Alguien que hoy cumpla años es mucho más joven que alguien que cumplía esa misma edad tiempo atrás. Habiendo vivido el mismo tiempo, el que cumple años hoy se encuentra, por lo general, en mejor forma física y mental, y también vivirá más años. ¡Somos cada vez más jóvenes!
Y, según se mire, también somos cada vez más viejos. Porque la mejora en la esperanza de vida, combinada con el descenso de la natalidad, hace que aumente la edad promedio de la población. En Europa, está previsto que el peso de la población de más de 65 años aumente desde el 20% actual al 30% en 2050. Por cada 100 personas de entre 16 y 64 años, hoy hay 30 de más de 65 años y, en 2050, habrá 50. El peso de la población de más de 80 años será más del doble que el actual y, de hecho, será muy parecido al de la población menor de 14 años.
Está claro que el envejecimiento de la población es un enorme desafío para las próximas décadas, seguramente a la misma altura que los desafíos del cambio tecnológico y el cambio climático. En particular, el cambio demográfico ejercerá una fuerte presión sobre las cuentas públicas, tanto por la vía de los gastos en programas ya existentes como por nuevas demandas sociales. A la vez, puede lastrar también el crecimiento económico y, con ello, los ingresos de las Administraciones públicas.
Claramente, los gastos en pensiones, sanidad y dependencia deberán crecer a medio y largo plazo. Para hacerlo posible, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas, será necesario repriorizar gastos e identificar fuentes de ahorro (incluyendo por mejoras de eficiencia obtenidas, por ejemplo, de una transformación digital profunda en la Administración pública). La reducción de la deuda pública también debe ser una palanca importante de reducción de gastos (por intereses en este caso). Por la parte de los ingresos, existe un amplio margen para mejorar la eficiencia, por ejemplo, reduciendo la complejidad del sistema impositivo y luchando contra el fraude.
Por otra parte, todas las proyecciones existentes apuntan a la necesidad de revisar los programas de pensiones públicos para asegurar su sostenibilidad. Las palancas para lograrlo deberán ser múltiples, incluyendo la introducción de incentivos a prolongar las vidas laborales y de mecanismos que incorporen una visión a largo plazo en la fijación de la pensión inicial y sus revalorizaciones a lo largo del tiempo. Y será imprescindible un enfoque amplio: también es necesario, entre otros, estimular una mayor participación en el mercado de trabajo en todas las edades, así como reducir la tasa de paro estructural (un tema especialmente relevante en el caso de España); diseñar una política inmigratoria que contribuya a paliar los efectos del envejecimiento de la población, y promover el crecimiento de la productividad, que, al fin y al cabo, es lo que determina el crecimiento de los salarios.
La magnitud del desafío exige actuar ya. Desafortunadamente, su complejidad y el hecho de que puede percibirse como algo lejano empujan a posponer el debate y las soluciones. Peor incluso, existe el riesgo de que el debate sea capturado por aproximaciones populistas, que acostumbran a ofrecer diagnósticos carentes de rigor y unas supuestas soluciones que no solo no son efectivas, sino que pueden agravar la magnitud del desafío. Cuanto más nos esperemos a enfocar este tema de una manera rigurosa, más costosos serán los ajustes necesarios y, por ello, también más difíciles de asumir políticamente.