Apenas cinco meses después de que el Consejo Europeo acordara la hoja de ruta para la creación de una unión bancaria europea, se están evidenciando los primeros desacuerdos entre los socios. La idea surgió hace casi un año como un mecanismo para romper el círculo vicioso entre riesgo soberano y bancario, y construir así una unión monetaria más robusta. Ahora los desacuerdos amenazan el progreso del proyecto y hacen temer que el consenso tan solo alcance para una unión bancaria descafeinada.
La buena noticia es que el primer paso, el establecimiento del Mecanismo Único de Supervisión, está cerca de completarse. La figura del supervisor único, una responsabilidad que recaerá sobre el BCE, se aprobó en mayo. Previamente, y para armonizar la regulación entre los distintos estados, se aprobó la directiva que introduce la nueva normativa de Basilea III. Con todo, el nuevo supervisor único no estará plenamente operativo hasta mediados de 2014. El BCE no solo debe contratar nuevo personal, sino que quiere conocer con exactitud la situación de las entidades que quedarán bajo su supervisión. Por ello, estas deberán someterse a auditorías exhaustivas tal y como hizo la banca española el verano pasado.
A partir de aquí, el consenso se complica. Las autoridades europeas tienen aún sobre la mesa dos iniciativas regulatorias que, pese a ser anteriores a la idea de unión bancaria, resultan clave para poder avanzar en esta dirección.
La primera es la creación de un marco normativo armonizado que siente las bases para gestionar futuras crisis bancarias y facilite la resolución ordenada de entidades, pues la mayoría de países europeos carecen de tal elemento. Entre otras, este marco incluirá reglas sobre el reparto de pérdidas entre los acreedores de entidades en resolución (el denominado bail-in) con el fin de minimizar el coste para el contribuyente. El debate sobre estas, que se intensificó tras el rescate de Chipre, incluye, además del orden de prelación de los pasivos, la posibilidad de préstamo entre los fondos de resolución de los distintos estados o la contribución de los fondos de garantía de depósitos (FGD) al coste de la resolución. Aun así, el objetivo es que el nuevo marco entre en vigor en enero de 2015.
La segunda iniciativa pendiente es la reforma y armonización de los FGD, de modo que todos los países dispongan de un fondo de igual tamaño relativo y prefinanciado por las entidades. Dadas las consecuencias fiscales de las garantías públicas a los FGD, esta es una de las cuestiones abiertas más delicadas y actualmente se encuentra bloqueada.
Los mayores desencuentros, sin embargo, están surgiendo en torno al que debería ser el segundo pilar de la unión: la creación del Mecanismo Único de Resolución (MUR). La controversia reside en si es posible crear una autoridad única de ámbito europeo, con plenas capacidades de actuación, en el marco de los actuales tratados europeos. En opinión del ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, para que una autoridad única de resolución desempeñara con éxito su labor requeriría unos poderes legales y coercitivos que no están contemplados en los actuales tratados, por lo que estos necesitan ser reformados.
Hasta que estos no se hayan reformado, el ministro alemán propone que el MUR se implemente mediante la acción coordinada de las autoridades nacionales de resolución, que actuarían bajo las normas de gestión de crisis antes mencionadas. Para costear las resoluciones, estas dispondrían tan solo de los fondos nacionales, aunque podrían recurrir al MEDE si fuera necesario.
Ciertamente, el diseño de la autoridad única de resolución deberá tener muy presente la cuestión de la seguridad jurídica. Al fin y al cabo, las decisiones que tome tendrán consecuencias determinantes no solo para el futuro de las entidades, sino para accionistas, acreedores y, potencialmente, los contribuyentes. Ahora bien, un MUR tal y como el planteado por Alemania presentaría otros problemas nada desdeñables. La mera cooperación entre autoridades nacionales, por ejemplo, no garantizaría que las decisiones se tomaran en el interés del conjunto del sistema financiero europeo. Así lo reconoce el propio BCE, quien considera que para que el supervisor único sea efectivo es necesaria la existencia de un MUR con una autoridad única de resolución. No obstante, el problema fundamental sería que la falta de un fondo de resolución común impediría romper totalmente el vínculo entre riesgo soberano y riesgo bancario. Sacrificar el objetivo que justifica todo el viaje parece una decisión demasiado arriesgada.
