Este año muchos países emergentes se enfrentan a la difícil tarea de equilibrar su cuadro económico en un entorno poco favorable. En general, el crecimiento se está desacelerando en los principales países en vías de desarrollo y, además, se espera que las condiciones financieras se endurezcan en los próximos trimestres cuando la Reserva Federal empiece a normalizar la política monetaria. En este contexto, la caída del precio del petróleo, y de muchas otras materias primas energéticas, allana el camino para la reducción de los subsidios energéticos. La concesión de subsidios energéticos es una praxis generalizada en las economías emergentes que ejerce una presión importante en las fi­­nanzas públicas, hasta tal punto que su coste fiscal directo asciende al 0,7% del PIB mundial y supera el 5% del PIB en algunos países. A continuación analizamos su lógica y su importancia desde un punto de vista geográfico.1

La implementación de los subsidios energéticos se suele justificar con dos razones. Primero, facilitar a la población más pobre el acceso a servicios básicos como la electricidad o la calefacción. Segundo, apoyar la industria local, sufragando el Estado parte de los costes energéticos. No es de extrañar, entonces, que sea una práctica habitual en las economías en vías de desarrollo. Sin embargo, aunque la motivación inicial de los subsidios energéticos pueda ser bienintencionada, en muchos casos son fuente de ineficiencias y, paradójicamente, de injusticia social. Desde el punto de vista medioambiental, en general se incentiva el consumo de la energía que produce la industria local, aunque sea altamente contaminante. En el ámbito social, al tratarse normalmente de subsidios sobre el precio de un bien, que no se focalizan en un grupo social, resultan muy ineficientes: se incurre en un coste fiscal muy elevado para el provecho que acostumbra a suponer para las personas que realmente lo necesitan. De hecho, en muchos casos no benefician a los consumidores más pobres y vulnerables. A modo de ejemplo, un estudio de las Naciones Unidas del subsidio de gas licuado de petróleo en la India (usado principalmente para cocinar y para calentar los hogares) constató que menos de un 25% se destina a las zonas rurales, que no solo concentran la mayor parte de la población del país (un 70%), sino también el mayor número de pobres.2

La mayoría de países emergentes destinan muchos recursos a los subsidios energéticos, a pesar de ser poco efectivos. De hecho, el coste fiscal es especialmente elevado si se tiene en cuenta el coste medioambiental que generan.3 Según un estudio reciente del FMI, si se retirasen los subsidios al precio de la energía, el ahorro para las arcas públicas ascendería al 4% del PIB mundial. Por regiones, Asia emergente y la MENAP son dos de las zonas donde el be­­ne­­ficio fiscal sería mayor, de alrededor del 10% del PIB.4

En los últimos años los subsidios energéticos han empezado a recortarse en algunas de las principales economías emergentes. El caso más notorio es el de la India, que en 2013 inició un programa de reducción, lenta pero progresiva, de este tipo de prestaciones. Al país asiático le han sucedido otras grandes economías como Indonesia, Egipto y Malasia. Visto el ahorro que la eliminación de estos subsidios puede suponer para las arcas públicas, este cambio de tendencia invita al optimismo. Ahora el reto es invertir el ahorro en re­­cursos públicos para proteger a la población más necesitada de forma más eficiente, consolidar el cambio de política energética cuando el precio de la energía se normalice y mantener un cuadro macroeconómico más equilibrado.

1. Véase FMI (2015), «How Large are Global Energy Subsidies?», WP/15/105.

2. Véase Naciones Unidas (2008), «Reforming Energy Subsidies. Opportunities to Contribute to the Climate Change Agenda».

3. Por ejemplo, la promoción de fuentes de energía altamente contaminantes repercute en un mayor gasto en sanidad en muchos países emergentes.

4. La MENAP está formada por los países de Oriente Próximo, el Norte de África, Pakistán y Afganistán.