La mayoría de nosotros tenemos una concepción inherente de lo que es la pobreza. Sin embargo, precisar su definición resulta mucho más complejo: ¿es la pobreza una condición relativa o absoluta? ¿Debe la pobreza tener en cuenta carencias más allá de las monetarias? ¿Tiene implicaciones equivalentes ser pobre en distintos países? Los investigadores sociales, inquietos por dichas cuestiones desde hace décadas, han propuesto varias definiciones y medidas. Cada una de ellas nos ofrece una visión de la naturaleza y el alcance de un problema que tiene múltiples dimensiones.

Tradicionalmente se ha definido la pobreza como el nivel de ingresos necesario para satisfacer las necesidades esenciales del individuo. Se trata de una medida absoluta, en el sentido de que el umbral de pobreza se establece en base al coste de adquirir una cesta de bienes y servicios básicos. El Banco Mundial, institución cuya misión principal es erradicar la pobreza, sitúa el umbral de pobreza extrema en los 1,25 dólares por persona al día en paridad de poder adquisitivo(1). Es decir, para facilitar las comparaciones, el umbral se ajusta por el coste de la cesta básica en cada país (véase el recuadro «Pobreza extrema: ¿días contados?»). Actualmente, aun habiendo establecido la línea de pobreza en un nivel de ingresos tan bajo como este —al menos desde la perspectiva de un ciudadano occidental—, alrededor del 20% de la población mundial sigue viviendo en pobreza extrema —cerca de 1.300 millones de personas, y todos ellos se encuentran en países emergentes—.

En los países desarrollados, también es habitual usar umbrales de pobreza absolutos. En Estados Unidos, por ejemplo, dicho umbral se define, oficialmente, como el valor de la cesta básica de alimentos, multiplicado por tres —en los años cincuenta se determinó que el gasto en alimentación representaba un tercio del gasto total de un hogar—. Según dicha medida, la ratio de pobreza oficial era del 15% en 2011 (último dato disponible), lo que equivale a 46,2 millones de estadounidenses. En España, una buena referencia es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se publica anualmente en la Ley de Presupuestos, y se usa para la concesión de becas, ayudas, subvenciones y subsidios públicos. En 2011, el IPREM se situaba en los 6.390 euros anuales. Utilizando los datos de la encuesta de condiciones de vida, realizada por el Instituto de Estadística, en el año 2011, el 14,9% de la población española se encontraba por debajo de ese umbral.

A pesar de la disponibilidad de indicadores absolutos, la dificultad que acarrea el establecer criterios que sean comparables entre países ha derivado en la definición de un concepto relativo de pobreza. En ese caso, se considera que una persona se encuentra en riesgo de pobreza si sus recursos son tan limitados que no alcanzan el mínimo aceptable en relación con el estándar de vida del país donde reside. Es importante remarcar que este concepto se refiere a riesgo de pobreza, en contraposición a ser pobre.

En el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, el umbral de pobreza relativa se define como el 60% de la mediana de los ingresos equivalentes. Los ingresos equivalentes o ingresos por unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales netos (después de impuestos y transferencias sociales) del hogar entre el número de unidades(2) de consumo. Las unidades de consumo se calculan de modo que se tengan en cuenta las economías de escala de los hogares y, por ello, se obtienen adjudicando un peso de 1 para el primer adulto del hogar, un peso de 0,5 para el resto de adultos y un peso de 0,3 para los menores de 14 años. Así, por ejemplo, un hogar con dos adultos y dos menores estaría compuesto por 2,1 unidades de consumo. Los ingresos netos de este hogar se dividen entre esta cifra para obtener los ingresos equivalentes de cada miembro del hogar. Es decir, si el hogar al que nos referimos tiene unos ingresos anuales netos de 21.000 euros entonces los ingresos equivalentes por persona serían de 10.000 euros.

