El déficit del conjunto de las Administraciones públicas se situó en el 5,0% del PIB al cierre de 2015 (en el 5,16% si se tienen en cuenta las ayudas a las instituciones financieras), lo cual supuso una reducción de 0,8 p. p. respecto al 5,8% registrado en 2014. Sin embargo, también sobrepasó en 0,8 p. p. el objetivo comprometido con Bruselas, una desviación significativa y difícil de justificar en un contexto en el que la buena evolución de la economía y los bajos tipos de interés han jugado a favor de la consolidación fiscal. De hecho, la política fiscal fue claramente expansiva en 2015.
Este año, se espera que la mejora económica y la evolución de los tipos de interés contribuyan de nuevo a la reducción del déficit público. Por el lado de los ingresos, el aumento del empleo, de la actividad económica y del consumo de los hogares permitirá que la recaudación siga creciendo. En particular, el incremento de la renta disponible de los hogares, que alcanzará el 3,0% en 2016, y la mejora de los beneficios empresariales seguirán aumentando la recaudación por IRPF, impuesto de sociedades e IVA. Por otro lado, los ingresos por cotizaciones sociales también aumentarán gracias al incremento de la ocupación, que se situará en el 2,5% según nuestras previsiones.
Por el lado del gasto, la marcada disminución del número de personas desempleadas, que se acercará al 10%, reducirá el gasto en prestaciones por desempleo. Asimismo, el pago de los intereses de la deuda pública seguirá decreciendo gracias al mantenimiento de un entorno de tipos muy bajos por parte del BCE.
Si, además de los factores cíclicos que afectan a las principales líneas de ingresos y de gastos, consideramos también el efecto que tiene el crecimiento del PIB nominal en la ratio del déficit público sobre el PIB, concluimos que la mejora del ciclo económico contribuirá a reducir el déficit público en 1,4 p. p., aproximadamente. De todas formas, alcanzar el nuevo objetivo propuesto por el Gobierno, del 3,6% del PIB, no se prevé fácil.1 El acuerdo de no disponibilidad de crédito aprobado por el Gobierno, que implica una disminución del gasto de 0,2 p. p. del PIB, se sumará al efecto positivo que ejerce el ciclo económico sobre la reducción del déficit público.2 Sin embargo, la menor presión fiscal propiciada por la reforma tributaria y el aumento del gasto en pensiones actuarán en sentido contrario, por lo que es probable que el déficit acabe situándose cerca del 4% del PIB.
En definitiva, todo apunta a que este año el proceso de consolidación fiscal continuará a un ritmo similar al de 2015. Pero es preciso recordar que el margen del que dispone la economía española es limitado. La deuda pública cerró 2015 en el 99,2% del PIB y la prima de riesgo se encuentra en niveles relativamente contenidos, gracias, en parte, a la contundente actuación del BCE. Ahora que el contexto económico es favorable, es el mejor momento para eliminar cualquier duda que ensombrezca el compromiso de situar las finanzas públicas en una posición saludable y capaz de ser un instrumento de política económica si el viento vuelve a soplar de cara.
1. En el Programa de Estabilidad 2016-2019, el Gobierno ha relajado la senda de consolidación fiscal. Sitúa el objetivo de déficit para 2016 en el 3,6%, respecto al 2,8% fijado en los Presupuestos Generales del Estado de 2016.
2. La actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 recoge medidas de gasto adicionales pendientes de concretar por parte de las CC. AA., mediante acuerdos de no disponibilidad que supondrían una disminución del gasto equivalente a 0,2 p. p. del PIB.
