Por un lado, la afiliación a la Seguridad Social ya supera ampliamente los niveles prepandemia y se instala desde abril por encima de la barrera de los 20 millones (20,18 millones de afiliados en septiembre), mientras que el paro registrado se sitúa por debajo de los 3 millones, algo que no sucedía desde finales de 2008 (2,94 millones también en septiembre).

En cuanto a la contratación indefinida, ya venía mostrando desde mediados del pasado año una aceleración en sus ritmos de crecimiento, pero esta tendencia se intensificó tras la entrada en vigor de la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021,1 y muy especialmente desde abril, cuando concluyó el periodo transitorio para algunas novedades contractuales.2 Los datos son elocuentes: los contratos indefinidos firmados en los nueve primeros meses del año superan los 5,25 millones, la cifra más alta de la serie en dicho periodo y que representa el 37,0% de los contratos firmados, en contraste con el 9,0% antes de la pandemia (promedio en enero-septiembre de 2014-2019).3 Por lo que respecta a los contratos temporales, se firmaron poco más de 8,9 millones, la cifra más baja en enero-septiembre desde 1999: se reducen, principalmente, los contratos de muy corta duración (penalizados ahora con cotizaciones más elevadas) y los de obra y servicio, que desaparecen con la nueva normativa.

En términos de stock, el número de afiliados con contrato indefinido supera los 11,82 millones en septiembre, máximo histórico y que representa ya el 74,7% de los trabajadores inscritos en el Régimen General, casi 13 puntos por encima de lo que era habitual en los meses de septiembre anteriores a la pandemia; en consecuencia, la tasa de temporalidad en el Régimen General sigue reduciéndose hasta el 16,9%, 12,5 puntos menos que en septiembre de 2019.

Aún es pronto para extraer conclusiones sobre la reforma y su impacto en el funcionamiento del mercado laboral, y habrá que esperar a disponer de más información. En primer lugar, asistimos a una cierta «reclasificación» de contratos: por un lado, los contratos por obra en el sector de la construcción antes se consideraban temporales y ahora indefinidos; por otro, muchos contratos temporales se convierten en fijos discontinuos,4 ya que, al eliminarse los contratos de obra y servicio y reforzarse la causalidad de los temporales, hay actividades que, por su estacionalidad, no pueden acogerse a otra modalidad contractual. En este sentido, de los contratos indefinidos firmados hasta septiembre, casi 1,67 millones fueron fijos discontinuos, una cifra nunca vista en un periodo similar y que supone el 31,8% del total (12,3% en 2019); por su parte, dentro de los afiliados con contrato indefinido, los fijos discontinuos alcanzan los 896.613 en septiembre (7,6% del total vs. 4,3% en 2019). Este proceso de trasvase continuará hasta que se hayan extinguido por completo los contratos de obra y servicio.

Un aspecto positivo que se está produciendo tras la entrada en vigor de la reforma laboral es la pérdida de relevancia de los contratos de muy corta duración (siete días o menos): suponen el 19,7% de los contratos firmados hasta agosto, frente al 27,2% en el mismo periodo de 2019. Por sectores, estos contratos siguen siendo utilizados, principalmente, en la hostelería, si bien se observa un menor peso: en los ocho primeros meses del año concentró el 24,4% de este tipo de contratos, frente al 34,7% del mismo periodo de 2019; por detrás se sitúan la industria manufacturera (13% del total) y las actividades artísticas (11,5%), aunque en ambos casos aumentan su participación respecto a 2019 (11,8% y 8,7%, respectivamente).