Entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013, México aprobó seis reformas estructurales: laboral, educativa, de telecomunicaciones, financiera, fiscal y energética. Individualmente, cualquiera de ellas era sustancial. Tomadas en su conjunto, se trata del mayor esfuerzo reformador del país en décadas. El motivo de fondo de esta ambiciosa agenda reformista es la necesidad de mejorar el crecimiento potencial de la economía mexicana, que el FMI sitúa entre el 2,8% y el 3,0%, a la cola de los países latino­americanos. De acuerdo con las estimaciones disponibles, de aplicarse satisfactoriamente, el paquete de reformas per­­mitirá incrementar el crecimiento potencial hasta el 3,5%-4,0%.1

Pues bien, ¿van camino las reformas de plasmar los im­­portantes resultados que prometen? En su momento preo­­cupaba que las reformas entrasen en una vía lenta debido a la ralentización del proceso de aprobación de las leyes o por la ausencia de aplicación. Por el momento, ninguno de los riesgos se está materializando. A punto de finalizar 2014, las leyes ya habían sido aprobadas. Por lo que se refiere al si­­guiente paso, el de la implementación, tam­­bién parece que progresa adecuadamente. Por citar al­­gunos ejemplos significativos, en materia educativa se ha llevado a cabo el primer ejercicio de evaluación del profesorado pre­­vio a su contratación (que rompe con la tradición de que los graduados en magisterio obtenían plaza docente automáticamente); en el ámbito de las telecomunicaciones, está en marcha el proceso de licitación de dos cadenas na­­cio­­nales en abierto; finalmente, en el sector financiero, ya se ha aplicado un nuevo mecanismo de resolución a la liquidación del Banco Bicentenario. Aunque se trate de una pequeña entidad bancaria (representa el 0,015% de los activos totales del sistema bancario mexicano) lo relevante es la aplicación del nuevo mecanismo de resolución.

Pero es la reforma energética la que mayores expectativas ha despertado por su importante impacto potencial, la que está avanzando de forma más satisfactoria. Cabe recordar que el objetivo principal de la reforma energética es aumentar la producción de petróleo mediante la explotación de las reservas petrolíferas de difícil acceso, lo que re­­quiere la incorporación de tecnología e inversiones provenientes del sector privado (el marco constitucional anterior limitaba la participación privada). En ese sentido, PEMEX ya ha anunciado diez proyectos que realizará en colaboración con el sector privado durante el periodo 2015-2020. Asimismo, la pe­­trolera estatal adaptará contrataciones actuales al nuevo marco de forma que se genere inversión nueva. Fi­­nalmente, el sector privado ha anunciado su disposición a aprovechar las nuevas vías de participación que la reforma ofrece. Gracias a este esfuerzo inversor inducido por la reforma, en 2020 la inversión en el sector petrolero podría ser un 65% mayor, en términos reales, que la registrada en 2014: frente a los 27.400 millones de dólares de 2014, la inversión ascendería a 45.200 millones de dólares (reales) en 2020. Sin la reforma el aumento hubiese sido de solo el 27% (de los mencionados 27.400 millones de dólares de 2014 a los 35.000 millones de dólares).2

Asimismo, cabe mencionar que la implementación de las reformas se dará en un contexto de repunte puntual del crecimiento (en el periodo 2015-2016 el crecimiento superará el 3,5%), gracias a la expansión de EE. UU. y a unos desequilibrios macroeconómicos contenidos. Con todo, este buen momento coyuntural no debe hacer olvidar que, como mencionábamos antes, la mejora de las perspectivas de largo plazo depende del éxito de la agenda reformista. Especialmente si se tiene en cuenta que el frente económico no agota los retos pendientes. Como el presidente mexicano, Peña Nieto, anunció recientemente, el siguiente esfuerzo deberá mejorar aspectos de la gobernanza y de la seguridad del país, es­­pe­­cialmente a nivel local.

1. Sobre el contenido y el impacto económico de las reformas véanse,
«El ímpetu reformista sacude México», Informe Mensual, enero de 2014, "la Caixa" Research y «Mexico: 2014 Article IV Consultation-Staff Report», FMI, noviembre de 2014. De estos análisis se concluye que las reformas fiscal y energética son las que tienen un impacto mayor sobre el crecimiento del PIB potencial.

2. Véase «The Emerging Markets Quarterly», Septiembre de 2014, Barclays Research.