El nuevo presidente de Francia heredará una economía que, en términos de actividad económica, se ha recuperado de la crisis financiera y cuyo PIB se situó, en 2016, un 4% por encima del de 2008. No obstante, el crecimiento de estos últimos años ha sido modesto1 y se ha situado claramente por debajo del de otras economías avanzadas (véase el primer gráfico). Para 2017-2018, las perspectivas continúan sin ser muy halagüeñas: el consenso de analistas espera un crecimiento de alrededor del 1,3%. Por otro lado, aunque el presidente saliente François Hollande hizo de la reducción de la tasa de paro una de las prioridades de su mandato, esta se mantiene aún en niveles elevados (10%), especialmente para los jóvenes (24%), y la creación de empleo sigue siendo débil (0,7% anual).

Esta falta de vigor económico es reflejo de un menor crecimiento de la productividad,2 en gran medida debido a las importantes rigideces estructurales que siguen presentes en la economía francesa. En este sentido, destacan un mercado de trabajo poco flexible, una elevada carga impositiva3 y una regulación compleja que actúa como barrera a la inversión y al crecimiento de las empresas.

En los últimos años, se han hecho avances para abordar estas rigideces y dinamizar la economía. Por ejemplo, se ha implementado una reforma del mercado laboral que busca clarificar la definición legal de despido por motivos económicos, reforzar la negociación colectiva a nivel de empresa y de sector, y mejorar la formación a personas desempleadas. También se han hecho esfuerzos4 para relajar la presión fiscal y aumentar la competitividad mediante la reducción de las cotizaciones sociales de las empresas.5 Asimismo, en 2015, se aprobó la Ley Macron de liberalización de los mercados para fomentar la actividad, la cual incluía medidas como la ampliación de la apertura de comercios en domingo y la liberalización de varias profesiones reglamentadas.

No obstante, aunque estas reformas han ido en la dirección adecuada, parece que están teniendo un impacto li­­mi­­tado, por lo que sigue siendo importante mantener una agenda de reformas ambiciosa. Una de las prioridades es el aumento del ritmo de creación de empleo del sector pri­­vado. Para ello, los principales organismos internaciona­­les consideran que es importante reducir la alta segmentación del mercado laboral, que dificulta la movilidad del factor trabajo, y simplificar la legislación laboral.

Otra prioridad es el ajuste de las finanzas públicas. Si bien el déficit público se ha reducido del 7,2% del PIB en 2009 al 3,4% en 2016, la deuda pública se sitúa cerca del 100% del PIB, lo que hace que la economía francesa sea vulnerable a cambios en el sentimiento inversor y a alzas en los tipos de interés. En este sentido, mejoras en la eficiencia de la Administración pública podrían ser de gran ayuda, dado el elevado gasto público, el cual se mantiene muy por encima del promedio de la eurozona (57% del PIB frente al 47%).

Finalmente, también sería muy beneficioso para la economía francesa una mejora del entorno para hacer negocios y la reducción de los obstáculos a la creación de empresas. Muestra de ello es que, en la edición de 2017 del informe del Banco Mundial que analiza la facilidad para hacer ne­­go­­cios, Francia ocupaba la posición 29 del ranking, muy por debajo de la de otros países europeos como Alemania y Reino Unido, pero también de Polonia y Portugal.

1. El crecimiento promedio entre 2012 y 2016 ha sido del 0,8%.

2. Entre 2010 y 2016, la productividad del trabajo, medida por el PIB real por hora trabajada, ha avanzado en promedio un 1,0% (frente al 2% en 2000-2006), mientras que la productividad total de los factores ha avanzado un 0,5% (frente al 1,2% en 2000-2006).

3. La presión fiscal se sitúa en el 47% del PIB, comparado con un 40% en promedio en la eurozona.

4. Bajo el Pacte de responsabilité et de solidarité y el CICE (crédit d’impôt pour la competitivité et l’emploi).

5. La cuña fiscal sobre el trabajo (impuestos sobre el trabajo en porcentaje del total de costes laborales) en Francia (48%) es la quinta más elevada de los países de la OCDE.