Una vez conocida la distribución de los ingresos equivalentes de la población, se calcula la mediana: si ordenáramos a todos los individuos desde el más menesteroso al más rico, la renta mediana es el valor que dejaría el mismo número de conciudadanos por delante y por detrás. Según la definición de pobreza relativa, cualquier persona cuyos ingresos equivalentes fueran inferiores al 60% de la renta mediana sería considerada en riesgo de pobreza. En este sentido, las medidas relativas reflejan, en cierto modo, la desigualdad en la distribución de ingresos de una población.

A modo ilustrativo, según la encuesta de condiciones de vida, el umbral de riesgo de pobreza en España se situaba, en 2012, en los 7.355 euros por unidad de consumo y un 21,1% de la población española tenía ingresos por debajo de dicho umbral y se hallaba, por tanto, en riesgo de pobreza. Ello supone un ligero incremento desde que empezó la crisis, pues, anteriormente, esa tasa se situó, en promedio entre 2004 y 2007, en el 19,8%. Así, a pesar de la severidad de la crisis, la tasa de riesgo de pobreza se ha mantenido bastante estable, aunque, debido, sobre todo, a que esta medida es relativa a los ingresos del resto de la población. El ingreso medio equivalente por persona se ha reducido considerablemente durante los últimos tres años (véase gráfico siguiente) y, en consecuencia, el umbral de riesgo de pobreza también es menor.

Esta observación pone de manifiesto una de las principales limitaciones de usar un concepto relativo cuando se quiere comparar la evolución de la pobreza a lo largo del tiempo: si todos los ciudadanos han reducido sus ingresos en términos absolutos, una medida relativa podría no reflejar dicho deterioro. Además, es una definición arbitraria en el sentido de que no hay ninguna razón de peso para escoger el 60% de la mediana, y no el 50%, por ejemplo. De hecho, para medir la pobreza extrema relativa se acostumbra a usar el 30% de la mediana. En España, el 6,2% de la población se encontraba por debajo de este umbral, de 3.827 euros por unidad de consumo, en el año 2011.

No obstante, probablemente, lo que representa la mayor limitación de las medidas presentadas hasta el momento es que son estrictamente monetarias y, por tanto, ignoran otras carencias que pueden padecer las personas con menos recursos, como la falta de educación, de asistencia sanitaria o la incapacidad de satisfacer algunas necesidades básicas. Un conocimiento profundo del fenómeno de la pobreza requiere un análisis que incluya indicadores alternativos a las medidas monetarias como, por ejemplo, el índice de privación severa de necesidades básicas de Eurostat. Este indicador recoge la falta de, como mínimo, cuatro de las siguientes variables: hipoteca o alquiler; una semana de vacaciones fuera de casa; comer carne, pollo o pescado cada dos días; posibilidad de cubrir gastos financieros inesperados; teléfono; televisión en color; lavadora; coche; calefacción. Según este índice, la situación de pobreza en España es menos preocupante. Así, en el año 2011, un 3,9% de los individuos experimentaron una falta severa de necesidades básicas. La ratio fue sustancialmente superior, del 8,8%, para el conjunto de la UE-27. Ello muestra que, a pesar de la desfavorable situación del mercado laboral español, la población tiene relativamente bien cubiertas sus principales necesidades.

Una visión más amplia de la pobreza lo ofrece el índice de desarrollo humano (IDH) de la Organización de las Na­­cio­­nes Unidas, que no se fija en lo que la gente tiene o no tiene sino en lo que la gente puede o no puede hacer. Es decir, el IDH abarca dimensiones como la mortalidad infantil, la esperanza de vida, el analfabetismo, la desnutrición o el padecimiento por enfermedades prevenibles. Entre los países desarrollados, España, en el año 2011, se en­­contraba en la posición 23 del ranking mundial (187 países), justo por detrás de Finlandia.

En definitiva, como hemos visto, existen múltiples definiciones y maneras de medir la pobreza, algo natural tratándose como se trata de un fenómeno complejo y multidimensional. El poder que confieren las cifras debería ser el punto de partida para trazar una estrategia que logre erradicar, definitivamente, esta lacra de la sociedad.