Aunque la corrección del déficit público durante los últimos años haya sido notable, todavía se encuentra a medio camino. Desde que en 2009 el déficit se situara en el 11,1% del PIB, se ha reducido 4,0 p. p. hasta el 7,1% con el que cerró 2013. Para llegar como mínimo al 3,0% acordado con Bruselas, aún faltan otros 4,1 p. p. En esta parte del sendero que todavía no se ha recorrido, una de las incógnitas que quedaban por resolver era cómo se distribuiría el grueso del ajuste fiscal pendiente, si se produciría a través de un aumento de la recaudación o mediante una reducción del gasto público.

Una comparativa a nivel internacional no ofrece pistas claras so­­bre cuál es el nivel adecuado de ingresos y gastos públicos. En España, los ingresos del conjunto de las administraciones públicas se situaron, en 2013, en el 37,8% del PIB. Una cifra claramente inferior al 44,7% de Alemania o al 51,8% de Francia, pero similar al 37,7% del Reino Unido y claramente superior al 30,7% de EE. UU. Por el lado de los gastos, la comparativa internacional tampoco proporciona pistas sobre cuál debería ser el nivel del gasto público: hay países con niveles superiores e inferiores. La decisión, resumida de forma muy sintética, consiste en determinar a qué nivel de equidad y provisión de bienes públicos aspira cada país, y con qué gra­­do de eficiencia es capaz de proveerlos su sistema público. Es preciso, pues, que las resoluciones que modifiquen de forma sustancial y duradera este marco fueran acompañadas de un debate público de primer orden.

En este contexto, la reforma tributaria debía afrontar un gran reto: compatibilizar los objetivos tradicionales a largo plazo (relativos a la eficiencia y la equidad del conjunto del sistema, ya de por sí potencialmente en conflicto) con los de corto plazo (aumentar la recaudación a la vez que se estimula el crecimiento económico). La reforma tri­­butaria presentada por el Gobierno ha sido am­­plia, modificando de manera considerable prácticamente todos los grandes tributos (véase la tabla para una bre­­ve descripción de las principales medidas anunciadas). A grandes rasgos, los objetivos que persigue son lograr un sistema más sencillo y transparente, que mejore así su eficiencia, y rebajar la presión fiscal sobre las personas y las empresas para estimular la recuperación de la actividad y la ocupación. Según estimaciones del Gobierno, la reforma presentada aumentará el PIB en 0,55 p. p. entre 2015 y 2016.

En el marco del proceso de consolidación fiscal, según las apreciaciones del Gobierno, los ingresos aumentarán alrededor de 1% del PIB hasta 2017, y se situarán en el 39,0% del PIB. El gran protagonista del ajuste pendiente será, por lo tanto, el gasto público, que está previsto que descienda hasta el 40,1% del PIB en el mismo año. De ello depende que el ajuste del déficit público siga por el buen camino.