España entró en el procedimiento de déficit excesivo en abril de 2009, debido al deterioro de las cuentas públicas originado por la crisis económica. En esa fecha, la Comisión Europea emitió una recomendación para que España redujera el déficit por debajo del 3% del PIB en 2012. Sin embargo, ante el empeoramiento inesperado de la economía, la Comisión emitió tres nuevas recomendaciones entre 2009 y 2013 en las que extendía la fecha límite para la corrección del déficit excesivo a 2013, 2014 y 2016, consecutivamente. En estas ocasiones, la Comisión consideró que España había tomado medidas efectivas para corregir el déficit estructural y atribuía la falta de cum­­plimiento del objetivo al aumento del déficit cíclico.

A lo largo de esos años, España hizo un importante esfuerzo de consolidación fiscal y logró disminuir a prácticamente la mitad su déficit total, pasando de un 11,0% en 2009 hasta un 5,8% en 2014. Esta reducción se consiguió gracias a un significativo ajuste llevado a cabo a través de medidas aplicadas tanto a los ingresos como a los gastos. En particular, entre 2010 y 2013 España logró reducir su déficit estructural en 5 p. p. mediante un incremento acumulado de un 13,2% en los ingresos y de una disminución de un 12% en los gastos.1

Con mayor o menor intensidad, el déficit estructural se fue ajustando hasta 2014 (véase el primer gráfico). Sin embargo, en 2015 el déficit estructural se deterioró notoriamente. En ese año, el déficit público se situó en el 5,0% del PIB y ante el indudable incumplimiento del plazo de salida del procedimiento del déficit excesivo, establecido para 2016, la Comisión Europea otorgó dos años adicionales, hasta 2018, para situar el déficit por debajo del 3%. En esta ocasión, la Comisión Europea consideró que, a diferencia de las prórrogas anteriores, España no había tomado medidas efectivas para corregir el déficit en 2015. De hecho, el año pasado el déficit estructural aumentó 1 p. p. como consecuencia de las medidas expansivas adoptadas, como la rebaja en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, que disminuyeron de forma es­­tructural la capacidad para recaudar ingresos. En consecuencia, la corrección de 1,8 p. p. del déficit cíclico, gracias a la buena evolución de la economía y a los bajos tipos de interés, no fue suficiente para alcanzar el objetivo de déficit, establecido en el 4,2% del PIB (véase el segundo gráfico).

La nueva senda acordada con la Comisión Europea establece como objetivo de déficit un 4,6%, un 3,1% y un 2,2% del PIB en 2016, 2017 y 2018, respectivamente. Si bien el objetivo para 2016 parece alcanzable, para 2017 se requerirá la aprobación de nuevas medidas de consolidación de las cuentas públicas, dado que la mejora en el déficit cíclico mo­­tivada por la buena evolución de la economía no será suficiente para alcanzar el objetivo. En particular, la Comisión cree necesarias medidas estructurales del orden del 0,5% del PIB tanto en 2017 como en 2018 (unos 6.000 mi­­llo­­nes de euros anuales). En ausencia de medidas, el ajuste estructural requerido no se realizaría y el déficit total po­­dría superar el 3,6% del PIB el próximo año.

Aprovechar el contexto económico favorable para situar las finanzas públicas en una posición sólida debería ser una prioridad. En caso contrario, España se puede ver obligada a ajustar las cuentas en un entorno menos propicio.

1. Cambios en términos nominales en los ingresos y los gastos ajustados por el ciclo. Véase OECD, «Economic Surveys Euro Area», junio de 2016.