Desde el inicio de la crisis financiera en 2007, han sido numerosas y variadas las intervenciones de los estados para rescatar o reestructurar sus sistemas financieros. Aunque también han sido significativas algunas de las quiebras, como la de Lehman Brothers en Estados Unidos en septiembre de 2008 o de las danesas Amagerbanken y Fjordbank Mors en 2011. De todas formas, por el riesgo de contagio y el papel que desempeñan las entidades bancarias en los medios de pago y en el flujo de crédito a la economía, los estados han destinado importantes cantidades de dinero público a rescatar y reestructurar a las entidades en dificultades.

En Europa, para preservar la competencia, todos los programas de apoyo que los estados brindan a un sector o entidad tienen que ser aprobados por la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Desde 2007, las solicitudes de aprobación de programas de soporte a los sistemas financieros se han disparado. Entre 2007 y 2010, los países europeos han destinado 0,5 billones de euros en apoyos de capital y liquidez (4% del PIB europeo). Entre ellos, se incluyen medidas de diversa índole: inyecciones directas de capital, con o sin derechos políticos; recompras de activos tóxicos para eliminar la incertidumbre de los balances o concesión de créditos para favorecer la liquidez. Adicionalmente, las entidades han podido emitir hasta 1,1 billones de euros (9% del PIB) de deuda con aval público. A estas ayudas, se ha sumado la política macroeconómica del Banco Central Europeo, con sus inyecciones de liquidez y la compra de cédulas hipotecarias.

En función de las características y alcance, las medidas adoptadas en distintos países han tenido diferente impacto, tanto en lo que se refiere al saneamiento de sus sistemas financieros como en las cuentas públicas de los respectivos países. En este sentido, no es lo mismo dar una garantía que ofrecer un crédito o una inyección de capital. Tampoco es lo mismo hacerlo directamente que a través de una sociedad creada para tal fin, como es el caso de la National Asset Management Agency (NAMA) en Irlanda.

Entonces, ¿cómo han impactado las ayudas públicas que se han sucedido en los últimos años en las cuentas públicas? En primer lugar, en el endeudamiento de los países. Las inyecciones de capital, las compras de activos o las concesiones de crédito requieren importantes desembolsos por parte de los estados que han tenido que financiar con más deuda. Según datos del Eurostat, los pasivos de los estados han crecido en 643.625 millones de euros (5,2 puntos porcentuales del PIB) como consecuencia de las intervenciones públicas en el sector financiero. De estos pasivos, el 70% son emisiones de deuda. Pero pocas ayudas han sido a fondo perdido. Por ello, los activos públicos han crecido también, en 562.720 millones de euros (4,6 puntos porcentuales del PIB). De estos activos financieros, el 40% son participaciones en entidades financieras.

Por lo tanto, un primer impacto está en el endeudamiento para adquirir activos o participaciones en entidades que, en neto, ha aumentado en 0,6 puntos porcentuales del PIB. En función de la evolución futura de los activos adquiridos y de su potencial deterioro, el impacto público de dicho rescate podrá ser mayor en el futuro.

Pero en los balances públicos no están recogidas todas las ayudas públicas. Cuando estas se articulan a través de garantías o avales, el impacto en las cuentas públicas es distinto. En estos años, los avales a la emisión de nueva deuda han emergido como una medida de apoyo clave, pero que no ha exigido, hasta la fecha, el desembolso de dinero a los estados. Por lo tanto, a diferencia de las medidas de capital o las inyecciones de liquidez, no aumentan el endeudamiento público. Sin embargo, sí que generan riesgos contingentes. Es decir, que son riesgos potenciales a futuro.

El caso de Irlanda es ilustrativo en este sentido. Con los primeros síntomas de deterioro de sus entidades financieras, se optó por las nacionalizaciones e inyecciones de capital a las entidades. El estado irlandés inyectó 4.000 millones y 2.700 millones de euros (4% del PIB), respectivamente, en el Anglo Irish Bank (Anglo) y el Irish Nationwide (INBS). El endeudamiento neto del país se disparó. Tras la intervención del país por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, se optó por la creación de la NAMA para continuar con el saneamiento del sistema. ¿Cómo funciona la NAMA? Las entidades financieras venden sus créditos de mayor riesgo a la agencia a cambio de bonos con garantía pública. Es la NAMA que emite bonos que adjudica a las entidades a cambio de los activos y, por lo tanto, no hace falta una emisión de deuda pública que incremente el endeudamiento. Pero sí que aumentan los riesgos contingentes del país por la garantía pública a los bonos.

Finalmente, hay que considerar que los estados pueden tener ingresos o pérdidas derivados de todas estas ayudas, que influyen en el déficit público. Entre los ingresos se consideran la remuneración por los avales, comisiones por préstamos, etc. Y entre los gastos está el coste de financiación de los préstamos, los deterioros de los activos adquiri­­dos y, en su caso, la necesidad de ejecutar avales. En este caso, en el acumulado de 2007 a 2010, los estados europeos han perdido 69.165 millones de euros, lo que ha incrementado el déficit público en 0,4 p.p. Pero la situación es muy distinta por país. Irlanda (–35.722 millones de euros), Alemania (–16.559 millones de euros) y el Reino Unido (–15.026 millones de euros) acumulan la mayoría de las pérdidas. En cambio, entre 2007 y 2010, Francia obtuvo beneficios de 2.399 millones de euros y España de 1.455 millones de euros, que en ambos casos mejoraron ligeramente sus cifras del déficit.

En resumidas cuentas, la difícil situación económica y financiera que ya se alarga desde 2007 ha llevado a que muchos países estén rescatando a sus entidades bancarias con dinero de los contribuyentes. Pero no todas las me­­didas tienen el mismo impacto en las cuentas públicas ni ofrecen un mismo potencial de ingresos o riesgos futuros, consideraciones que últimamente también se están teniendo en cuenta en el diseño de programas de rescate o apoyo.