Durante el último ciclo económico expansivo, en los países periféricos se redujeron los estándares de calidad del crédito otorgado, lo que propició un fuerte crecimiento del crédito. En algunos casos, como los de Irlanda y España, este boom crediticio se concentró en el sector de la construcción. En países como Portugal y, en menor medida, Italia, el principal destinatario de la financiación bancaria fueron las empresas del resto de sectores. En el caso de Grecia, la banca tenía una elevada exposición al sector público, cuya deuda crecía a marchas forzadas, lo que puso en duda su sostenibilidad. A pesar de estas diferencias, en todos los casos los excesos cometidos durante esos años previos al inicio de la crisis sentaron las bases para la fase de recesión. Una de las principales secuelas que ha dejado la crisis en la banca es el deterioro de la calidad de sus activos, lo que ha mermado la rentabilidad y la solvencia del sistema bancario. Este artículo del Dossier analiza las medidas implementadas para subsanar las deficiencias de la banca periférica.
Al estallar la crisis financiera, y después de un periodo de incertidumbre, el BCE optó por relajar la política monetaria facilitando un entorno ultraacomodaticio y proporcionando liquidez abundante y barata a todo el sistema bancario de la eurozona. Si bien esta intervención fue necesaria para que la banca reemplazara la financiación mayorista, que se había desvanecido al estallar la crisis, no impidió que, a medida que avanzaba la recesión y el entorno económico empeoraba, los activos en los balances de la banca fueran deteriorándose rápidamente, lo que puso en peligro la solvencia de muchas de las entidades. Por este motivo, la mayoría de los países de la periferia (Portugal, Grecia, Irlanda y España) requirieron ayuda financiera del resto de socios europeos para recapitalizar las entidades más afectadas. Una ayuda que, en muchos casos, estuvo acompañada de un programa de apoyo económico a las arcas públicas, condicionado a la implementación de reformas estructurales y de consolidación fiscal.
Además de estas medidas de urgencia a nivel europeo, a nivel nacional también se hicieron esfuerzos para sanear rápidamente los balances de las entidades bancarias. Ello fue imprescindible para que las debilidades de este sector no afectaran al resto de la economía. Para aquellos países en los que el crédito dudoso se concentraba en sectores específicos, se establecieron sociedades de gestión de activos (SGA, también conocidas como «bancos malos») cuyo objetivo era sanear de forma rápida y eficaz los balances de las entidades mediante la compra de estos activos, con unos haircuts establecidos y a cambio de bonos garantizados por el Estado. En particular, destacan las sociedades de Irlanda (NAMA) y de España (SAREB),1 ambas centradas en la adquisición de crédito al sector inmobiliario. La creación de estas sociedades tuvo amplios beneficios. Desde el punto de vista de los bancos, permitió (i) que concentraran sus recursos en la gestión del negocio sano, (ii) que obtuvieran liquidez de forma rápida y (iii) que eliminaran la incertidumbre acerca de la calidad de los activos que permanecen en sus balances.2 Asimismo, otros beneficios de carácter más genérico fueron que las SGA se beneficiaron de las economías de escala conseguidas con la gestión de un elevado volumen de activos similares y que actuaron, en la medida de lo posible, como catalizador de un mercado de compraventa de carteras de crédito dudoso en la eurozona.3
En cuanto al resto del crédito improductivo disperso en el resto de sectores de la economía, fueron necesarias otras medidas de carácter más genérico. De nuevo destaca el caso de España, que avanzó en el fomento de la capitalización de la deuda empresarial (canje de deuda a capital) al reforzar el poder de los acreedores durante procesos de refinanciación y restructuración. De forma similar, otros países modificaron los regímenes impositivos para acelerar la resolución del crédito dudoso. Como por ejemplo Italia, que alteró el tratamiento impositivo para permitir que las provisiones fuesen fiscalmente deducibles en el año en que se generaban.
Si bien todas las medidas mencionadas, tanto a nivel nacional como europeo, supusieron un alivio inmediato para el sector bancario periférico, su principal objetivo era esterilizar el entorno y curar los síntomas de la enfermedad (es decir, reducir la morosidad). Por tanto, se requerían esfuerzos adicionales para tratar las causas de fondo del problema.
