Tal y como había prometido en campaña Donald Trump, a finales de abril su Administración presentó una propuesta de reforma impositiva que promueve un fuerte recorte de tipos. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no incluía prácticamente ninguna medida para contrarrestar el ma­­yor coste que dichos recortes podrían acarrear sobre las arcas públicas si finalmente se aprueban.1 En este sentido, la elevada deuda pública del país, junto al moderado déficit público (4,4% del PIB en 2016) y el fuerte conservadurismo fiscal de una importante facción del Partido Republicano, asegura largas discusiones y, muy probablemente, cambios relevantes sobre la propuesta original.

La reforma plantea una ambiciosa reducción de los tipos impositivos tanto sobre las personas físicas como sobre las empresas. Así, por ejemplo, en el ámbito de las empresas, el tipo pasaría del 35% actual al 15%. Además, se aplicaría una imposición territorial, por lo que los beneficios que ob­­tienen las empresas en el extranjero no tendrían que tributar de nuevo en EE. UU., lo que favorecería la repatriación de beneficios de las grandes multinacionales. Respecto a las personas físicas, además del recorte del tipo marginal máximo (del 39,6% al 35%) y de la reducción del número de tramos, se propone eliminar la denominada tributación mínima alternativa, que supone un nivel de tributación mínimo para aquellas personas que se pueden beneficiar de múltiples deducciones.

El cambio propuesto, por tanto, es marcadamente regresivo. A modo ilustrativo, y según un análisis del Tax Policy Center, mientras que el ciudadano medio disfrutaría de un recorte impositivo promedio del 1,8%, los ciudadanos con los ingresos del quintil más elevado (esto es el 20% de la población con más ingresos) recibirían un recorte promedio del 6,6%. Una rebaja que se elevaría al 14,2% para el top 0,1% de los ciudadanos.2

Por otro lado, la propuesta comportaría un incremento significativo de la deuda pública. En particular, el coste recaudatorio neto se situaría en torno a los 5,5 billones de dólares en los próximos 10 años, en torno al 3% del PIB anual. Y este procedería, principalmente, del perímetro empresarial (aproximadamente el 70% del total), ya que en el ámbito de las personas físicas la cancelación de un gran número de deducciones compensaría parte del coste de la fuerte rebaja de los tipos impositivos. De este modo, se calcula que si se aprueba el plan presentado por la Administración Trump, la deuda pública neta pasará del 77% del PIB al 111% en 2027. Un nivel que palidece al lado del 45% que ostentaba antes de la gran crisis.3

Los defensores de dicho plan argumentan que el aumento de la recaudación derivado del mayor crecimiento eco­­nómico, como consecuencia de unos mayores incentivos al trabajo, al ahorro y a la inversión, contrarrestaría el coste extra. Sin embargo, un simple cálculo muestra que, para neutralizar el coste fiscal antes comentado, EE. UU. debería registrar una tasa de crecimiento económico del 4% anual durante los próximos 10 años. Una cifra muy por en­­cima del crecimiento a largo plazo que estima la Fed, del 1,8%, por encima del crecimiento promedio de la economía estadounidense desde 1960, del 3%, e incluso superior al que prevé la propia Administración Trump.

Además, es difícil que, en un entorno cercano al pleno empleo como el actual, la economía estadounidense pueda acelerar significativamente el crecimiento si no es con políticas que aumenten el crecimiento de la productividad. De hecho, en el entorno actual, una política fiscal ex­­pan­­siva como la que plantea la Administración Trump con la reforma tributaria muy probablemente presionaría al alza la inflación, lo que forzaría a la Fed a acelerar el proceso de normalización monetaria y, por tanto, el impacto de la reforma sobre la inversión sería limitado.

1. A finales de mayo, la Administración presentó una propuesta presupuestaria para el año fiscal 2018 que especificaba reducciones significativas en ciertas partidas de gastos. Sin embargo, numerosas de ellas ya han empezado a suscitar polémica entre los miembros de las distintas Cámaras.

2. Véase Tax Policy Center (2016), «An Analysis of Donald Trump’s revised Tax Plan». Este análisis, sin embargo, asume una reducción del tipo marginal máximo de las personas físicas del 39,6% actual al 33%.

3. Véase la nota elaborada por el Committee for a Responsible Federal Budget del mes de abril («How Much Will Trump’s Tax Plan Cost?»). Según estimaciones del Congressional Budget Office - CBO (2017), «The Budget and Economic Outlook: 2017 to 2027», si no se aprueba el plan, la deuda pública neta aumentará hasta el 89% en 2027.