• 1. Impuesto municipal abonado por los propietarios de inmuebles, calculado sobre el valor patrimonial tributario, de acuerdo con diferentes tipos en función del tipo de inmueble. Los ingresos son para el municipio donde se encuentra el inmueble.
• 2. Impuesto municipal abonado por el comprador del inmueble, que depende del valor de la escritura del contrato o del valor patrimonial tributario (el mayor entre ambos), del tipo, la ubicación y la finalidad. Los ingresos les corresponden a los municipios donde están sitos los inmuebles.
• 3. La Derrama es un impuesto municipal que incide sobre el lucro tributable del ejercicio anterior y no exento del IRC de las personas jurídicas; depende de la ubicación, el volumen de negocio y los puestos de trabajo creados/mantenidos.
• 4. Impuesto relativo a los poseedores de vehículos matriculados o registrados en el país, que pagan anualmente en el mes de matriculación las personas físicas y jurídicas. El importe depende del año de matriculación, del combustible utilizado, la cilindrada y las emisiones de CO₂.
• 5. De acuerdo con los datos preliminares de la ejecución presupuestaria en contabilidad pública, divulgados por la DGO.
• 6. Al objeto de garantizar el equilibrio financiero, existe un reparto de los recursos entre el Estado y los municipios a través de las siguientes transferencias: subvención general a través del Fondo de Equilibrio Financiero (FEF), subvención específica a través del Fondo Social Municipal, una contribución equivalente al 5% del IRS y una contribución del 7,5% de los ingresos por IVA procedentes de los sectores del alojamiento, la restauración, las comunicaciones, la electricidad, el agua y el gas.

A su vez, los principales gastos de los municipios incluyen los gastos de personal, adquisición de bienes y servicios (como los gastos relativos a combustibles, alquileres, material de oficina, comunicaciones, etc.), transferencias corrientes (por ejemplo, transferencias hacia las juntas de distrito) y la adquisición de bienes de capital o de inversión (donde se incluye la adquisición de software, equipamientos sociales, obras, pavimentaciones, etc.). Estas cuatro partidas fueron las responsables de más del 92% del gasto en el que incurrieron los ayuntamientos en 2022.

Como hemos comentado, los ingresos recaudados en concepto de IMI e IMT son una fuente muy significativa de financiación para los municipios. En los últimos cinco años, la recaudación de estos dos impuestos aumentó, en conjunto, cerca del 38%, un crecimiento especialmente relevante en el caso del IMT (98,5%) (véase el segundo grá­­fico). Este comportamiento se refleja en la modificación de la estructura de los ingresos fiscales de las Administraciones locales; mientras que, en 2017, el IMI representaba cerca del 50% de los ingresos fiscales, en 2022 su participación bajó al 38%. En sentido contrario, el IMT pasó de tener un peso del 29% en 2017 hasta el 44% el año pasado, tal como puede observarse en el tercer gráfico.

Tal como está concebido el IMT, el importe recaudado depende del importe del valor total de las transacciones realizadas, afectado a su vez por el valor medio de cada operación así como del número de transacciones, una relación que se representa en el último gráfico. Así, una variación del 1% en el importe de las transacciones generó, en 2022, cerca de un 1,7% de aumento de los ingresos por el IMT (mientras que en 2017 fue del 1,0%). Esta relación con el mercado inmobiliario residencial no se da con los ingresos del IMI, ya que dicho impuesto depende del número de viviendas existente y del valor patrimonial tributario, y no de operaciones que se lleven a cabo. No obstante, hay que tener presente que el importe de los ingresos por el IMT depende también de otros factores que no se analizan en este artículo, como la modificación de los tipos o la regulación.

Todavía no disponemos de datos sobre la ejecución presupuestaria por municipios en 2022, pero, de acuerdo con las cuentas de 2021, se percibe que hay ayuntamientos que dependen más de los ingresos por el IMI y el IMT que otros. Por ejemplo, dentro del área metropolitana de Lisboa, estos ingresos representaban cerca del 30% de los ingresos totales de Sintra, una cifra que alcanza casi el 50% en Cascáis. A su vez, en el área metropolitana de Oporto, mientras que en Gondomar estos ingresos alcanzan un porcentaje de cerca del 24%, en Vila Nova de Gaia representan en torno al 40%.

Nuestras perspectivas para el mercado inmobiliario residencial en Portugal en 2023 apuntan a una ligera corrección de los precios de las viviendas y a un ajuste más fuerte en el caso de las transacciones. En este contexto, es posible que los ingresos por el IMT disminuyan en 2023, pero estimamos que continuará en unos niveles superiores a los de antes de la pandemia, por lo que, si el resto de los factores se mantienen inalterados, no parece que vaya a ser un problema para la financiación de los municipios.