Impacto en las cuentas públicas de la extensión parcial de las medidas antiinflación en 2024
Damos el punto de situación de las cuentas públicas en España y el impacto de la extensión parcial de las medidas de apoyo a los hogares y al tejido productivo para mitigar el impacto de la inflación, evaluando su coste fiscal.
El Gobierno aprobó a finales de 2023 un decreto, convalidado por el Congreso en enero, para extender de forma parcial en 2024 las medidas económicas de apoyo para mitigar el impacto de la inflación que se implantaron en 2022-2023. Esta prórroga de algunas de las medidas tendrá un impacto al alza sobre el déficit público relativamente contenido, a la par que evitará el repunte brusco de la inflación que se hubiera producido con el vencimiento total de las medidas en enero de 2024. A continuación, damos el punto de situación de las cuentas públicas en España y el impacto de la extensión parcial de las medidas de apoyo a los hogares y al tejido productivo, evaluando su coste fiscal.
En los últimos años, España ha reducido de forma importante el déficit público tras la fuerte alza registrada en 2020 ante las políticas de apoyo para hacer frente a la pandemia (alcanzó el 10,1% del PIB). En 2023, se espera que se sitúe (el dato final lo sabremos en marzo) alrededor del 4,0% del PIB. De cara a 2024, el Plan Presupuestario de octubre, en un escenario inercial que no incorporaba nuevas medidas como la extensión parcial del plan de choque, situaba el déficit público en 2024 en el 3,0% del PIB, basado en la hipótesis de un aumento de los ingresos públicos del 5,8% interanual y del gasto público del 3,7%. Estas proyecciones no difieren mucho de las de la Comisión Europea. En concreto, la Comisión esperaba un déficit público antes de la extensión del plan de choque del 3,2% del PIB en 2024 y del 3,4% del PIB en 2025, que se explica principalmente por el déficit estructural –en 2024, un 1% de déficit estructural primario y un gasto de intereses del 2,5%–. En cambio, el saldo cíclico ya no presenta déficit tras el retorno de la economía española a su PIB potencial.
En 2023, el Gobierno desplegó un plan de choque para mitigar la elevada inflación, con un coste fiscal de 15.000 millones de euros, que representó el 1% del PIB, según cuantificó AiREF. El plan estaba formado por una serie de descuentos fiscales en energía y alimentos que minoraron los ingresos públicos en 6.000 millones de euros y un conjunto de medidas de apoyo a particulares y al sector productivo –ayudas generalizadas para viajar en transporte público, financiación del límite de la tarifa de último recurso (TUR) del gas y un conjunto de ayudas sectoriales–,1 que aumentaron el gasto público en 9.000 millones de euros. Las previsiones de déficit público para 2024 presentadas en la sección anterior suponían que el plan de choque de 2023 decaía prácticamente en su totalidad el 1 de enero de 2024, lo que daba lugar a un ahorro de cerca de 15.000 millones este año. Sin embargo, a finales de diciembre, el Gobierno anunció una prórroga parcial de algunas de las medidas del plan de choque para 2024 que las Cortes aprobaron en enero. ¿Hasta qué punto esta extensión parcial implicará una desviación de los objetivos de déficit de 2024? Para responder a esta pregunta es clave analizar en detalle las nuevas medidas y evaluar su coste fiscal:
- En primer lugar, destaca la reversión parcial y escalonada a lo largo de 2024 de los recortes impositivos de la factura eléctrica que se adoptaron en 2022-2023. En el caso del gas, el 1 de enero, el IVA aumentó del 5% al 10% y volverá a aumentar después del 31 de marzo, para volver al tipo anterior a la adopción de medidas del 21%. En el caso del IVA sobre la electricidad, este también subió del 5% al 10% el 1 de enero, pero se mantendrá en el 10%2 todo 2024 y no volverá al 21% hasta 2025. En cuanto al impuesto especial de electricidad (IEE), que desde septiembre de 2021 se redujo desde el 5,11%3 al mínimo legal del 0,5%, en 2024 aumentará de manera escalonada. La extensión parcial de estas rebajas fiscales detraerá cerca de 1.800 millones de ingresos en relación con una vuelta a los tipos normales en enero de 2024.
- En alimentos, se prorroga hasta el 30 de junio el IVA al 0% en alimentos básicos y al 5% en pastas. La gran novedad es que el IVA del aceite que estaba rebajado al 5% (su tipo normal es el 10%) vuelve a bajarse al 0%.4 Estas medidas detraerán cerca de 1.200 millones de ingresos públicos en relación con una vuelta a los tipos normales en enero de 2024.
- Por el lado del gasto, la financiación en la primera mitad de 2024 de los límites aplicados al crecimiento de la tarifa de último recurso de gas (TUR)5 podría tener un coste fiscal de 500 millones. Y en transporte público, se han extendido las medidas de 2023 a todo 2024. Se destinan 1.400 millones de euros a la gratuidad de Cercanías, Rodalies y Media Distancia para usuarios frecuentes, así como un 30% de descuento para el transporte público de titularidad autonómica y local.6
- 1. Incluyeron: descuentos sobre combustibles para transportistas profesionales que usaran gasóleo; a agricultores y ganaderos, ayudas directas para los titulares de una autorización de transporte por el consumo estimado; ayudas directas a la agricultura por el encarecimiento de los fertilizantes; ayudas al sector pesquero y a la cerámica; ayudas sectoriales del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) por la sequía...
- 2. La rebaja del IVA afecta a los consumidores con una potencia contratada inferior o igual a 10 kW. La práctica totalidad de hogares se beneficia de la disminución de este gravamen. El tipo del 10% en el IVA se aplicará también al 70% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos).
- 3. La base imponible es la factura de la luz determinada en función del consumo eléctrico y la potencia contratada.
- 4. Sin embargo, esta medida todavía no está en vigor; lo hará cuando el Congreso apruebe la enmienda al decreto que lo baja al 0%.
- 5. Impiden un incremento de coste de la materia prima por encima del 15%, limitando la subida trimestral aproximadamente al 5% así como la existencia de la TUR vecinal, a la que pueden acogerse las comunidades de propietarios con calefacción central de gas natural.
- 6. Independientemente, a diferencia del año pasado, de si las autoridades autonómicas/locales lo complementan con un descuento adicional del 20%.
En definitiva, estimamos que el coste fiscal del conjunto de todas estas medidas podría ascender a cerca de 5.000 millones de euros, el 0,3% del PIB.
La extensión parcial del plan de choque implicará, por tanto, una presión al alza del déficit fiscal este año de unas 3 décimas en relación con las previsiones del Plan Presupuestario y de la Comisión, que suponían que no había una prórroga para este año, de tal forma que el déficit se situaría en torno al 3,3%-3,5% del PIB. Este impacto al alza sobre el déficit de 3 décimas se verá parcialmente compensado en 1 o 2 décimas por un crecimiento del PIB mayor de lo esperado hace unos meses; el crecimiento del PIB nominal en 2023 ha sido del 8,6%, superior a las previsiones (la Comisión Europea preveía un crecimiento del 7,7% y el Plan Presupuestario, del 8,3%) y el buen dato del 4T 2023 tendrá un efecto arrastre sobre el crecimiento de 2024. De esta forma, teniendo en cuenta el coste fiscal de la extensión y la incorporación de los últimos datos macro, el déficit en 2024 se situaría en el rango 3,1%-3,4% del PIB. En qué parte de este rango dependerá, entre otras cosas, de cuál sea la cifra con que cierre el déficit en 2023 o, dicho de otra manera, el punto de partida para 2024 y de si los presupuestos para este año acaban incorporando medidas adicionales.