Pero si en lugar de a los fondos presupuestados, nos ce­­ñimos a los fondos adjudicados o, en la jerga presupuestaria, «comprometidos», tendremos una idea un poco más precisa sobre el ritmo al que las inversiones van llegando a la economía real. Con este criterio, se obtiene que, referente al presupuesto de 2022, la Administración General del Estado adjudicó fondos por valor de 21.900 millones de euros (42.900 millones en 2021-2022),1 un 77% de lo presupuestado, aunque una parte fueron fondos adjudicados a las comunidades autónomas, corporaciones locales y entes y empresas públicas para que estos a su vez lanzasen la correspondiente licitación o convocatoria definitiva para el destinatario final. En particular, de estos 21.900 millones adjudicados, estimamos que cerca de 6.200 millones (el 28%) fueron convocatorias resueltas en favor de empresas privadas. De estos 6.200 millones, 2.200 fueron resueltos en el primer semestre y 4.000 en el segundo, lo que muestra una aceleración en la resolución de convocatorias para el sector privado en la segunda mitad del año.

En el segundo gráfico, podemos distinguir las principales convocatorias de fondos NGEU resueltas por el Estado en 2021 y 2022.2 Destacan los proyectos en infraestructuras ferroviarias, el programa de financiación para pymes y autónomos a través de garantías, el programa Kit Digital para financiar la digitalización de autónomos y pymes, y los programas en movilidad sostenible y transformación urbana, así como de energía con una apuesta clara por la sostenibilidad (rehabilitación energética de edificios).

Si queremos ser todavía más precisos, e ir a la última capa, es decir, la cantidad de fondos que ha llegado al tejido productivo, la cifra será menor a los fondos adjudicados, dado que los beneficiarios tienen que presentar documentación antes de que se ejecute el pago. Si nos centramos en los desembolsos del Estado a los destinatarios finales (es decir, pagos al sector privado, pagos de ayudas directas a otras entidades públicas, sin las transferencias a otras entidades públicas en las que estas deben publicar una convocatoria posteriormente para adjudicar los fondos, y ayudas para centros tecnológicos, universitarios y educativos) referentes a lo presupuestado en 2022, se obtiene que el Estado desembolsó 8.200 millones, el 30% de lo presupuestado en tal ejercicio.3 Con todo, el acelerón en la segunda mitad del año pasado fue palpable: el Estado desembolsó fondos por casi 6.000 millones de euros, una cantidad que triplicó a la del primer semestre.

En cuanto a los PERTE, proyectos con alto potencial de transformación y con un elevado componente de colaboración público-privada, las convocatorias lanzadas (es decir, la suma de las abiertas y las ya resueltas) en 2021-2022 sumaron 12.300 millones (prácticamente el 30% del total de 47.000 millones de euros en proyectos activados en 2021-2022), entre las que destacan 4.900 millones del PERTE de energías renovables, 2.000 millones en el PERTE del VEC y 1.840 millones en el PERTE del sector aeroespacial. Cabe destacar que, teniendo en cuenta el refuerzo de los 18.000 millones de préstamos que se pretenden canalizar a los PERTE, la inversión pública total en estos proyectos entre 2022 y 2026 superará los 40.000 millones de euros.

De cara a 2023, se espera que los fondos europeos tengan un mayor protagonismo en la economía: hay muchos proyectos puestos en marcha que deberían cristalizar y llegar al tejido productivo y se espera que se mantenga de forma consistente una velocidad de crucero en convocatorias y desembolsos como la observada en el segundo semestre de 2022. Además, las cifras anunciadas de convocatorias del primer semestre de 2023 evidencian la concentración del presupuesto en pocas convocatorias con una elevada dotación económica4 y debería ser el año en el que se abran convocatorias de envergadura en PERTE como el de energías renovables e hidrógeno verde o la segunda convocatoria de la cadena industrial del VEC (en la primera se resolvieron proyectos por 793 millones, por debajo de los 2.975 presupuestados).

Si se ejecuta5 todo lo que se esperaba en 2022 y una parte de lo presupuestado en 2023 (en total la cifra podría superar los 20.000 millones de ejecución), el impacto macroeconómico sobre el crecimiento en 2023 sería sustancial y podría alcanzar 1,0 p. p. Que los fondos se ejecuten con agilidad en 2023 es clave también para que se continúen desembolsando los fondos europeos: los primeros desembolsos dependían principalmente de que se realizasen reformas, pero, a medida que avancemos, el cumplimiento de metas cuantificables (targets) relacionados con las inversiones ganará peso. Sin ir más lejos, en 2023 habrá objetivos cuantitativos a cumplir, medidos desde que empezó el Plan, entre los que destacan: 231.000 actuaciones de rehabilitación en al menos 160.000 viviendas, un parque mínimo de 238.000 vehículos y puntos de recargas, 800.000 pymes beneficiadas con el Kit Digital o un aumento de la capacidad en renovables de 8.500 MW.

Se cumplió con el calendario de reformas pactado por Bruselas en la primera mitad de 2022, lo que ha permitido que la Comisión Europea diera luz verde en febrero al desembolso de fondos europeos por valor de 6.000 millones de euros, dinero que España recibirá próximamente una vez se produzca la aprobación final por parte del Consejo Europeo. Entre las reformas, destacan la ley para potenciar los planes de pensiones de empresa que aumenta la aportación máxima conjunta de trabajador y empresa desgravable a 10.000 euros6 y el nuevo sistema de cotización de autónomos por módulos.

En la segunda mitad de año se pisó el acelerador en leyes de modernización de las Administraciones públicas como la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley para una reforma de la función pública que, entre otros elementos, introduce un complemento de desempeño ligado a revisiones anuales del rendimiento de los empleados públicos. Además, se aprobó en el Congreso la ley de evaluación de políticas públicas para evaluar ex ante y ex post los resultados de las políticas públicas con la creación de una Agencia de Evaluación de las políticas públicas, cuyo funcionamiento se debería conocer en el 3T 2023, según el cronograma del Plan de Recuperación, y que sería deseable que primase evaluaciones realizadas por personas independientes y externas a las Administraciones públicas. También entró en vigor la Ley de Empleo que da un plazo máximo de un mes tras el diagnóstico inicial para que los demandantes de empleo obtengan un plan individualizado para encontrar empleo y potencia las herramientas digitales y mecanismos de evaluación en el funcionamiento del SEPE.