Los desequilibrios externos de los países periféricos se incrementaron de manera sustancial después de la formación de la unión monetaria europea. La propia crisis, pero también las reformas implementadas, contribuyeron a corregir la mayoría de casos. Si bien gran parte de la corrección ha sido consecuencia directa de la profundidad de la crisis y de sus efectos sobre la caída de la demanda interna, una parte de la mejora de los saldos exteriores ha sido resultado de las ganancias de competitividad a raíz de los procesos de liberalización del mercado laboral y de bienes y servicios. Unas ganancias que deberían ir a más, a medida que las reformas y la liberalización vayan surtiendo efecto.1

Justo antes del estallido de la crisis, la mayoría de países periféricos (con excepción de Italia) mostraba déficits por cuenta corriente en torno al 10% del PIB. Entre 2008 y 2013 estos saldos corrientes se tornaron superavitarios, empujados por unas menores importaciones, pero también por la fortaleza de las ex­­portaciones. Precisamente, en este Dossier analizamos las me­­didas que, por su impacto en la competitividad, deberían seguir apoyando esta fortaleza exportadora y favorecer la re­­ducción de las importaciones. En concreto, nos centraremos en las medidas que afectan al plano laboral y al mercado de bienes y servicios.

En el ámbito del mercado de trabajo, las medidas implementadas han tratado de facilitar un mejor ajuste de la fuerza laboral y de la retribución de los trabajadores a las condiciones eco­­nómicas a lo largo del ciclo. Entre estas medidas, destaca una disminución del coste de indemnización por despido en Grecia, España y, especialmente, en Portugal. Aun así, en España, y a pesar de la rebaja, este coste todavía se sitúa muy por encima del promedio europeo, griego y portugués: asciende a 14,3 semanas de salario para los despidos procedentes de trabajadores con una antigüedad de cinco años, frente a las 13,0 semanas de los empleados griegos o a las mucho más exiguas 8,6 de los portugueses, según el informe Doing Business elaborado por el Banco Mundial.

Entre las reformas que inciden en la retribución de los trabajadores, sobresalen los cambios en el proceso de negociación colectiva que han favorecido una opción más descentralizada de negociación, según la cual los convenios a nivel de empresa prevalecen sobre otros a nivel sectorial o provincial. Este tipo de recetas, que aumentan la flexibilidad interna de las empresas y permiten ajustar mejor los salarios a los niveles de productividad empresarial, son las que deberían proporcionar mejores resultados a medio plazo sobre la competitividad de los países. España y Grecia han avanzado considerablemente en este aspecto. Por ejemplo, Grecia suspendió en 2011 la cláusula de favoritismo que obligaba a iniciar cualquier tipo de negociación a partir del contrato más favorable conseguido por trabajadores parecidos. Asimismo, ese mismo año permitió la firma de nuevos acuerdos a grupos de trabajadores representativos, en el caso de que no existiera representación sindical en la empresa. Por el contrario, en Portugal los avances en este frente han sido menos contundentes. El motivo es que, si bien se permite la suspensión de los acuerdos colectivos a nivel sectorial frente a un nuevo acuerdo a nivel empresarial, para que la suspensión del acuerdo sectorial sea posible se exige la firma de los firmantes originales. Esta condición ha limitado el número de suspensiones y, por tanto, de nuevos convenios a nivel empresarial.2 Con todo, Portugal ha acometido, en conjunto, importantes reformas en el ámbito laboral. Además de la rebaja del coste de despido ya mencionada, ha potenciado la flexibilidad horaria, ha fortalecido las políticas activas de empleo mediante cursos de formación y el fomento del aprendizaje en las empresas, y ha reducido los subsidios por desempleo. De ahí que Portugal sea uno de los países periféricos que ha mejorado más en términos de eficiencia del mercado laboral según el índice elaborado por el Foro Económico Mundial (véase el primer gráfico, eje vertical).

En cambio, Italia es el país periférico que peor se ha comportado en cuanto a la mejora de la eficiencia de su mercado laboral, según este mismo índice. La razón principal es que, hasta hace poco, no había efectuado modificaciones significativas en este ámbito. Sin embargo, en diciembre de 2014, se aprobó una importante reforma laboral que ha entrado en funcionamiento este mismo 2015 y que pretende atacar el problema de la dualidad laboral. Entre otras medidas, destaca un nuevo contrato para las nuevas incorporaciones con una indemnización creciente o la no obligatoriedad de readmitir a los empleados despedidos en caso de perder el juicio.3 En este sentido, es de esperar una significativa mejora del índice de eficiencia del Foro Económico Mundial una vez recoja las políticas implementadas recientemente.

En el plano de las reformas del mercado de bienes y servicios, el grueso de las medidas se ha centrado en la reducción de los costes administrativos, por un lado, y en la mejora de la competencia de sectores clave para el funcionamiento del conjunto de la economía, por el otro. En particular, Portugal, España y Grecia han progresado sustancialmente en la simplificación ad­­ministrativa para abrir un negocio. Así, Portugal lanzó en 2011 la iniciativa «Autorización cero», que simplificaba la tramitación electrónica con la Administración central. Aunque la Co­­misión Europea todavía opine que la economía lusa tiene que hacer más hincapié en la facilitación de los trámites de las Administraciones locales, según el índice Doing Business elaborado por el Banco Mundial, las mejoras han sido importantes en este aspecto: en el subíndice Starting a Business, ha pa­­sa­­do de 90,22 en el índice de 2010 a 96,28 en el de 2016.4 La mejora de España en este subíndice ha sido aún mayor, pero el margen de mejora sigue siendo amplio: ha pasado de 68,88 a 86,30 (véase el segundo gráfico).

Finalmente, también se han llevado a cabo numerosas medidas para aumentar el grado de competencia en ciertos sectores relevantes. Sin embargo, y según un reciente informe elaborado por la OCDE, todavía queda trabajo por hacer.5 En concreto, la institución internacional subraya que Portugal debe seguir avanzando para aumentar la competencia en las industrias de redes, así como en algunas de las profesiones reguladas, y que España debe hacer lo propio con el elevado número de profesiones liberales que obligan a la colegiación. Por otra parte, en Italia, todavía no son claros los efectos de la extensa desregulación sobre los servicios profesionales llevada a cabo entre 2011 y 2013 (véase el primer gráfico, eje horizontal). Y aunque Grecia ha rebajado sustancialmente las barreras a la competencia en numerosos sectores y profesiones, cabe recordar que era unos de los países con más regulaciones sobre los servicios profesionales entre los países de la UE, por lo que será necesario supervisar su evolución.

En definitiva, los procesos de liberalización del mercado de trabajo y de bienes y servicios en los países periféricos han sido im­­portantes. Y las medidas que se han implementado han proporcionado una mayor flexibilidad laboral y han reducido las barreras a la competencia en diversos sectores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, en el terreno laboral, el todavía elevado grado de dualidad es un elemento que debe ser atacado con acciones más definitivas. En el plano de las reformas de mercado, incrementar el grado de competencia en numerosos servicios y profesiones liberales parece también un aspecto común que se debería fortalecer. Así pues, las buenas cifras que van sucediéndose en el plano de la actividad económica en gran parte de la eurozona no deben ha­­cernos perder el empuje reformista que los años de crisis nos han obligado a afrontar.

Clàudia Canals

Departamento de Macroeconomía, Área de Planificación Estratégica y Estudios, CaixaBank