A nivel nacional, se implementaron varias reformas para corregir las deficiencias estructurales del sector bancario. En primera instancia, en países como España e Italia, se desarrolló un marco legal con el objetivo de mejorar la gobernanza corporativa de las entidades bancarias. Un ejemplo claro es la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro en España, que ha fomentado su conversión a bancos, lo que facilitó la captación de capital en los mercados a la vez que aportaba transparencia y disciplina a las instituciones. De forma similar, Italia aprobó un decreto ley para incentivar la transformación de los grandes bancos cooperativos (banche popolari) en empresas cotizadas. Esta reforma busca modernizar la gobernanza de la banca, lo que mejora los mecanismos de gestión del riesgo, a la vez que fomenta la consolidación del sector.
Otras reformas de carácter estructural se encaminaron a agilizar y mejorar la eficiencia de los procedimientos concursales en régimen de insolvencia.4 Ello no solo acelera la resolución de los activos improductivos, sino que además facilita el desapalancamiento del sector privado, a la vez que garantiza la supervivencia de las empresas viables. En esta materia, todos los países periféricos salvo Grecia han hecho avances. Destaca el más reciente llevado a cabo en España, donde se aprobó la Ley de segunda oportunidad para autónomos y particulares, que les permite una condonación parcial de sus deudas durante procesos concursales con ciertas condiciones.
Todas estas medidas de carácter estructural van encaminadas a fomentar modelos de negocio sostenibles a largo plazo para las entidades bancarias y una evolución de la concesión de crédito adecuada a las necesidades del sector privado. Todo ello enmarcado dentro de la unión bancaria, mecanismo que a medio plazo debería acabar con la fragmentación financiera y romper el círculo vicioso entre riesgo soberano y crediticio. Para que ello sea posible, será necesaria la trasferencia de competencias en materia de supervisión (mecanismo único de supervisión) y en la gestión y resolución de futuras crisis bancarias (mecanismo único de resolución). A su vez, será necesario avanzar hacia un fondo de garantía de depósitos, el tercer pilar de la unión bancaria, que garantice por igual los depósitos de cualquier entidad con independencia del país de procedencia.
Los resultados de todas las reformas implementadas hasta la fecha en el sector financiero se plasman en las dinámicas del crédito bancario de los distintos países. Si bien en la actualidad el volumen de préstamos bancarios en estos países sigue reduciéndose a causa del proceso de desapalancamiento del sector privado, la velocidad de la contracción ha ido disminuyendo en los últimos meses y se encuentra cerca de volver a terreno positivo. En este sentido, para tener una visión más real de las dinámicas subyacentes de los préstamos bancarios se debe analizar la evolución de las nuevas operaciones. Concretamente, la concesión de préstamos a empresas no financieras creció en agosto respecto al año anterior en España, Italia e Irlanda. En cuanto a los hogares, las nuevas operaciones avanzaron positivamente en España, Italia, Irlanda y Portugal, aunque en el caso de Irlanda, la nueva concesión de préstamos a hogares para la compra de vivienda sigue sin recuperarse.
En conclusión, los países de la periferia que han implementado profundas reformas en el sector bancario poseen en la actualidad unas entidades recapitalizadas y eficientes, lo que les permite tener una mayor capacidad para conceder crédito y apoyar la recuperación económica de la región. Urge que aquellos que todavía no han iniciado este arduo camino reformista, como es el caso de Grecia, sigan el ejemplo de sus socios más adelantados, y que todos continúen trabajando en la reducción de la morosidad para restablecer definitivamente la salud del sistema bancario europeo.
Ariadna Vidal Martínez
Departamento de Macroeconomía, Área de Planificación Estratégica y Estudios, CaixaBank
1. Italia analiza la creación de una SGA para el crédito dudoso concedido a empresas. Véase el Focus «Las tareas pendientes del sistema bancario italiano» del IM10/2015.
2. También proporciona cierto alivio sobre el capital exigido, gracias a una reducción de los activos ponderados por riesgo.
3. Las transacciones de compraventa de carteras de crédito dudoso en Europa fueron de 64.000 millones de euros en 2013 y de 470.000 millones de dólares en EE. UU.
4. La Comisión Europea ha dado recomendaciones acerca de unos principios comunes en esta materia con el objetivo de reducir las diferencias entre países.
