• La generación actual de jóvenes adultos es muy diferente a la de sus padres: más preparada, más diversa y con un conjunto de valores distintos.
• Los jóvenes adultos retrasan hitos vitales como la emancipación, la vida en pareja o la paternidad, mientras que la tipología de hogares es más diversa.
• Las grandes fuerzas detrás de estos cambios son, esencialmente, dos: las transformaciones culturales y el entorno económico.
• Los factores cíclicos que han frenado las decisiones de los nuevos jóvenes adultos perderán intensidad en los próximos años. Sin embargo, las fuerzas de fondo, como la secularización o las transformaciones económicas, seguirán bien presentes y sugieren que, a grandes rasgos, los cambios de comportamiento de los jóvenes han llegado para quedarse.

Cerca de 11,2 millones de españoles y 2,4 millones de portugueses son jóvenes adultos en la actualidad, la población de edad comprendida entre 20 y 39 años que representa la primera parte de la edad adulta (aquella que ya ha alcanzado «la plenitud de crecimiento o desarrollo» según la definición de la RAE). En términos biológicos, este desarrollo se refiere a una plena capacidad reproductiva, aunque en un sentido más amplio responde a la toma de decisiones propias de manera independiente. Esta población toma las primeras decisiones de la etapa adulta que abarcan la educación avanzada (másteres, posgrados, etc.), la emancipación, la formación de una familia, la maternidad/paternidad, así como el trabajo en un conjunto de años clave para su desarrollo laboral. Es por todo ello que el porvenir de nuestra sociedad está influenciado por las decisiones que tomen los jóvenes adultos. En este artículo vamos a analizar los cambios sociodemográficos de nuestros jóvenes adultos, así como las razones que les empujan a estos cambios y las consecuencias para la sociedad en su conjunto.

Los jóvenes adultos representan una parte significativa de la población en edad laboral. En 2018, constituían un 37% de la población en edad laboral en España (35,8% en Portugal), un peso significativo pero menor del que tenían a principios de siglo, cuando representaban casi la mitad de la población en edad laboral en España (48%) y algo menos en Portugal (44,8%). En la próxima década, se espera que el peso de jóvenes adultos se mantenga en un nivel similar y represente, en 2030, un 36% de la población en edad laboral tanto en España como en Portugal.

Más allá de su peso, la generación actual de jóvenes adultos es muy distinta a las anteriores. En términos de educación, los jóvenes adultos son ya una generación sobradamente preparada. Tanto en España como en Portugal más de dos tercios tienen estudios por encima del nivel educativo básico.1 Una situación muy distinta a la del año 2000, cuando un 47% de los jóvenes adultos españoles y un 72% de los portugueses solo poseían el nivel educativo básico (véase el primer gráfico). Asimismo, la formación educativa ha ido más allá y han aumentado significativamente los jóvenes adultos con estudios universitarios superiores y que realizan másteres y doctorados. En España hay incluso una mayor proporción de universitarios que en el promedio de la eurozona, al contrario de lo que pasa con la educación secundaria superior, que incluye la formación profesional, menos expandida en España que en la eurozona.

Los jóvenes adultos son asimismo una generación más diversa y más móvil. Uno de cada cinco jóvenes adultos residentes en España en 2018 ha nacido fuera del país (en el año 2000 representaban solo un 5,1% de la población en esa franja de edad). Esta diversidad de origen es muy superior también a la de la media poblacional (9,8%), puesto que los flujos de inmigración se concentran en las edades de mayor participación en el mercado de trabajo (como es la franja de 20 a 39 años). De cada cuatro jóvenes inmigrantes, uno nació en otro país de la UE y tres fuera de la Unión, sobre todo en América Latina y Marruecos. En Portugal, un 9,2% de los jóvenes eran inmigrantes en 2018, un porcentaje igualmente muy superior al de la media poblacional (4,1%).

Por otra parte, los jóvenes nativos son más móviles que antes. Empujados en parte por la crisis, más jóvenes españoles se fueron de España a partir de 2009, cifra que alcanzó un máximo de 30.000 jóvenes en 2015 y que se redujo hasta 23.000 en 2017.2 En contrapartida, desde el inicio de la recuperación económica, el número de jóvenes nativos que regresa a España (véase el segundo gráfico) está mostrando una tendencia claramente alcista. Con todo, estas cifras representan un porcentaje reducido del total de la población joven adulta (en 2017, las salidas representaban un 0,2% de la población de 20 a 39 años y las entradas, un 0,1%).

