constructor tenían un contrato temporal en 2019), por el elevado peso de trabajadores autónomos (un 30% del total) y de empresas pequeñas (un 55% de las empresas de construcción en España no tienen asalariados y un 40% adicional tienen menos de 10 asalariados). Esta situación pone de relieve los problemas estructurales del sector, que se hacen más visibles en épocas de crisis. En este sentido, se debería apostar por una estrategia de salida de la recesión en la que se fomente el crecimiento empresarial y la gestión del capital humano, por ejemplo, con medidas para retener la mano de obra cualificada e invertir en formación y calificación del personal.