El Gobierno ha anunciado una importante relajación de la senda de consolidación fiscal. Concretamente, el nuevo objetivo de déficit público para este año es del 6,3% del PIB, 1,8 puntos porcentuales por encima del objetivo acordado en julio pasado con la CE, y 3,3 puntos más que la cifra presentada en el Programa de Estabilidad del año pasado. El apoyo de la CE y el FMI a esta revisión pone de manifiesto el nuevo consenso internacional que se está gestando a favor de una menor velocidad en el ajuste de los desequilibrios fiscales. Se espera que ello ayude a acelerar el ritmo de recuperación económica. La reducción del déficit público prevista, por lo tanto, será de tan solo 7 décimas este año, una cifra tres veces menor a la del año pasado. ¿Significa esto que el esfuerzo fiscal será inferior?

El esfuerzo fiscal es el conjunto de medidas, tanto de in­­gresos como de gastos, que se tienen que tomar para poder reducir el déficit público. Estas, por lo tanto, además de la reducción del déficit deseada, tienen que compensar por el efecto que el deterioro económico tiene sobre la recaudación y los gastos, y por el fin de medidas fiscales temporales tomadas con anterioridad. Este año, ninguno de estos dos efectos será irrelevante. De acuerdo con las estimaciones del Gobierno, el fin de las medidas fiscales temporales que se tomaron el año pasado, como la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios o la recaudación por la amnistía fiscal, reducirá los ingresos y aumentará los gastos en un 1,0% del PIB.

Tampoco la situación económica ayudará. En este caso, el efecto del aumento de la tasa de paro es uno de los elementos más importantes, tanto por el impacto que tiene sobre los ingresos fiscales, vía una menor recaudación tributaria, como en los gastos, por el aumento de las prestaciones de paro. El aumento que se ha producido en la deuda pública en los últimos años es un factor de presión adicional. A pesar de que el coste medio de la deuda se ha mantenido relativamente estable, el mayor nivel de deuda ha aumentado su factura de los 16.931 millones de euros de 2007 a los 31.322 millones de euros en 2012. Este año se espera que esta partida aumente en otros 5.360 millones de euros.

Ante este escenario, el esfuerzo fiscal que se debe realizar es considerable. Según las estimaciones del Gobierno, las medidas anunciadas, tanto de ingresos como de gastos, supondrán un ahorro para las arcas públicas del 4,4% del PIB. Entre estas medidas destacan el aumento de la recaudación del impuesto de sociedades y del IVA, este último debido al alza de los tipos impositivos en septiembre de 2012. El menor gasto en el subsidio de desempleo, por el cambio en el cómputo de las prestaciones, también contribuirá a reducir el gasto.

Un esfuerzo fiscal de 4,4 p. p. debería ser suficiente para reducir el déficit 7 décimas, hasta el 6,3% del PIB. Dado que el efecto de las medidas temporales es de 1,0 p. p. las medidas anunciadas pueden llegar a compensar un efecto del deterioro económico sobre las cuentas públicas de hasta 2,7 p. p., una cifra que parece bastante conservadora, dado que el año pasado, con una caída similar del PIB a la prevista para este año, el efecto del deterioro ecónomico fue de 2,2 p. p. Todo apunta, por lo tanto, a que este año se podrá alcanzar el objetivo de déficit fiscal. El Gobierno, en cualquier caso, se ha mostrado dispuesto a tomar medidas adicionales en septiembre si el efecto de las tomadas hasta la fecha es menor al esperado, o si el deterioro económico acaba siendo mayor de lo previsto.