En los actuales años de dificultades económicas, los niveles de capital, la prudencia en la gestión del riego y la productividad del sector asegurador español han dado estabilidad al sistema financiero y han contribuido de forma relevante a la economía española. Como ilustración, en 2011, el sector asegurador mostró su fortaleza a través de un volumen estimado de primas emitidas de seguro directo de 60.592 millones de euros, con un crecimiento del 4,13% respecto a 2010, a pesar del entorno contractivo. Aún con esta fortaleza comercial, el sector también se encuentra en un momento decisivo y de redefinición, con importantes desafíos a los que hacer frente en los próximos años.

La normativa de Solvencia II, equivalente a la de Basilea II para el sistema financiero, junto con la necesaria revisión de los acuerdos de bancaseguros como consecuencia de las numerosas fusiones de cajas, representan dos puntos críticos en la definición del sector asegurador del futuro en España. Además, el freno de la actividad económica y la restricción crediticia, con el deterioro de la deuda soberana de casi todos los países europeos, suponen un reto para la gestión de las inversiones en el sector.

A nivel europeo se está planteando un nuevo marco regulatorio para el sector, conocido como Solvencia II, que aumenta los requerimientos de capital y está generando debate sobre alguno de los criterios adoptados. Solvencia II es una propuesta regulatoria que previsiblemente entrará en vigor en 2014 y que, emulando la regulación del sector financiero, se estructura en tres pilares fundamentales. El primer pilar tiene carácter cuantitativo y establece los requerimientos mínimos de capital para las entidades. Los otros dos pilares son de carácter cualitativo y afectan a la gobernanza (supervisión del sector) y a la disciplina de mercado (transparencia de información).

En términos generales, Solvencia II es una evolución positiva de la regulación en la medida en que modifica las competencias del supervisor para que adquiera una visión dinámica y prospectiva, que le permita anticipar potenciales situaciones de crisis. Además, fomenta una estructura organizativa de las entidades más transparente, con una más adecuada separación de funciones y con canales de comunicación mejorados. En cuanto a la parte cuantitativa de requerimientos de capital, este modelo se basa en el establecimiento de criterios para valorar los activos y pasivos y así determinar los riesgos gestionados por cada entidad y el capital mínimo que se le exige. Según los últimos cálculos realizados con datos individuales de las entidades por parte del Comité de Basilea (QIS5), el impacto para el sector es significativo en este aspecto, ya que a las entidades aseguradoras españolas les aumentarán sus requerimientos de capital en 10.277 millones de euros, hasta los 17.205 millones de euros. Una cantidad que no supone un quebranto global para el sector, que cuenta con un exceso de solvencia y que, en cambio, debería mejorar la seguridad del sistema.

Sin embargo, a raíz del QIS5 han salido a la luz puntos de desencuentro relacionados con los productos a largo plazo. El debate se centra en el método de valoración elegido para determinar cuál es el valor de activos y pasivos en el balance de las entidades. Y es que Solvencia II propone que sea en base al valor de mercado (mark-to-market). Pero en un sector como el asegurador, en el que las carteras se mantienen a largo plazo, esta metodología incrementa la prociclicidad de los requerimientos y puede establecer los incentivos incorrectos.

Por su propia naturaleza, el riesgo asegurador es a largo plazo. Así, desde que un cliente contrata, por ejemplo, un seguro de vida-ahorro hasta que lo rescata, pueden pasar más de 20 años. Por ello, es deber de la aseguradora invertir en activos seguros a largo plazo, que le permitan asegurar que el cliente cobrará en un futuro lo garantizado. Entonces, los activos y pasivos de una compañía de seguros no deberían valorarse como si fueran a venderse mañana, que es lo que ocurre con el modelo mark-to-market, ya que ello podría provocar una gestión cortoplacista que no encaja con el modelo de negocio asegurador.

Este debate adquiere gran importancia en momentos como el actual, por lo que se están trabajando medidas que solventen esta problemática. En este sentido, aparece la opción de la prima contracíclica o el matching adjustment, que da la posibilidad de hacer ajustes a la valoración de activos y pasivos en momentos de estrés, para así evitar la prociclicidad provocada por descuentos excesivos. No obstante, hay que estudiar a fondo el diseño de la misma, para evitar que se incentive la inversión en activos de mayor riesgo y, además, deben quedar bien claros los supuestos bajo los cuales se podría aplicar esta prima, sin que ello suponga una excesiva limitación a su aplicabilidad.

De todas formas, en el complejo y cambiante entorno económico y financiero actual, los riesgos del sector asegurador no se limitan a aspectos regulatorios, sino que también los hay de negocio. Hasta 12 aseguradoras tienen alianzas con la banca, sector que distribuye un 73% de las primas de seguros de vida y gana presencia en los ramos de seguros de no-vida, donde aporta un 10% de las primas. Pero el fuerte proceso de concentración del sistema financiero, con numerosas fusiones entre cajas, obliga a revisar estos acuerdos de bancaseguros. Así, se hace necesario establecer un único operador de bancaseguros (que intermedie la venta), aunque una misma entidad financiera podrá vender en su red seguros de varias compañías, si así lo acuerdan. No será un proceso sencillo, puesto que los acuerdos actuales de bancaseguros son acuerdos privados entre entidades, con unas altas indemnizaciones en caso de ruptura, fijadas en un entorno de bonanza económica y difícilmente asumibles en el entorno actual.

A todo ello hay que añadirle el freno de la actividad económica en España, que claramente perjudica a los volúmenes de negocio y a las nuevas operaciones en los ramos de riesgo, así como la disminución en la tasa de ahorro que perjudica a los productos de ahorro. Adicionalmente, la elevada volatilidad de los mercados y las incertidumbres sobre la deuda soberana de la mayoría de países europeos dificultan la gestión de riesgos de las entidades.

En definitiva, el sector asegurador español viene mostrando en los últimos años fortaleza a nivel comercial y de solvencia, pero no está exento de presiones regulatorias y de negocio. Los que vienen son meses importantes para la definición del modelo regulatorio, para asegurar que se establecen los incentivos correctos, y para avanzar en el dibujo de un nuevo mapa competitivo en bancaseguros.