Asimismo, la generación de jóvenes adultos actual tiene unos valores muy distintos a los de sus padres (véase el tercer gráfico). Tanto España como Portugal son países mucho más seculares que pocos años atrás. El sentimiento religioso se ha reducido de manera marcada entre los jóvenes adultos y en mucha mayor medida que en el resto de la eurozona (que ya era más secular). Asimismo, los jóvenes dan cada vez más importancia a valores como la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cada vez más individuos piensan que no se debería priorizar el empleo para los hombres en lugar de las mujeres, una opinión que no era tan mayoritaria unos años atrás. Asimismo, los jóvenes adultos se preocupan por otras cuestiones como el cambio climático, en particular en España y Portugal.

Dados estos cambios, no es de extrañar que la generación de jóvenes adultos actual se comporte de manera muy distinta que antes. En particular, retrasan proyectos vitales que en el pasado habían definido esta etapa, como la emancipación, la vida en pareja o la paternidad. Por ejemplo, en España y en Portugal, casi dos tercios de los jóvenes siguen viviendo con sus padres,3 un porcentaje que ha aumentado significativamente en ambos países y se sitúa muy por encima del promedio de la eurozona (véase el cuarto gráfico).

Como analizamos más adelante, las causas del retraso en la emancipación son múltiples. La mayor secularización e individualismo de nuestras sociedades puede relajar las normas sociales con respecto al momento y orden de hitos vitales como el matrimonio o la paternidad/maternidad, pero estos también están influenciados por factores económicos. El resultado es que los españoles contraen matrimonio en promedio alrededor de 7 años más tarde que en 1990 (a los 35 años los hombres y a los 33 años las mujeres). En Portugal, los hombres se casan a los 32 años y las mujeres a los 30,4 años, unos 6 años más tarde que en 1990, una tendencia que se observa en la mayoría de países avanzados.

Este cambio tiene implicaciones relevantes, dado que, normalmente, la vida en pareja favorece un estilo de vida más estable y la toma de decisiones que suponen un mayor compromiso a largo plazo. Así, una característica de los jóvenes adultos con importantes consecuencias sociales es el retraso en la edad en la que se tiene el primer hijo, que ha pasado de los 28 años en 1995 a los 31 años en 2016 para las mujeres españolas y portuguesas (véase el quinto gráfico), y la consecuente reducción en el número de hijos, que de por sí ya era bajo en ambos países. En concreto, en 2016, por cada 1.000 mujeres de edades entre 20 y 39 años, nacieron 117 niños en España y 125 en Portugal, muy por debajo de los 157 que na­­cie­­ron en Alemania o 180 en Francia.

Asimismo, se está diversificando la tipología de hogares. Tanto en España como en Portugal está aumentando la proporción de parejas sin hijos (representan el 22% y el 24% del total de hogares, respectivamente) así como los hogares monoparentales (que representan el 3% en España y el 4% en Portugal). Esta mayor desestandarización del tipo de hogar parece ser aún más marcada para individuos con menores ingresos.4

Vamos, pues, a analizar qué ha llevado a los nuevos jóvenes adultos a posponer tanto su emancipación como la formación de una familia, y a conformar estructuras familiares más diversas. La naturaleza de estas causas nos dará pistas sobre cuán temporales o permanentes serán estos cambios.

Las grandes fuerzas que están modelando el comportamiento de los jóvenes adultos en las últimas décadas son, esencialmente, dos: las transformaciones culturales y el entorno económico. Así lo apuntan estudios como el de Matthias Studer y sus coautores,5 que demuestran que tanto la tendencia a una mayor secularización como la evolución del mercado laboral han contribuido a los cambios en la formación de hogares de los jóvenes adultos. En la misma línea, Daniel Cooper y María José Luengo-Prado,6 economistas de la Reserva Federal de Boston, documentan que tres variables económicas clave (tasa de paro regional, situación laboral de la persona y ratio regional entre el precio de la vivienda y la renta de los jóvenes) explican una buena parte del retraso en la emancipación.7 Por su parte, tanto Zachary Bleemer y sus coautores8 como Frederick Furlong9 muestran que, en EE. UU., el impacto de la Gran Recesión de 2007-2009, el incremento del coste de la vivienda y el mayor coste de los estudios han contribuido al retraso en la edad de emancipación.

