En las últimas décadas, la población en España ha ido encaneciendo de manera progresiva. Mientras que, en el año 1971, el 8,9% del censo tenía más de 65 años, el porcentaje había aumentado hasta el 17,5% en 2015 y se espera que se sitúe cerca del 20,0% en 2020. Este proceso de envejecimiento pronto tendrá un fuerte impacto sobre el crecimiento económico y las principales partidas que conforman el Estado del bienestar, y podría acentuarse en los próximos años.1

Según la Comisión Europea, las proyecciones de los principales motores de la demografía revelan que el proceso de envejecimiento poblacional tiene visos de seguir. La tasa de natalidad, del 1,3% en 2013, se recuperará ligeramente a largo plazo (hasta el 1,5% en 2050), pero se mantendrá por debajo de la tasa del 2,1%, que garantiza el reemplazo poblacional. Entre 2013 y 2050, la esperanza de vida al nacer aumentará en 4,9 años para los hombres y en 4,4 años para las mujeres (hasta los 84,4 y 89,1 años, respectivamente). En ese mismo periodo, se estima que el saldo neto migratorio será positivo y que podría alcanzar el medio millón de personas. Sin embargo, será insuficiente para frenar esta dinámica. Como resultado, la tasa de dependencia de los mayores de 65 años (la proporción de población mayor de 65 años respecto a la que se encuentra en edad de trabajar, entre los 16 y los 64) pasará del 27% en 2013 al 62% en 2050.

Como se describe detalladamente en el artículo «El impacto de la transición demográfica ¿es inevitable?» del presente Dossier, el efecto de un menor crecimiento demográfico y del envejecimiento de la población sobre el crecimiento económico puede ser de primer orden. En el caso de la economía española, el cambio en el papel que desempeñará la demografía en el crecimiento es evidente cuando se compara con el que ha tenido durante las últimas décadas y el que se espera que tenga. Concretamente, entre 1980 y 2007, la población en edad de trabajar aumentó un 1,1% anual en promedio, en gran medida como resultado de que los baby boomers entraron en este grupo. También la inmigración tuvo una función destacada en este proceso, especialmente entre los años 2000 y 2008, cuando el porcentaje de activos extranjeros sobre el total se incrementó del 3,0% al 15,5%. A todo ello, además, se sumó una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral (la tasa de actividad femenina aumentó del 27,8% en 1980 al 49,5% en 2007).

Las perspectivas para los próximos años son bien distintas. Según las previsiones de la Comisión Europea, la población en edad de trabajar caerá un 0,6% anual en promedio entre 2013 y 2050. Uno de los principales factores del cambio de tendencia es que la generación del baby boom actualmente tiene entre 50 y 55 años y, por tanto, se encuentra a las puertas de la jubilación. Entre los distintos factores que pueden amortiguar esta situación, a priori, no se espera que la inmigración tenga el mismo protagonismo de los últimos años, en parte porque tras los fuertes influjos que se produjeron, España es uno de los países desarrollados con una mayor proporción de población extranjera. En cambio, la tasa de participación de la mujer y de la población de más edad sí podrían ayudar a amortiguar el cambio de tendencia en la población en edad de trabajar. De hecho, a corto plazo, es previsible que la mejora de la economía y las reformas aprobadas recientemente, que buscan estimular el trabajo de los individuos más mayores, generen un aumento de la participación que compense con creces la caída de la población en edad de trabajar derivada del ingreso de los baby boomers en la etapa de jubilación. En este sentido, las proyecciones de la Comisión Europea contemplan un avance de la tasa de actividad femenina (entre 20 y 64 años) del 72,4% en 2013 al 78,6% en 2020, y de la tasa de actividad de la franja superior de edad (entre 55 y 64 años) del 54,2% al 67,8%.

Sin embargo, a más largo plazo, estos mecanismos compensatorios del proceso de envejecimiento estarán cada vez más cerca de su límite, lo que podría conllevar un estancamiento de la población en edad de trabajar. En este entorno, el avance de la productividad pasaría a ser todavía más crucial si cabe para la economía española, y la evolución reciente no invita al optimismo: en promedio, entre los años 2000 y 2014, el crecimiento de la productividad total de los factores fue del –0,7% anual.2

La segunda gran preocupación del cambio demográfico es cómo afectará a la sostenibilidad del Estado de bienestar (véase «Cómo afectan las canas al gasto público» en el presente Dossier). Uno de los ámbitos que más preocupación genera, y en los que más se ha avanzado en los últimos años, es la sostenibilidad del sistema de pensiones. El motivo es que el envejecimiento de la población supone un gran reto en un sistema de pensiones de reparto como el español, en el cual las pensiones percibidas por los jubilados en un periodo son financiadas con las cotizaciones pagadas por los trabajadores en ese mismo periodo. En este caso, el incremento previsto de la tasa de dependencia podría poner en jaque al sistema si este no se adapta a los cambios demográficos. Un incremento de la tasa de natalidad ayudaría a compensar el aumento de la esperanza de vida, pero sería necesario triplicarla para mantener la tasa de de­­pen­­dencia constante ya que las dinámicas demográficas son muy persistentes.

La solución pasa, en parte, por diseñar un sistema de pensiones que adapte la vida laboral a los cambios en la esperanza de vida. Este es, precisamente, uno de los principales hitos de la reforma llevada a cabo en 2011. Nótese que, a pesar del incremento muy significativo de la esperanza de vida a partir de los 65 años (de menos de 10 años a principios del siglo XX a casi 20 años en la actualidad), hasta entonces la edad legal de jubilación había permanecido inamovible en los 65 años, desde que se estableciera por primera vez en 1919 (mediante el Reglamento general para el régimen obligatorio del retiro obrero).3 En 2011, se modificaron algunas condiciones del sistema de pensiones para reducir el ritmo de crecimiento del número de pensionistas mediante la extensión de la vida laboral de los empleados: el aumento de los años cotizados necesarios para obtener la pensión máxima de jubilación y el incremento progresivo de la edad de jubilación, de los 65 años en 2012 hasta los 67 años en 2027. La mayor participación y empleo de la gente de más edad (uno de los parachoques de los efectos del envejecimiento sobre la población en edad de trabajar mencionados anteriormente) permitirá compensar, en parte, el impacto negativo del envejecimiento sobre la población en edad de trabajar y contribuirá a mantener bajo control el aumento de la carga del gasto en pensiones que supondrá la mayor longevidad (véase el segundo gráfico).

En definitiva, las tendencias demográficas suponen un reto importante para la economía, puesto que presionan a la baja a la población en edad de trabajar. No obstante, habrá cambios en el comportamiento de la población activa a raíz de las políticas implementadas, por lo que no todo el envejecimiento se traducirá en una menor fuerza laboral y, en consecuencia, en una pérdida de crecimiento y un aumento del gasto público. Con todo, las proyecciones a medio y largo plazo son muy sensibles a pequeñas variaciones de las hipótesis utilizadas, por lo que toda prevención es poca.

Maria Gutiérrez-Domènech

Departamento de Macroeconomía, Área de Planificación Estratégica y Estudios, CaixaBank