Uno de los principios establecidos en el pilar de derechos sociales que la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2017 es el derecho a una renta mínima. En general, las prestaciones sociales existentes deberían facilitar la consecución de este objetivo, pero la transformación que están experimentando los mercados laborales en las economías avanzadas lo complican. Fruto de esta transformación, están ganando peso las relaciones laborales en las que suele haber una menor cobertura social, como los trabajadores autónomos, los contratos a tiempo parcial, los contratos temporales y otras relaciones laborales atípicas que se producen en la denominada economía gig.1 Ello, junto con una tasa de paro de larga duración que se ha mantenido en cotas anormalmente elevadas en los últimos años, pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un rediseño de la forma en que se vehiculan dichas prestaciones.

En los países europeos, los programas de renta mínima es­­tán concebidos como una red de seguridad de última instancia una vez agotados los programas de reemplazo de ingresos, como las prestaciones contributivas por desempleo. Los programas de renta mínima tienen como ob­­je­­tivo proveer un nivel aceptable de ingresos a aquellos individuos que no los pueden obtener, reduciendo la desigualdad de renta entre hogares y ayudando a nivelar la renta de los individuos a lo largo de la vida en caso de múltiples contingencias, como una incapacidad temporal. El acceso a una prestación suele depender del nivel de renta y está condicionada a la búsqueda activa de empleo y/o a la formación. Las prestaciones de renta mínima engloban múltiples programas, como prestaciones no contributivas por desempleo, transferencias a familias monoparentales, ayudas a la vivienda y otros programas con elegibilidades y condicionalidades distintas.

Ante esta heterogeneidad de programas de renta mínima y la creciente proporción de empleos con menor cobertura social, una propuesta alternativa que ha cobrado relevancia recientemente es la renta básica. Aunque persigan objetivos similares, las propuestas de renta básica son con­­ceptualmente muy distintas. Una renta básica sería universal, percibida por todos los individuos independien­­te­­mente de sus ingresos, e incondicional, no exigiría ninguna contraprestación como la búsqueda de empleo. Asimismo, las propuestas de renta básica a menudo buscan reemplazar el resto de programas de redistribución social y no solo complementarlos. Dos obstáculos importantes a los que se enfrentan las propuestas de renta básica son los desincentivos por participar en el mercado laboral y sus elevados costes de financiación.2

Los programas de renta mínima también tienen varios re­­tos por delante, tanto en su diseño como en su implementación. En cuanto al diseño, la condicionalidad de cada pro­­grama puede excluir a individuos de bajos ingresos pero que no cumplen las condiciones exigidas (por ejemplo, de tipología de familia). O, al revés, incluir a receptores de in­­gre­­sos elevados, algo que ocurre en países mediterráneos (véase el segundo gráfico). Asimismo, la pérdida de la pres­­tación en caso de aceptar una oferta de trabajo puede generar un efecto desincentivador a trabajar que debe tenerse en cuenta. Para reducirlo, se podría retirar la prestación de forma gradual al aumentar los ingresos del trabajo (algo similar a la introducción de un impuesto negativo).3

En cuanto a la implementación, uno de los problemas exis­­tentes es el acceso a la prestación, puesto que una pro­­porción significativa de individuos que tienen derecho no la reclaman (superior al 50% en algunos países europeos)4 y otros la perciben sin tener derecho. Por otro lado, no se sabe a ciencia cierta si muchos de los programas actuales están consiguiendo su objetivo. Evaluar de manera rigurosa la efectividad de los programas de renta mínima es el primer paso para poder mejorarlos.

1. La economía gig se refiere a aquellos trabajadores que utilizan aplicaciones de internet creadas por empresas intermediarias para buscar clientes para los cuales realizar tareas a corto plazo.

2. OCDE (2017), «Basic Income as a policy option: Can it add up?», ELS, Policy Brief on the Future of Work.

3. IMF (2017), «Fiscal Monitor: Tackling Inequality», octubre.

4. Atkinson, A. B. (2015), «Inequality. What can be done?», Harvard University Press.