El liberalismo económico está bajo presión. Y no nos referimos al neoliberalismo, sino a algo mucho más básico sobre lo que ha existido, y aún existe, un amplio consenso en la profesión económica. Principios como que la prudencia en la gestión de la política fiscal es clave para la estabilidad macroeconómica, que la independencia de los bancos centrales es la mejor garantía para conseguir la estabilidad de precios, que es bueno que las economías se abran al comercio internacional, que el multilateralismo debe estar en el centro de las relaciones internacionales, que el estado no tiende a ser un buen gestor de empresas o que la competencia es clave para promover la innovación y el crecimiento a largo plazo.
Ciertamente, siempre han existido movimientos extremistas o antisistema que echarían por la borda estos principios. La novedad es que han empezado a ganar fuerza partidos tradicionales o nuevas formaciones con propuestas que cuestionan abiertamente algunos de ellos. En EE. UU., por ejemplo, el presidente Trump ha llevado a cabo un importante impulso fiscal con la deuda pública en máximos históricos, ataca reiteradamente la independencia de la Fed, ha abandonado el multilateralismo y desacreditado a las organizaciones que lo encarnan, y aboga por un proteccionismo comercial para fomentar el desarrollo de la industria manufacturera doméstica. En Europa, también han aparecido voces para relajar la política sobre la competencia y favorecer la creación de campeones europeos o nacionales.
La presión sobre el liberalismo económico está muy ligada a la aparición de fenómenos populistas. Aunque estos surgen por distintos motivos, uno de ellos es la insatisfacción que producen los resultados económicos del sistema actual y la falta de respuestas que ofrece a grandes desafíos como los cambios tecnológico, climático o demográfico y sus consecuencias. Una parte importante de la población siente que el sistema la deja atrás –sus rentas no crecen como las del promedio o incluso retroceden–. Otra parte siente desasosiego ante un mundo en el que reina la incertidumbre y la velocidad del cambio se acelera. Unos y otros escuchan los cantos de sirena del populismo, que ofrece recetas muy sencillas, a menudo de corte iliberal, a problemas muy complejos. Y aunque es cierto que el sistema actual no ha sido capaz de ofrecer una buena respuesta a todas estas inquietudes, sería un inmenso error caer en la tentación iliberal.
El gran desafío es generar un nuevo consenso que ofrezca respuestas efectivas a los retos que enfrentamos. Para ello, las reformas son claves. En este contexto, es importante reforzar aquellas instituciones que velan por que las políticas públicas respondan al interés general y no a los intereses de determinados grupos de presión. En particular, en un momento en el que es necesario replantearse las prioridades del gasto público, es más relevante que nunca contar con mecanismos independientes de evaluación de las políticas públicas. Estos mecanismos de rendición de cuentas son una herramienta esencial para mejorar la calidad del gasto público y de las intervenciones públicas en general. Su utilización debería ser mucho más común de lo que es habitual. En este sentido, los Países Bajos son modélicos. Allí, una autoridad independiente creada en 1945 no solo evalúa las políticas que se llevan a cabo sino que incluso valora las principales propuestas electorales de los partidos políticos en términos de su coste presupuestario y sus probables efectos económicos, lo que disciplina a los partidos –y aporta información muy valiosa a los electores–.
Existen pocas dudas también de que el nuevo consenso sobre la orientación de las políticas económicas debe preocuparse de que el crecimiento sea más inclusivo. Habrá quien así lo entienda por razones de equidad, pero es, incluso, como antídoto a la tentación iliberal, una cuestión de sostenibilidad política del propio sistema –económico y democrático–. Promover un crecimiento inclusivo exige reformas en el sistema educativo que, por ejemplo, deberá poner un mayor énfasis en la formación en edades tempranas así como a lo largo de la vida laboral. Además de la formación continuada, otras políticas activas del mercado de trabajo también deben ganar protagonismo para mitigar los costes de la globalización y de un mundo cambiante. Para los más jóvenes, es esencial una política de vivienda que promueva el acceso a un coste razonable. Y, para los más mayores, el sistema de pensiones y de sanidad debe ofrecer unas prestaciones dignas y, por descontado, certidumbre. Estos son solo unos pocos ejemplos del enorme trabajo que los gestores de la política económica tienen por delante.