2015 volverá a ser un año importante para la economía europea. Tras las dudas y decepciones que ha traído consigo el año que termina, con revisiones a la baja del crecimiento esperado y tasas de inflación excesivamente reducidas, es prioritario que el año nuevo empiece con buen pie. Si esto no sucede, las dinámicas sociopolíticas en muchos países miembros pueden alterarse, lo que reforzaría a los partidos extremistas que ya despuntaron en las elecciones al Parlamento Europeo.

Las políticas públicas deberán hilar fino para atacar de manera armónica y decidida tres grandes retos. Uno cíclico: acelerar la salida de la crisis. Uno estructural: aumentar la competitividad y el crecimiento potencial. Y otro institucional: mejorar el diseño de la UEM para hacerla resistente ante futuras crisis financieras o económicas.

La recuperación cíclica es urgente. En el tramo final del decepcionante 2014, dos variables económicas clave han evolucionado en un sentido positivo de cara a 2015. La primera es el euro, que se ha depreciado significativamente en respuesta a los cambios de signo de las políticas monetarias de los principales bloques. La segunda es el precio del petróleo, que ha caído (en euros) un 30% debido a varios fenómenos que se examinan en el Dossier de este Informe. Si estas dinámicas se consolidan en 2015, como esperamos, supondrán un importante punto de apoyo para la recuperación de la eurozona.

Este impulso que proporcionarán la política monetaria laxa y el choque de oferta positivo procedente del exterior tiene como contrapunto la incertidumbre que rodea los ámbitos de la política fiscal y las políticas de reformas estructurales. Lo más probable es que la negociación entre las autoridades europeas y los países que, como Francia e Italia, demandan una pausa en la consolidación fiscal, termine con algunas concesiones de Bruselas a cambio de compromisos reformistas. Este resultado podría también ser positivo en términos de crecimiento. Pero dependerá del detalle del acuerdo final. El relajamiento del ajuste tiene que ser percibido por los inversores como compatible con la sostenibilidad presupuestaria, y las reformas estructurales han de inspirar confianza: han de ser vistas como una mejora de la capacidad de crecimiento a largo plazo y no como medidas que depriman la demanda.

Respecto al reto institucional, en Bruselas los nuevos responsables de la Comisión y el Consejo están ya en sus puestos, al igual que el nuevo Parlamento. De todas formas, las serias dudas sobre el crecimiento económico y el aviso que supusieron las elecciones de mayo no parecen haber provocado el revulsivo que necesita el proyecto de integración europea, y en especial la Unión Monetaria. Únicamente el BCE ha actuado de nuevo con decisión ante la urgencia. Se ha vuelto a comprobar que es el único organismo de Europa verdaderamente ejecutivo, es decir, que dispone de la necesaria capacidad de reacción en momentos difíciles.

En este sentido, la mejora de las condiciones económicas que se espera para el año que viene podría acabar comportando un aplazamiento sine die de los cambios que tanto requiere la gobernanza europea. Estos solo parecen urgentes cuando los problemas apremian. De hecho, la Comisión parece haber concentrado todas sus energías en el denominado Plan Juncker. Los detalles del plan aún no se conocen, pero podría llegar a constituir un impulso inversor cercano al 1% anual del PIB europeo durante tres años. Que ello sea así depende del diseño final y de la osadía de las autoridades.

Más allá del impulso financiero, el Plan Juncker puede servir de catalizador de uno de los principales problemas de los que adolece la eurozona: la falta de disponibilidad de la inversión privada para asumir riesgo y para lanzar y apoyar nuevos proyectos. Para que esto sea así, el Plan Juncker debería conllevar la toma de riesgo por parte del sector público, por ejemplo, asumiendo las primeras pérdidas potenciales de los proyectos de inversión, en el caso de que las hubiera.

Ciertamente, esta política aumentaría los pasivos contingentes del sector público de la eurozona. Pero no empeoraría necesariamente la sostenibilidad de las finanzas públicas si el programa tuviera éxito dinamizando la economía. Y, en definitiva, este es precisamente el rol más genuino del sector público: la compartición del riesgo entre todos los ciudadanos para contribuir, de este modo, a resolver los problemas de decisión colectiva que en ocasiones pueden provocar la parálisis del sistema.

Jordi Gual

Economista jefe

30 de noviembre de 2014