Se acerca el 4T y los Gobiernos europeos empiezan a perfilar los presupuestos públicos para 2015. En los últimos años, su diseño ha estado condicionado por las nuevas políticas de gobernanza de la Comisión Europea, que proporcionan una mayor relevancia a la corrección del componente estructural del déficit público.

El uso del déficit estructural para diseñar la política fiscal de un país tiene una clara ventaja: permite valorar la posición fiscal a largo plazo de las administraciones públicas, independientemente del momento del ciclo económico. Así, en un periodo recesivo, el análisis del saldo estructural muestra si se están tomando medidas para mejorar la posición fiscal a largo plazo, independientemente de los efectos que a corto plazo pueda tener la situación económica. Un claro ejemplo es el caso de Portugal. Entre 2010 y 2013, el déficit público luso se redujo solo un 0,6% del PIB, lo que podría hacer pensar que no se estaban tomando suficientes medidas. Sin embargo, el ajuste del saldo estructural en ese mismo periodo fue de 5,8 p. p., uno de los mayores entre los países europeos. En el contexto actual, el análisis del saldo estructural es igualmente interesante. Dado que el déficit público se ve beneficiado por la mejora cíclica de la economía, la evolución del saldo estructural permite analizar si se siguen tomando medidas que mejoren la posición fiscal a largo plazo, y si estas son suficientes.

El seguimiento del saldo estructural parece, por tanto, obligado, pero tiene algunas limitaciones. La más importante, los problemas de medida. El saldo público estructural es aquel que presentaría una economía si utilizara todos sus factores de producción, capital y trabajo, sin que se produjeran tensiones en los precios. Esto es, si el PIB fuera igual al PIB potencial. En consecuencia, para obtener una medida del saldo público estructural, primero se debe estimar cuál es la capacidad de producción de una economía, una variable que, precisamente, ha sido revisada numerosas veces durante los últimos años. La crisis financiera ha puesto en evidencia que las técnicas estadísticas utilizadas sobreestimaban la parte del PIB observado que era calificado como PIB potencial. Así, durante los años de bonanza no se identificó que parte del crecimiento era impulsado por factores insostenibles a largo plazo. En cambio, durante la crisis, la revisión a la baja del crecimiento potencial de la economía fue, en muchos ca­­sos, exagerada.

Para que la evolución del saldo público estructural pueda convertirse en una variable de referencia para el diseño de la política fiscal, la Comisión Europea se ha visto obligada a revisar la metodología utilizada para estimar el PIB potencial y el saldo estructural. El objetivo ha sido, justamente, obtener unas estimaciones que sean menos susceptibles a los vaivenes de la economía y, por tanto, más robustas a largo plazo. El impacto de esta nueva metodología sobre las estimaciones del PIB potencial y del saldo público estructural es desigual entre países. Mientras que en un buen número de ellos los cambios han sido imperceptibles, como en Alemania y Francia, en otros las revisiones han sido importantes. Destacan en este segundo grupo los casos de Irlanda, Chipre, Portugal y, especialmente, España. Concretamente, en el caso español, la nueva me­­todología aumenta en 2,5 p. p. el PIB potencial para 2013, lo que supone una reducción del déficit estructural de 1,2 p. p. para ese mismo año, hasta el 2,8% del PIB. De hecho, esta nueva métrica revela que el ajuste del déficit estructural llevado a cabo entre 2010 y 2013 fue de 4,3 p. p., significativamente superior al estimado anteriormente (de 3,3 p. p.).

En suma, el esfuerzo para mejorar los métodos de estimación del PIB potencial son, sin duda, una buena noticia. Especialmente si tenemos en cuenta la creciente importancia del saldo estructural en el diseño de la política fiscal europea. Sin embargo, debemos ser conscientes de la incertidumbre que rodea a esta variable y no olvidar que, en última instancia, la prioridad sigue siendo reducir el elevado nivel de deuda pública.