Las perspectivas económicas mexicanas vienen condicionadas por tres acontecimientos de desarrollo incierto. En primer lugar, la normalización monetaria de la Fed. Una segunda fuente de incertidumbre es la forma que finalmente adoptará el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). Y, finalmente, el tercer elemento relevante es la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del 1 de julio de 2018, que podrían significar una orientación política distinta del enfoque reformista de la presidencia anterior.
En el escenario central de CaixaBank Research, los impactos previstos de los tres factores anteriores serán relativamente contenidos. De entrada, el proceso de endurecimiento monetario estadounidense se espera que sea paulatino y la Fed está cuidando mucho la comunicación con el mercado. En este contexto, Banxico ya ha ido tensionando los tipos de referencia mexicanos y, de hecho, prevemos subidas adicionales en 2018 relativamente menores. Por tanto, las condiciones financieras mexicanas serán menos laxas que en el pasado, pero no deberían representar un ahogo financiero inasumible.
Por lo que se refiere al NAFTA, y a pesar de que la entrada de las negociaciones en los temas más difíciles ha generado incertidumbre y ha penalizado el peso, CaixaBank Research, en consonancia con lo que esperan muchos analistas, prevé un acuerdo final que tome formas constructivas, que integre los cambios que el auge del comercio digital implica en su funcionamiento y en el que se opte por un reequilibrio parcial, no radical, de las relaciones de EE. UU. con México (y Canadá).
Finalmente, y con relación a la contienda electoral, las encuestas apuntan a la victoria del Movimiento de Regeneración Nacional (más conocido por MORENA, por sus siglas) liderado por Andrés Manuel López Obrador, frente a las alternativas que representa el presente partido en el Gobierno (PRI) y la probable coalición del PAN y del PRD, actualmente en la oposición. Aunque a veces se ha temido una orientación excesivamente populista de MORENA, es poco probable que las muy necesarias (y consensuadas) reformas estructurales del mandato anterior se reviertan significativamente. Así, de hecho, más allá de la contienda retórica de las campañas electorales, cabe esperar que, en el próximo sexenio, vuelva a ponerse de manifiesto la necesidad de avanzar en dos ámbitos: la aceleración de la inversión en infraestructuras y una nueva reforma fiscal que bascule, en gran medida, sobre la fiscalidad indirecta.
A pesar de la lectura constructiva sobre los posibles impactos de las tres fuentes de incertidumbre, los inversores están diferiendo algunas de sus decisiones a la espera de que se concrete un poco más el escenario. Como resultado, entre los años 2017 y 2018, el crecimiento se moverá en la zona del 2%, levemente por debajo del registro de los años inmediatamente precedentes. Superada la etapa de incertidumbre, México debería volver a la zona del 2,5% sin excesivas dificultades.
Siendo este el escenario base, cabe preguntarse qué sucedería si finalmente los impactos esperados de la normalización monetaria, la negociación del NAFTA o la confrontación política de los candidatos fuesen claramente más nocivos de lo previsto. De entrada, hay que señalar que el impacto de los tres elementos es distinto: mientras que la ruptura del NAFTA o un nuevo acuerdo claramente lesivo para México representarían una fuerte disrupción para la economía, que afectaría al crecimiento potencial del país, la normalización monetaria o el factor electoral deberían tener un efecto potencialmente negativo de una magnitud significativamente menor y de carácter temporal.
En cualquier caso, hay que señalar que México afronta estos hipotéticos casos adversos con un cuadro de finanzas públicas globalmente saneado. Así, las finanzas públicas van camino de conseguir en 2017 el ambicioso objetivo anunciado por el Gobierno de volver a registrar un superávit primario, situación que no se daba desde hace nueve años. Además, para 2018 y 2019 se prevén cifras de déficit público algo mejores que las registradas en los últimos años, lo que a su vez permitirá que la deuda pública encauce una senda decreciente. Todo ello permitiría, frente a shocks adversos, realizar una cierta política contracíclica, si fuese necesario.
Respecto a las vulnerabilidades externas, la situación puede valorarse como de riesgo moderado: con un déficit corriente que previsiblemente quedará, en 2017, en la zona del 3% del PIB (claramente menor que en años anteriores), el volumen de deuda externa se situará en el 38,5% del PIB, una cifra que, sin ser menor, representa una clara mejoría respecto a años precedentes. Quizás el elemento que decanta la balanza hacia una cierta tranquilidad en este frente es que el volumen de reservas internacionales cubre más de dos veces la deuda externa a corto plazo.