En términos culturales, tendencias como la creciente secularización de la sociedad y otros cambios de valores han llevado a postular la hipótesis de que las economías avanzadas están viviendo una segunda transición demográfica.10 Según esta hipótesis, desde los años 1960 las preferencias de los individuos han evolucionado hacia valores que dan mayor importancia a la autorrealización de las personas y la autonomía individual. Así, las sociedades exhiben una menor voluntad de tomar decisiones que impliquen un compromiso a largo plazo. En otras palabras, mientras que la primera transición demográfica se caracterizaba por una caída de la mortalidad y la fertilidad, estos cambios de valores conllevan una segunda transición caracterizada por una reducción de los matrimonios, un aumento de los divorcios, posponer el momento de tener hijos y tener un menor número de hijos.

En lo que se refiere a los cambios en el entorno económico, debemos distinguir entre fenómenos de naturaleza cíclica y transformaciones económicas de fondo. Si nos centramos en los primeros, los jóvenes adultos de hoy en día son una generación marcada por la recesión económica que empezó en 2008: han debido tomar las primeras grandes decisiones como adultos (como el nivel de estudios deseado, la entrada al mercado laboral y la formación de una familia) en el momento económico más turbulento de las últimas décadas. Esta recesión penalizó especialmente a los trabajadores jóvenes, que sufrieron un mayor repunte del desempleo, se encontraron con más dificultades para conseguir un trabajo estable y afrontaron una mayor caída de sus ingresos. Por ejemplo, entre 2008 y 2016, en España, el salario medio cayó un 14,9% para los trabajadores entre 20 y 24 años y un 8,9% para aquellos entre 25 y 29 años (frente a un incremento acumulado del 5,8% para el conjunto de trabajadores de todos los grupos de edad).11 Además, la tasa de paro de los trabajadores españoles de entre 20 y 39 años alcanzó un máximo del 30% en 2013, con una fracción de parados de larga duración del 58% en este grupo de edad (máximo registrado en 2014) y una incidencia de la temporalidad superior a la del resto de la población, cifras que han mejorado desde entonces, pero que todavía permanecen en niveles relativamente elevados.12 De hecho, la recesión tendrá probablemente efectos persistentes sobre los ingresos de la actual generación de jóvenes adultos: diversos estudios demuestran que las condiciones en las que uno entra en el mercado laboral (tipo de contrato, salario, sector de actividad, etc.) tienen impactos sobre las condiciones laborales futuras que tardan en desvanecerse.13 Por último, a estas dificultades en el mercado laboral se les ha sumado el fuerte incremento del coste de la vivienda, con un crecimiento muy superior al de los ingresos de los jóvenes adultos. En concreto, como se comenta en un artículo reciente del Banco de España,14 los precios de la vivienda han registrado un avance acumulado cercano al 27% (en términos nominales) entre principios de 2014 y finales de 2018, cifras que contrastan con la caída de los ingresos de los jóvenes comentada anteriormente.15

En segundo lugar, hay tres grandes dinámicas económicas de fondo que probablemente han contribuido a los cambios de comportamiento de los jóvenes adultos: la globalización, la transformación tecnológica y el aumento de la participación laboral de la mujer. Como ya hemos analizado en otros monográficos,16 en las últimas décadas, la globalización y el cambio tecnológico han favorecido una transformación del empleo hacia relaciones laborales menos estables (es decir, con una mayor incidencia de los contratos de corta duración y de empleados por cuenta propia)17 y han premiado la consecución de un mayor nivel educativo.18 Así, estos fenómenos incentivan a posponer la emancipación y la formación de familias, dado que requieren dedicar más tiempo a la educación y conllevan una mayor incertidumbre alrededor de la estabilidad de los ingresos futuros. Por su parte, también cabe destacar el papel del incremento de la participación laboral de la mujer: en España, entre 2002 y 2018, la tasa de actividad de las mujeres de entre 20 y 39 años ha pasado del 69,3% al 79,3% (con un máximo del 82% en 2013-2014). No obstante, las diferencias institucionales en el tipo de estado del bienestar permiten acomodar de distinta manera estas fuerzas latentes que afectan al conjunto de las economías avanzadas: como se observa en el sexto gráfico, los jóvenes de los países escandinavos, donde existe un entorno más favorable a la emancipación, siguen independizándose en edades tempranas.19

