Las elecciones presidenciales de Rusia del próximo 18 de marzo se saldarán, a tenor de la abrumadora ventaja que sugieren las encuestas, con la victoria de Vladimir Putin. En este contexto es obligado preguntarse qué cabe esperar en materia de crecimiento económico de la que será su cuarta presidencia (2018-2022). La respuesta rápida es «poco crecimiento». Las previsiones apuntan a una aceleración moderada del ritmo de actividad, que pasará del 1,5% estimado de 2017 a situarse en la zona del 2% en 2018 y 2019. Las proyecciones a medio plazo apuntan a que el de Rusia será el menor avance del PIB de los emergentes de referencia en el periodo 2017-2027. ¿A qué se debe este bajo crecimiento?

Los factores esenciales que lastran la economía rusa son tres: la dependencia de las materias primas, el declive demográfico y una calidad institucional mejorable. La primera cuestión puede llamar la atención, ya que la mayoría de analistas manejan previsiones del precio del petróleo moderadamente alcistas para los años de la próxima presidencia. Sin embargo, aquí la palabra clave es «moderadamente», ya que se trata de un alza que quedará muy alejada de la exuberancia de la primera mitad de la década de los 2000. Y si a esto le sumamos que, según el consenso de los analistas, el gas natural experimentará caídas de su precio los próximos años, el panorama se torna poco propicio para Rusia, dado que ambos productos representan un 60% de sus exportaciones y un 35% de sus ingresos fiscales.

La demografía es el segundo lastre que afrontará la economía rusa. Aunque en apariencia la disminución de la población no es extraordinaria (en 2022, el número de habitantes será un 0,4% menor al actual, unas 500.000 personas), la caída de la población en edad de trabajar sí que es sustancial, ya que se reducirá, según ciertas proyecciones, un 7% durante la próxima presidencia (unos cinco millones de trabajadores menos).

Finalmente, la calidad del entorno institucional para desarrollar la actividad productiva sigue ofreciendo resultados poco satisfactorios. Así, según el informe de competitividad del Foro Económico Mundial, mientras que Rusia es la 38.ª (de 137) economía más competitiva, sus instituciones ocupan solo la posición 83. Además, algunas de las variables institucionales más importantes para la protección de las inversiones, como la defensa de los derechos de propiedad o independencia judicial, situadas en las posiciones 116 y 90 (de 137), están muy lejos de ser aceptables.

En este contexto, una respuesta lógica de la política económica sería promover reformas estructurales de calado. Pero ni ha sido la orientación seguida en la última presidencia de Putin, en la que el giro más bien fue hacia más intervencionismo, más peso del sector público en la economía y menos libertad de mercado, ni parece ser una prioridad en la agenda política futura. Para entender bien esta opción, hay que hacer un esfuerzo por aproximarse a la forma en la que se entiende lo económico y a su relación con lo político en Rusia. Si en las democracias liberales acostumbra a tener un peso importante promover al máximo el bienestar económico, en Rusia, de facto, la economía se concibe tradicionalmente como un instrumento para la construcción política. Así, siempre que el nivel de prosperidad sea aceptable (y aquí los niveles de tolerancia con lo que en Occidente se percibiría como una cierta carestía de vida son mayores), los recursos económicos se utilizan para construir el proyecto político de Rusia.

En ningún campo de actuación es esta realidad más tangible que en la política exterior rusa, un ámbito en el que el mundo tiene especial interés, toda vez que es parte de ese amplio cajón de sastre bautizado como riesgos geopolíticos globales. Pues bien, la política exterior rusa se ha caracterizado en la última década por ser fuertemente proactiva, caracterización que incluye el uso de instrumentos diplomáticos convencionales, pero también el recurso al uso de medios económicos para perseguir finalidades políticas o, incluso, la participación militar en distintos conflictos bélicos. La máxima expresión del compromiso con este enfoque exterior es el hecho de que a pesar de la fuerte recesión de 2015-2016, el gasto militar ha ido aumentando sin cesar, pasando del 3,4% del PIB de 2011 al 5,4% de 2016, pese a las sanciones impuestas por EE. UU. y la UE.

Dado que esta proactividad de la política exterior recibe un fuerte aval de los ciudadanos rusos, un 87% de los cuales consideran que la orientación exterior del actual presidente es correcta, esta supeditación de lo económico a lo político no es probable que cambie en los próximos años y, por todo ello, la palabra clave es «continuidad». O, como decíamos en el título, politics as usual.