En un entorno económico como el actual, de crecimiento sostenido y mejora del mercado laboral, los factores cíclicos que han frenado las decisiones de los nuevos jóvenes adultos deberían perder fuerza. Una excepción será, posiblemente, la toma de riesgos. Y es que distintos estudios10  demuestran que la toma de riesgos de las familias está fuertemente relacionada con las experiencias vividas (algo que ilustramos en el último gráfico), por lo que es probable que la experiencia de la pasada crisis financiera conlleve una menor preferencia por activos financieros con mayor riesgo. Por otro lado, las fuerzas de fondo, como la secularización o las transformaciones económicas, seguirán estando muy presentes. Así, es probable que tanto la emancipación como la paternidad y la maternidad sigan produciéndose en edades más tardías. Además, también es probable que sigamos viendo una mayor diversidad en el tipo de familias y, en particular, un menor porcentaje de matrimonios. Por ejemplo, en un estudio de 2011, la OCDE12 proyecta que en 2030 las familias monoparentales pueden llegar a representar entre el 20% y el 30% de los hogares con hijos en países como Alemania, EE. UU. o Japón (15%, 24% y 6,5% en 1990, respectivamente). Asimismo, el estudio también indica que en 2030 podría haber entre un 30% y un 40% de hogares formados por una única persona en los principales miembros de la OCDE.

Para el caso de España, las proyecciones de hogares del INE apuntan a que, entre 2018 y 2033, la creación de hogares será más dinámica que en la última década pero inferior a la de la anterior fase expansiva. En particular, el INE proyecta que se crearán cerca de 1,8 millones de hogares nuevos (un incremento del 9,6%), entre los que ganarán peso los hogares más pequeños. Concretamente, en 2033, los hogares unipersonales representarán el 28,8% del total (25,4% en 2018), mientras que la proporción de hogares con tres o más miembros disminuirá del 44,2% en 2018 al 39,6% en 2033. Por último, en este contexto, no es de extrañar que las proyecciones más recientes de Eurostat señalen que la fertilidad se mantendrá por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1 hijos por pareja en las principales economías de la eurozona.

Para acomodar estas tendencias de fondo, las medidas a tomar trascienden el ámbito de las políticas sociales. En concreto, facilitar la emancipación y, a la vez, hacerla compatible con que los jóvenes alcancen el nivel de estudios deseado y se incorporen al mercado laboral no es solo cuestión de disponer de una oferta amplia de becas o de préstamos para financiar los estudios. Esta transición también se ve favorecida por políticas que faciliten el paso de la etapa educativa a la inserción laboral (por ejemplo, con programas como la formación dual, que combinan la formación educativa con la participación en la actividad productiva)22 o que reduzcan las fuentes de inestabilidad laboral de los jóvenes, como la elevada dualidad del mercado de trabajo.23 Asimismo, respecto a la fertilidad, distintos estudios señalan que medidas concretas como los permisos de paternidad mejoran la probabilidad de tener un segundo hijo y reducen el riesgo de separación.24 No obstante, también es clave fomentar un entorno que permita compatibilizar la vida laboral de mujeres y hombres con el cuidado de la familia (por ejemplo, con una oferta de servicios para el cuidado de los hijos) y ofrezca una red de protección contra las fluctuaciones de los ingresos familiares: en su ausencia, la experiencia histórica muestra que la inseguridad económica retrasa la formación de familias y reduce la fertilidad.25 Acomodar las fuerzas detrás de los cambios demográficos descritos anteriormente es un reto para las políticas públicas pero, también, para el conjunto de la sociedad, pues empresas y trabajadores también juegan un papel clave al decidir sus modelos organizativos. Facilitar la conciliación familiar, potenciar la educación y la inserción laboral y, en definitiva, fomentar la fertilidad ayuda a paliar los efectos del envejecimiento poblacional y genera beneficios que, desde espolear el crecimiento económico a mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones, repercuten sobre el conjunto de la sociedad.